La inyección letal no es trato cruel e infamante (?)

La Suprema Corte de E.E.U.U. ratificó ayer la legalidad de la inyección de barbitúricos que se utiliza en la aplicación de la pena de muerte.
Desde el 25 de septiembre pasado ha habido una suerte de moratoria en la ejecución de las penas de muerte en todo el país, suspendidas desde que la Corte anunció que analizarían el caso de dos presos del Estado de Kentucky que habían llegado hasta la máxima instancia judicial del país por considerar que este método de la inyección final es “cruel” e “innecesariamente doloroso”.
Ralph Blaze, condenado a muerte por matar a dos agentes de policía en 1992, y Thomas Bowling, por asesinar a una pareja después de un accidente de tráfico en 1990, presentaron una demanda contra el Estado de Kentucky en 2004 por considerar que la inyección letal a la que se enfrentaban, aplicada en tres fases, representaba un “riesgo innecesario” y, de esa forma, violaba la enmienda octava que prohibe penas ultrajantes a los condenados.
El tribunal de Kentucky desestimó su demanda, pero sus abogados decidieron llegar a la Corte Suprema Federal mediante lo que técnicamente se conoce como writ of certiorari. La Corte se pronunció por la admisibilidad formal del caso (recordemos que la Corte Suprema es la máxima y mejor intérprete de la Constitución Nacional Estadounidense y existía en este pleito un caso constitucional).
Hace 30 años que E.E.U.U. aplica el método de la inyección trifásica como una alternativa en apariencia menos dolorosa a la electrocución. Primero se administra un anestesiante, luego un paralizante y, por último, una solución de cloruro de potasio que hace que el corazón deje de latir y que, si se administra sin la correcta dosis previa de anestésicos, provoca una insoportable quemazón.
La cuestión constitucional planteada por los abogados de Blaze y Bowling ante los nueve jueces de la Corte Suprema es si el primer anestésico puede llegar a ser lo “suficientemente potente como para evitar que los presos sientan dolor”.
La mayoría ganó la votación siete a dos. Dijo, en lo que auí interesa, que los abogados apelantes no han logrado establecer al menos una suerte de demostración ‘objetiva intolerable de riesgo de daño’ que califique como cruel e inusual prohibido por la Eighth Amendment de la Constitución. La crítica principal de ellos no fue contra la inyección en si mismo, sino, antes bien, contra su forma de administración: los químicos usados, el entrenamiento del personal, la adecuada supervisión médica y las consecuencias riesgosas o de error.
Párrafo aparte merece el voto del juez Stevens. Habló de “Estado sancionador matador, que se está convirtiendo en algo mas y mas anacrónico”. El juez Stevens votó a favor de restaurar the capital punishment en 1976, que era su primero años en la corte.
Pero, como suele ocurrir, he had changed his mind, basado en su experiencia personal en la corte viendo como la pena de muerte se usa dentro de un clima de venganza y que los defensores de acusados de delitos de pena de muerte tienen menos garantías procesales que el resto de los delincuentes.
Otro de los párrafos destacables de la sentencia fue uno que dice “este es un caso fácil, porque un método de ejecución viola la Eighth Amendment únicamente cuando es deliberadamente designado para infligir dolor,” lo cual no era el caso de Kentucky.
La aplicación de este caso es un aliciente para los abogados defensores de casos de pena de muerte, porque a la luz de este precedente, se van a demorar las ejecuciones porque imagino que los letrados van a cuestionar todo el protocolo de ejecución intentándolo adecuarlos a los nuevos estándares, lo cual dilata obviamente la ejecución de la condena.
En suma, el fallo es un mapa con requisitos para aumentar la litigiosidad al respecto. Y esto tiene efectos sobre la menor ejecutoriedad de la pena de muerte.
Mi conclusión: El mensaje de la Corte Suprema es ambiguo. Por un lado permite la inyección letal, y por el otro introduce fórmulas indefinidas que aumentarán la litigación al respecto. El próximo caso de pena de muerte que va a tratar la Corte Federal es el de dos condenados por violación de nenas a las que no mataron. Menos mal que les perdonaron la vida a las víctimas, en otro caso hubiera sido un crimen horrendo (?). La cuestión es que hace mas de treinta años la misma Corte Suprema dijo que no se aplica la pena de muerte en delitos en los que no resultó la muerte de la víctima. Veremos que decide en este caso concreto.

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