Dentro del marco del Expte n° 94282/2008, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con el voto de la vocal preopinante Dra. Marta del Rosario Mattera (conocida en el fuero de familia de la Capital por su falta de apego a las normas éticas en el ejercicio de la magistratura) accedió a la medida cautelar solicitada por una mujer separada de hecho de su marido, para que le implanten los embriones crioconservados en contra del la voluntad de su ex marido.
El fallo es una enormidad jurídica para cualquier observador razonable. Porque da primacía a la voluntad de la madre, por sobre la negativa del padre. Porque da mas importancia a un contrato previo (el celebrado por los entonces cónyuges con Instituto de Ginecología y Fertilidad –IFER-) y postegó la voluntad actual del progenitor varón de NO QUERER SER PADRE, hecho que linda con el fascismo.
La única cuestión que presenta alguna duda es lo atingente al derecho a la vida de los embriones. En esa cuestión, estamos sin ambages, a favor de la vida de los embriones. Empero esa viabilidad vital de los mismos no es incompatible con el respeto de la voluntad del padre. Verbigracia, se podrían implantar en una pareja infertil. Mas entendemos que no corresponde que se implanten en la ex mujer de hombre que no quiere que su simiente germine en el vientre de la mujer que no soporta. Una vez mas, la Justicia cierra los ojos ante cuestiones de evidente sentido común. ¡Por eso, nuestro Poder Judicial tiene los índices de aprobación popular de republiquetas africanas! (?)

El 10 de mayo de 1933, en una noche luctuosa de Berlín, veinte mil libros elegidos por los nazis por sus “contenidos antialemanes”, fueron arrojados a una inmensa hoguera que los quemó bajo pretexto de combatir la “decadencia moral” y estar a favor de “la disciplina, la decencia y la nobleza del alma humana”.

El ministro de propaganda nazi se llamaba Joseph Goebbels y se parecía bastante a los creadores de 678 (?) en su metodología. Afirmó, para justificar la quema masiva de libros, que ordenó “la entrega a las llamas del espíritu diabólico del pasado”. Yo estuve en esa plaza de Berlín. Como amante de la literatura, me dió un profundo asco. A la vez que la quema de libros me sigue pareciendo una estupidez fútil y poco efectiva para ocultar la verdad. Porque, aunque el establishment dominante pretenda quemarnos las alas como a Ícaro cuando se acercó al sol, antes o después la verdad termina saliendo a la luz.

Otra caso grosero es el de MuchChi-Huang Ti, emperador chino que en el año 213 antes de Cristo, mandó destruir todas las obras escritas que tuvieran la doctrina de Confucio o las ideas que no avalaran el régimen imperante. El emperador, también anunció que “los que se sirvieran de la Antigüedad para denigrar los tiempos presentes serían ejecutados junto a sus parientes” y así asesinó a cientos de sabios que no aceptaron la medida.

¿A que vienen todas estas disquisiciones históricas? Las traigo a colación porque internet se parece, en algún sentido perverso, al ministro de propaganda nazi o al emperador chino. Nadie lee nada que no esté en Wikipedia. O sea que la historia nació con internet (?). Y lo que no está en internet, no existe en el mundo. No pasó. No acaeció. Se borró para siempre.

Por eso quiero poner en la red la siguiente historia del fútbol argentino. Para que nadie mas se la olvide. Mas que nada, a propósito de las aseveraciones de Boca Juniors post descenso de River Plate. No para defender a este último (de hecho, nos alegramos con su descenso). Sino para que quede claro que Boca siempre obtuvo favores enormes de los gobernantes de turno. Y quieren que nos los olvidemos. Y los medios masivos de comunicación son funcionales a esos intereses de ese club poderoso.

Boca Juniors (por medio de sus lacayos periodistas de turno), en ausencia de clásico, está atacando a San Lorenzo de Almagro, por las dudas de que el medio futbolístico nos ponga como exponente rival de ellos, en lugar de River, máxime cuando nosotros los cuervos no tenemos a Huracán de Parque Patricios que también descendió. Los ejes son siempre los mismos: (a) que San Lorenzo no puede ser superclásico de Boca porque nos fuimos a la B, (b) porque no ganamos la copa Libertadores de América y (c) no va a faltar el imbécil que diga de que San Lorenzo no tiene barrio. El último punto se desacredita fácil con la gesta de la vuelta a Boedo. El segundo, se contesta con que la copa Libertadores ya la vamos a ganar el día menos pensado. Atingente al clásico, el mismo es entre equipos rivales, no entre vitrinas. Porque de otro modo, Boca no sería clásico de River habida cuenta de la pobre vitrina internacional de éste último.

