En temas de corrupción, el Poder Judicial ignora jurídicamente lo que todo el mundo sabe


Es un típico cliché sostener que la Justicia es ciega. Así se la representa desde tiempos inveterados. Sin embargo, al momento de juzgar hechos de corrupción, parece que el Poder Judicial se auto-restringe indebidamente. Y con esa actitud omisiva viola la manda constitucional de afianzar la Justicia.
La sentencia que motiva este comentario fue dictada en la causa “A., J. y otros” por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 1ª, con fecha 19 de Mayo de 2008 en el marco de lo que se conoce como “caso Skanska” por hechos de corrupción que involucran a la citada empresa y a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Como es “devido” (?) -permítaseme el yerro ortográfico- voy a hacer una breve recensión de la maniobra delictiva.
El Ministerio de Planificación inició durante el curso del año 2005 una licitación privada de precios por la construcción de dos gasoductos, en el norte y el sur del país. Sin embargo, el Ente Nacional Regulador del Gas fue advertido de que, dentro de esa licitación, la empresa multinacional Skanska había pagado un 152% de sobreprecios que significaron alrededor de 17 millones de pesos. Se presume que esa plata fue destinada a dádivas para funcionarios del gobierno nacional. Dentro de la investigación, se probó que Skanska pagó 118 facturas apócrifas a al menos 23 empresas fantasma o irregulares. Una de esas firmas pantalla fue Infiniti Group.
Un auditor interno de Skanska, encomendado por la casa matriz, declaró en sede judicial que algunos ejecutivos de la empresa confesaron extrajudicialmente haber pagado coimas a funcionarios argentinos. Empero, y aquí viene el meollo de la cuestión, esa confesión extrajudicial hecha por Javier Azcárate -gerente de la empresa en la época de los sobornos- fue GRABADA Y APORTADA COMO DOCUMENTO A LA JUSTICIA. En estas grabaciones quedaba demostrada sin lugar a dudas la participación de sendos funcionarios del gobierno nacional en el cohecho.
Esos fueron los hechos que dieron lugar a la resolución que comentamos. ¿Que hicieron los abogados defensores de los acusados para desconocer la virtualidad probatoria del video? Una jugada de manual. Dijeron, en lo que atañe a la grabación extrajudicial, que violaba el derecho constitucional a la privacidad del acusado de presunto coimero (?). O sea que, a su entender, el derecho a la privacidad protege a los que desprestigian la función pública. También sostuvieron que se violó el artículo 18 de la Constitución Nacional, pues los defendidos declararon contra sí mismos inducidos por un engaño. Sobre la base de que el registro de las conversaciones se produjo clandestinamente, los abogados defensores cuestionaron su validez porque se prescindió del consentimiento del corrupto (?) -nos imaginamos una interrogación mas o menos así: “Señor de moral lábil, ¿Me podría prestar el consentimiento informado para grabarlo en donde reconozca haber pagado/cobrado una coima para usarlo en la Justicia, por favor, buen hombre?- y se ocultó engañosamente la existencia de la grabación con el objetivo de obtener ardidosamente una confesión.
Nosotros pensamos que la grabación de una comunicación por parte de uno de los interlocutores es prueba documental de un hecho histórico acaecido que no invade la esfera de prohibiciones probatorias y que nada tiene que ver con el tema de la privacidad constitucional porque -en todo caso- estará sujeta a la valoración probatoria de la sana crítica racional del Tribunal oral. Que se entienda bien. El Estado no puede grabarme una conversación sin orden de un juez. Pero mi ex-esposa, sí. Porque las garantías constitucionales son para ser opuestas por el particular contra el poder público. Pero no entre particulares porque estos últimos no se encuentran comprendidos por los límites formales establecidos por la ley procesal penal.
¿Que dijo el Poder Judicial respecto de la validez de estas grabaciones?
Lo cito textualmente: “Con prescindencia de los motivos empresarios, la decisión de Skanska se tradujo en una investigación privada que transitó por un carril paralelo a la pesquisa jurisdiccional, hasta que finalmente su producido fue incorporado -al margen de la forma en que ello aconteció-a los procesos judiciales en trámite. En resumidas cuentas, esto significó que pasase a integrar el acervo probatorio un conjunto de elementos, entre ellos, la grabación subrepticia del interrogatorio inducido por el auditor interno de la empresa. Frente a este estado de cosas: ¿Es posible que el Estado por la sola circunstancia de no haber ocasionado directamente la autoincriminación, saque provecho de ella en esas condiciones? El Tribunal considera que la premisa de haber existido una causa judicial en curso censura la utilización de vías paralelas, para obtener prueba al margen de las garantías de las que goza toda persona imputada dentro de un proceso penal. Una vez que determinado conflicto penal es sometido a la jurisdicción, la finalidad última de averiguación de la verdad no puede alcanzarse sino por la vías acotadas que reaseguran los derechos individuales frente al poder punitivo del Estado. Esto supone no sólo límites y prohibiciones dirigidos a los funcionarios estatales en tanto encargados directos de la investigación sino también la imposibilidad de aprovecharse de la actividad privada paralela que no se ajuste a dichas restricciones y que de haber sido realizada por los primeros se reputaría sin más como violatoria de garantías constitucionales”
En resumidas cuentas, un Tribunal de alzada de la instrucción vedó la posibilidad de recibir aportes que aprovechen a una investigación judicial en curso y provengan de personas físicas o jurídicas privadas.
Eso es tan arrogante y censurable como desdeñar del auxilio de la ciudadanía y su compromiso en relación a labor jurisdiccional. Importa, a la vez, desalentar la participación ciudadana.
Por eso, porque procuramos prestigiar a la justicia evitando que ésta viva de espaldas al saber común del pueblo y su arte consista ‘ignorar jurídicamente lo que todo el mundo sabe’, reprobamos fallos como el que motiva este comentario. Porque fallos como este, alientan a los coimeros y desalientan a quienes tenemos sensatas expectativas de punición.

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