Por eso, no somos clásico de Boca Juniors. Es muy desparejo. ¡¡¡Porque bien sabemos que susto les agarra a esos cuando ven a la camiseta azulgrana!!!. Empero, quiero que las nuevas generaciones sepan lo que pasó en 1984. Para atacar el primero de los achaques de Boca en orden a señalar el descenso de San Lorenzo en 1981. En la tabla de promedios de 1983 (primera de la era moderna) se computaban 2 temporadas para definir el descenso. Esa tabla hizo descender a Chicago (32 y 28pts en cada temporada) y a Racing (30 y 28pts en cada una). Esa temporada River Plate y Platense hubieran jugado la promoción de haber existido. De allí nació la frase que se le canta a River Plate: “inventaron los promedios cuando te ibas a la B”.

El problema para AFA vino en 1984 y fue el hecho de corrupción mas grande del fútbol argentino de ese tiempo relacionado con los promedios ¿A quien benefició? Sí, a Boca Juniors. En 1984 Boca tuvo una temporada horrible, había vendido a Maradona, no tenía recursos financieros y se iba a la B de modo expedito. Recordemos que se computaban dos temporadas para el descenso (1983 y 1984). Boca Jrs. en 1984 sumó tan solo 30 puntos, que sumados a los 37 que había sumado en 1983, lo condenaban al descenso directo. ¿Qué hizo la AFA, Grondona y Alegre (presidente de Boca de ese momento) frente a la posibilidad de que Boca descienda? A mitad de campeonato, faltando unas pocas fechas y frente a la posibilidad cierta de que Rosario Central y Atlanta siguieran sacando puntos, modificaron el reglamento del torneo. Sí, lo hicieron, aunque usted no lo crea y aunque haya generado una evidente nulidad insanable. Luego de la modificación, para los descensos de 1984 por promedio, no se computaban dos temporadas, sino tres, metodología que se extiende hasta el presente. Así, al finalizar la temporada, Boca Jrs., que debiera haber descendido según las reglas vigentes en ese tiempo, se salvó porque en 1982 tuvo 48 puntos. Que sumados a los 67 de las dos temporadas subsiguientes, le permitieron “salvarse” del descenso, al que finalmente fueron condenados Atlanta y Rosario Central.

Por eso amo ser de San Lorenzo, porque somos muy diferentes a todos los favorecidos de turno, somos los sicofantes del fútbol argentino. Nunca necesitamos de nadie. Siempre nos perjudicaron (la última vez, fea, fue en el triangular 2008) y, sin embargo, aquí estamos resistiendo. Por eso, cuando vea periodistas descerebrados, desde TyC y pasquines varios, hablando de descenso y promedios, recuérdele esta historia. Seguro que no les va a gustar. Porque hace años que vienen emulando a MuchChi-Huang Ti y a Joseph Goebbels.

No es una buena ley. Tiene mala técnica. El demasiado global en las conductas punidas. Permite el decomiso sin juicio previo. Y, aquí viene lo mas reprochable, introdujo a la evasión como delito previo al lavado. Con una condición objetiva de punibilidad ($300.000) relativamente baja. Lo cual le da demasiado poder de fuego al Poder Ejecutivo contra prácticamente todas las empresas chicas, medianas y grandes. Piénsese en que basta con que una persona jurídica retenga aportes de sus empleados por ese monto (cualquiera sea el tiempo de la retención) para quedar sujeta a merced de la UIF, del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial. Ponderamos que la AFIP tiene demasiadas prerrogativas a la fecha como para agregar el delito de lavado a los acusados de evasión fiscal. Finalmente, no debe olvidarse que estamos en Argentina, donde el 60% de la economía es informal o en negro. Lo que quiere decir que muchos argentinos, a partir de ayer, están en ciernes de ir a la cárcel.

Nuevo artículo 303 del Código Penal (Ley 26.683):

1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

El delito de lavado de activos tiene que ser proveniente de la comisión de:

a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);

b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415);

c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita;

d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;

e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);

f) Delitos contra la Administración Pública;

g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil;

h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal);

i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);

j) Delitos de evasión fiscal (ley 24.769);

k) Trata de personas.

2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal).

Hoy es un día importante. Pocas veces la vida nos pone frente a un hecho histórico. Y mas escasas aún son las ocasiones, que sabemos de antemano, que van a constituir una gesta de esas que se recuerdan por generaciones.

Durante todas las décadas de 1980, 1990 y 2000, no pude pasar por la puerta de Avenida La Plata al 1700. Me dolía el alma. Era capaz de dar un rodeo de varias cuadras, solo para no enfrentar el ignominioso emplazamiento de ese supermercado. Que entró en Argentina gracias a nuestro nombre e historia. En mi pueril visión, la negación que tenía para con transitar delante de esas parcelas, se vinculaba con no poder desprenderme del todo de esas manzanas que albergaron gloria. Prefería no ver el nombre de ese mercado asociado a mi divisa.

En el año 2008, tuve que ir a comprar unas entradas, de esas que no se consiguen regularmente, para partidos definitorios, a la pizzería San Antonio. Por primera vez, desde 1982, volví a pasar por la puerta de Avenida La Plata al 1700. Y hasta me saqué una foto. Había una pintada que decía “Vamos a volver a Boedo”. Eso todavía era una ilusión.

Algo cambió desde ese momento. Hubo un punto de inflexión. Una divisoria de aguas. La ilusión se convirtió en algo concreto. Y las cosas son imposibles, hasta que alguien las vuelve realidad. Porque hacer cosas, cambia las cosas. Mientras que la nostalgia, por el contrario, nunca modifica el statu quo. Hasta la semiótica cambió. Las masas ya no cantaban “volver a Boedo, esa es mi ilusión”. El grito de utopía mutó en un “te juro que no voy a parar hasta volver a Boedo”. Había un curso de acción concreto a seguir.

Sigo pasando por la puerta de Avenida La Plata al 1700. Ahora miro al supermercado con una media sonrisa irónica. Me acuerdo cáusticamente de cuando éramos locales en Huracán, y desde la voz del estadio, nos ponían falsas publicidades de Carrefour. O de lo inflexibles que se mostraron todos estos años los directivos de la firma francesa para negociar con el club una eventual compraventa de las tierras. Me acuerdo de esas, y de muchas otras cosas, al tiempo que me sube la sensación de mordacidad.

Hoy me tendría que quedar trabajando hasta tarde. Sin embargo, me voy a ir un rato antes del trabajo. Voy a estar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a otros miles de hinchas de San Lorenzo de Almagro. Para decir y significar, con mi presencia, que la gente de San Lorenzo sabe de hazañas. Y que si no es ahora, será mañana. O pasado. O el año que viene. Pero Avenida La Plata 1700 va a volver a ser tierra santa. Porque hacer cosas, cambia las cosas.

La semana pasada, sin autorización del Congreso estadounidense, el Nobel de la Paz 2010 inició un ataque contra Libia. Esto le podría traer consecuencias en el foro interno. Los republicanos anunciaron que le van a promover un juicio político.

Sin embargo, su accionar demuestra, una vez mas, que todos los políticos, sin que importe su nacionalidad o formación intelectual, son igual de insidiosos cuando llegan al Gobierno.

Es cierto que estamos de vacaciones. Sin embargo, no pudimos evitar la tentación de escribir algunas notas sobre el delito perpetrado, durante el fin de semana pasado, contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Sucursal Belgrano) y contra los locatarios de las cajas de seguridad.

Lo primero que debemos decir es que los clientes afectados se encuentran amparados por el art. 42 de la Constitución Nacional que dispone que las autoridades (término que, sin dudas, incluye al Poder Judicial) deben adoptar los recaudos necesarios para proteger la seguridad y los intereses económicos de consumidores y usuarios.

En general, el cliente firma con el banco un contrato de caja de seguridad, que se agrega al entramado contractual que el nombrado pueda tener con la entidad financiera (contrato de caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, tarjeta de crédito, etc.).

Esos contratos son predispuestos por el banco y al cliente no le queda otra alternativa que firmarlos en bloque. Por eso, en general, esos contratos están llenos de cláusulas nulas. Que vendrían a ser cláusulas “caza-bobos”, porque están redactadas por asesores legales de los bancos que deliberadamente saben que esas estipulaciones que consignan no pasarán el test de legalidad por ante un tribunal judicial. Empero, igualmente las incluyen dentro de los contratos, porque algún cliente descorazonado (comúnmente “shockeado” por el golpe psicológico que supone el robo de su cofre), leerá el contrato y decidirá no ir a juicio porque “el contrato dice que el banco solo garantiza al locatario la integridad exterior de la caja y no responde de los objetos en ella depositados, por cuanto es de exclusiva cuenta del locatario su retiro, cuidado y conservación” (todos los contratos de caja de seguridad de todos los bancos argentinos dicen mas o menos lo mismo).

La cuestión finca en resolver si esa cláusula es válida. Y lo concreto es que para cualquier observador razonable, no lo es. ¿Por qué? Porque desnaturaliza el contrato y lo deja sin objeto. Y según el art. 1170 del Código Civil, sin objeto, no hay contrato. Vale decir, no se puede dejar la suerte del contrato de caja de seguridad al arbitrio de los bancos. En Europa, esto es bien sabido. La Corte de Casación de Francia reputa abusiva y no escrita toda cláusula insertada en un contrato entre un banco y un cliente, que tenga por objeto o por efecto suprimir o reducir el derecho a reparación del cliente en caso de incumplir el profesional cualesquiera de sus obligaciones.

Por eso se equivocan la mayoría de los letrados que salieron por los medios masivos de comunicación estos días. Porque no importa si hubo culpa del banco, porque eso es un tema de factor de atribución subjetivo. Lo que sí importa, es que al cliente le sustrajeron sus pertenencias. De manera que el factor de atribución es CLARAMENTE OBJETIVO FUNDADO EN EL DEBER DE SEGURIDAD INCUMPLIDO POR EL BANCO. Para que se entienda. A los efectos del resarcimiento de daños y perjuicios, no es relevante si sonó la alarma, si había sereno, si el banco no tenía sistema de vigilancia idóneo, etc.. Todos esas cuestiones hacen a la culpa del banco. Empero, en el contrato de caja de seguridad, no interesa la culpa. Si al cliente le sustrajeron sus efectos, el banco responderá. Ningún otro factor es relevante. Porque la custodia que asume el banco en el contrato de caja de seguridad es para excluir el riesgo de que al cliente lo roben. Es un contrato de resultado. Por lo tanto, cuando el resultado al que el banco se obligó no se obtuvo (porque al cliente lo robaron), el banco solo podrá defenderse alegando una causa que no habría podido superar, en tanto se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva. Y el boquete es el riesgo obvio que tiene el banco. Luego, es una causa previsible y evitable.

Si a eso le agregamos que por ese servicio (que el banco no satisfizo), el cliente pagó un precio cierto en dinero, la responsabilidad bancaria es inleluctable. En efecto, el profesional banquero lucró con el arrendamiento de cajas de seguridad, ofreciendo a su clientela ‘seguridad’; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127 del Código de Comercio). Máxime cuando la profesionalidad del banco exige un standard de responsabilidad agravada frente a los clientes por imperio del art. 902 del Código Civil.

Hay otro argumento que suelen esgrimir los bancos como defensa, que es pura estulticia. Dicen, palabras mas, palabras menos, que el banco no responde por el contenido del cofre y solo lo hace por el sector, el ámbito en el cual el cofre está emplazado. El argumento no se sostiene porque, como decían los romanos, quien puede lo más, puede lo menos. La defensa del banco es improponible, porque es un procedimiento discursivo falaz. Vale decir, si el banco se obligó a cuidar el lugar donde está el cofre alquilado por el cliente (extremo que afirma una obligación clarísima del banco), hay que concluir la validez y la existencia de la obligación del banco de proteger el cofre. Porque esta obligación está en estado de merecer, con mayor razón que la primera, protección judicial. La seguridad es esencia del objeto del contrato, tanto del ámbito donde está emplzado el cofre, como la del cofre mismo y su contenido. Sostener lo contrario es como afirmar “Sra., yo le pongo el cinturón de castidad a su hija pulposa, y me comprometo a que no entre nadie a su habitación, pero si queda embarazada no es mi responsabilidad” (?). ¿Que le contestaríamos al mozo, si cuando le pedimos un café, nos dice que el precio de la carta es el correspondiente al líquido, por lo cual, si todavía lo queremos, tenemos que abrevar directamente de la máquina?. Ojalá que los abogados de los bancos alguna vez lean el Mercader de Venecia.

Finalmente, en cuanto a la prueba del contenido de la caja, se trata de un tema de prueba indiciaria o de presunciones. En numerosas oportunidades, es muy difícil acreditar el monto que se guardaba en la caja de seguridad, porque justamente, el secreto es la razón que llevó al cliente a elegir el contrato de caja de seguridad y no otro. Luego, en esos casos, por aplicación del principio romano in dubio pro damni (en caso de duda, se deberá estar a favor del dañado) deberá tomarse como indicio fundamental a lo declarado por el cliente ante las autoridades policiales, como monto de daño emergente. Poco importan las autoridades fiscales o los seguros globales que contrata el banco de hasta U$S 50.000 por cliente afectado o de U$S 1.000.000 por hecho delictivo. Argentina no tiene tope de limitación de la indemnización para hechos como el que nos ocupa.

Sintetizando, muchos de los auto-denominados “abogados especialistas en cajas de seguridad” no son mas que meros vendedores de “espejitos de colores”. Algunos de ellos, suelen perder excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por no reclamar daños como en derecho corresponde (las costas en esas excepciones son montos siderales que deberá pagar el cliente). Por eso, si no quiere encontrar humo cuando abra su cofre, busque buenos abogados. Que seguro que los hay. Pero en Francia (?).

Hace un bienio escribimos este artículo. Ahora, resulta que un oficial de la TSA fue sorprendido masturbándose en su cabina del escáner corporal cuando pasaba una grupo de agraciadas señoritas, muchas de ellas menores de edad, en el aeropuerto de Denver, Colorado (la noticia, en inglés, acá).

Sustuvimos antes que esos escáners son gravemente violatorios del derecho a la intimidad, a la privacidad y al derecho a decidir a quien mostrar la propia desnudez. La TSA va a tener que revisar esa política invasiva de pudor de los viajeros, porque el loable fin de detectar terroristas no justifica las vejaciones de millones de viajeros inocentes. Máxime, en aeropuertos como los de Miami u Orlando, donde el público que por allí transita es mayoritariamente menor de edad. En Argentina, por fortuna, no se cuenta con esa tecnología. Sin embargo, creemos que el Poder Judicial, de instaurarse estos escaneos corporales porpios del estalinismo, no toleraría semejante invasión a la privacidad.

La sentencia recayó en los autos “Bora S.C.A c/ Provincia de Buenos Aires” y en lo que a este comentario interesa sostuvo que “las normas locales deben adecuarse a las leyes sustantivas dictadas por el Congreso nacional y no pueden derogarlas sin violentar las facultades exclusivas de la Nación” toda vez que las provincias deben sujetarse a las leyes nacionales en “los aspectos substanciales de las relaciones entre acreedores y deudores y, en especial, los diversos modos por los cuales, como en el caso de la prescripción liberatoria, se extinguen dichas relaciones creditorias”.

Para que se entienda, lo que dijo la Corte es que los fiscos provinciales no pueden modificar mediante leyes locales los períodos de prescripción impositiva, que según el Código Civil ocurren al quinquenio. vale decir, pasan cinco años desde que nació la obligación tributaria y los fiscos tienen la acción extinguida. Ese extremo, según la Corte, no puede ser alterado o salvado por normas de carácter provincial o local, porque la prescripción es un tema de derecho de fondo regulado por el Código Civil sancionado por el Congreso Nacional. Que es el único órgano que tiene competencia para modificar los plazos de prescripción.

Magnífica sentencia, a nuestro entender, porque pone freno a la avanzada de voracidad fiscal de las provincias, que con artilugios pretenden ampliar el plazo de cobro fiscal.

Compendiando, nos parece republicanamente adecuado que las provincias sólo puedan cobrar impuestos con cinco años de retroactividad, y nunca mas allá de ese quinquenio. Se trata, simplemente, de aplicar el plazo de prescripción que estableció Vélez Sarsfield hace mas de ciento cuarenta años. Código que debe ser respetado por los Gobiernos provinciales, sin que puedan aducir a su favor, la autonomía local en materia de prescripción.

En el día de la fecha, un candidato a presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro presentó, en los términos del art. 64 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa popular promoviendo un proyecto de ley que declarara la utilidad pública del predio del Viejo Gasómetro de Avenida La Plata (donde hoy está emplazado el supermercado Carrefour).

Para aclarar jurídicamente de que se trata y no alentar falsas expectativas en el pueblo azulgrana, vamos a intentar esbozar un cuadro de situación.

¿Qué es una iniciativa popular?
Es un procedimiento constitucional reglamentado, por el cual, las leyes, en vez de ser promovidas por el Poder Ejecutivo o los propios legisladores, las promueve directamente el pueblo. Deben recolectarse firmas equivalentes al 1,5 por ciento del padrón electoral , en un plazo no mayor a 12 meses. Son aproximadamente 40.000 firmas.

¿Qué es una expropiación?
Es el instituto de derecho público mediante el cual el Estado, para el cumplimiento de un fin de utilidad pública, priva coactivamente de la propiedad de un bien a su titular, siguiendo un determinado procedimiento y pagando una indemnización previa, en dinero, integralmente justa y única. Dos son los efectos esenciales de la expropiación: la transferencia del derecho de propiedad del expropiado al expropiante y el nacimiento del derecho a la indemnización a favor del expropiado. En virtud de la expropiación el Estado extingue el derecho de la propiedad sobre un bien, mediante una previa indemnización, para destinarlo a la satisfacción de una utilidad pública. El Código Civil regula la expropiación por causa de utilidad pública (arts. 2511 y 2512). Sus requisitos están determinados en el art. 17 de la Constitución Nacional. Por tratarse de una limitación administrativa a la propiedad es un instituto de derecho público que se rige directamente por este derecho (Ley 21.499 es la que rige en el orden nacional y la ley 238 es la que rige en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

¿Qué elementos son necesarios para que exista “utilidad pública”?
La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual. La utilidad pública constituye, para los administrados, una garantía constitucional establecida en resguardo de la propiedad privada. La utilidad pública sólo puede ser declarada por el Poder Legislativo. En el caso que nos ocupa, únicamente la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede declarar como “de utilidad pública” a los terrenos donde se encuentra asentado el Carrefour de Avenida La Plata. La Corte Suprema de Justicia admitió, en un viejo fallo, la judiciabilidad de la declaración de utilidad pública, con un criterio restrictivo, sólo en aquellos casos en que la calificación resulte notoriamente arbitraria.

¿Qué se aduce como fundamento del proyecto de ley?
Que la dictadura que gobernó Argentina entre los años 1976-1983 eligió al Brigadier Cacciatore como jefe de gobierno de la ciudad. Ese militar represor coaccionó a la dirigencia de San Lorenzo de entonces con que iba a abrir las calles Muñiz y Salcedo, como así también la calle Avelino Díaz, todo lo cual iba cortar por la mitad al viejo Gasómetro y en varias otras partes. Además, la dictadura sostuvo que quería para el predio del Gasómetro una “zona residencial de mediana densidad”. O sea, una zona de viviendas multifamiliar.
Como se advierte a simple vista, a mas de treinta años de esos triste acontecimientos, las calles Muñiz, Salcedo y Avelino Díaz nunca se abrieron. Y las viviendas multifamiliares, nunca se construyeron. En la actualidad, sigue funcionando el supermercado Carrefour. En suma, la causa final, la causa impulsiva, el móvil o fin determinante de la actividad de la dictadura del Brigadier Cacciatore (la apertura de las calles y la construcción de viviendas multifamiliares) para coaccionar desde el Estado a San Lorenzo fue una CAUSA FALSA. Con lo cual, desde la teoría general del acto jurídico, los actos administrativos de que se trata (que ahora se intentan enmendar con la ley de expropiación) carecen de intención, y por tanto, se excluye su validez legal en el campo jurídico. Si el agente Cacciatori ha obrado en vista de una falsa causa, es decir, sustancialmente diferente a como él la veía en el campo de la conciencia, ha compelido a San Lorenzo a hacer algo y lo ha inducido a error insalvable, lo que da lugar también a la anulación de todos los actos involucrados.

¿El bien expropiado pasa a ser parte del patrimonio de Gobierno de la Ciudad o de San Lorenzo?
Cualquiera de las dos opciones está legalmente permitida. Basta con que se declare al bien como afectado a utilidad pública y que se pague la indemnización previa al expropiado. Habrá que ver lo que diga la ley que se apruebe.

¿Cuánto hay que pagar como indemnización a Carrefour?
La indemnización es una compensación económica debida al expropiado por el sacrificio impuesto en el interés público. Significa restituir integralmente al propietario el mismo valor económico del que se le priva, cubriendo los daños y perjuicios que sean consecuencia de la expropiación. La indemnización debe ser única (no puede ser en cuotas) y en dinero contante y sonante (no puede ser en especie, no se le puede dar al expropiado, por ejemplo, otro bien).
Integran la indemnización de conformidad con el régimen legal: (1) el valor objetivo del bien o precio de mercado del inmueble de Carrefour, tomado al momento de la desposesión; (2) los daños que sean consecuencia directa o inmediata de la expropiación (la jurisprudencia admitió, por ejemplo, a) los gastos de mudanza realizados por el dueño, b) lo que el expropiado a raíz de la expropiación, abonó por despido a su personal, c) las dificultades del transporte); (3) la depreciación monetaria (la inflación que pasa mientras se sanciona la ley y se paga al expropiado), y (4) los intereses desde la fecha de la ley hasta el momento del efectivo pago a Carrefour.

¿Hay que pagarle a Carrefour la pérdida del valor llave (la clientela que pierde) o el valor empresa en marcha?
El valor llave, considerado como la situación de preferencia otorgada por la clientela de una empresa con relación a sus competidoras, ha sido a veces negado por la jurisprudencia, por lo tanto no hay que pagarlo.
El valor empresa en marcha (que es el mayor valor que tiene una empresa cuando está funcionando con relación a una que no lo está) no es indemnizadle, conforme lo hay establecido unánimente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿Quién paga la indemnización?
El presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es el principal obstáculo para que prospere la ley. La ciudad viene aumentando impuestos y eliminando exenciones tributarias en los últimos meses, porque no tiene dinero en las arcas públicas. O sea que no parece probable que se desprenda de al menos, treinta millones de dólares (U$S 30.000.000) para el ejercicio financiero 2011, para abonar la indemnización a Carrefour.

¿Si San Lorenzo obtuviera un crédito, o bien un tercero acaudalado aportara la plata, sería viable la expropiación?
La respuesta es afirmativa. La ley no impide que el dinero salga de particulares. Y todo lo que no está prohibido, está permitido. Será cuestión de acordar una donación con el Gobierno de la Ciudad con afectación específica a la expropiación del predio de Carrefour.

¿El proyecto de ley de expropiación del viejo gasómetro tiene estado parlamentario?
No, no lo tiene. Por lo tanto, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires no están obligados a tratarlo. Va a tener estado parlamentario cuando se consigan las aproximadamente 40.000 firmas necesarias, previa verificación de la autenticidad de por lo menos el 3% de las firmas por la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otra opción para que el proyecto adquiera estado parlamentario es que algún legislador lo haga propio, y con su firma, lo presente en mesa de entradas.

Sucintamente, apoyamos la iniciativa porque es de estricta justicia que San Lorenzo recupere los terrenos del Viejo Gasómetro. Carrefour, pagó por todo el predio que hoy tiene en Avenida La Plata, la suma total de cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil, quinientos treinta y ocho dólares estadounidenses (U$S 4.695.538). Empero, para ello contó con la inestimable ayuda de la dictadura del Brigadier Cacciatori, que le hizo ahorrar muchos dólares. Y obtuvo del Gobierno de facto, lo mas difícil de conseguir: la presión/manipulación de los ineptos dirigentes de turno para que San Lorenzo se desprendiera de su tierra santa, a la que, antes o después, vamos a volver. Porque como dijo el gran Aníbal Troilo, “dicen que me fui de mi barrio, mentiras dicen, si siempre estoy volviendo”.

O sea que no hay lavado de dinero cuando el mismo proviene de delitos que no están previstos en la ley. En particular, la evasión fiscal no es en Argentina, antecedente suceptible de generar dinero que pueda ser lavado.

Creemos que ello es correcto porque los delitos tributarios no deben ser delitos precedentes del lavado de dinero. La AFIP cuenta con muchas prerrogativas que dimanan de la ley 11.683, muchas de las cuales son claramente exhorbitantes del régimen republicano y fueron recientemente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema Nacional. Con ello basta y sobra. No es aconsejable perseguir al contribuyente con la justicia criminal en casos de lavado de dinero proveniente presuntamente evasión.

Sucintamente, la defraudación fiscal (intención deliberada de dañar al fisco con realización de determinados actos o maniobras tendientes a sustraerse, en todo o en parte, a la obligación de pagar tributos) no es, en Argentina, antecedente del delito de lavado. Esas maniobras intencionalmente destinadas a inducir en error a la autoridad fiscal para que la falta total o parcial de pago aparezca como legítima, quedan fuera del marco de la ley de lavado de dinero.