Archivo | junio 2008

Reformatio in peius sua sponte (?)


Reformatio in peius es una locución latina, que puede traducirse a “reformar en perjuicio”. Cuando se recurre una sentencia, está prohibida la reformatio in peius para evitar que el erróneamente condenado se abstenga de apelar por temor a que le den una sanción aún mayor a la que le dio primera instancia. Ejemplo: Me condenan a pagar mil pesos. Si apelo, la Cámara puede revocar la sentencia y yo no tener que pagar los mil pesos. Empero, si la reformatio in peius no estuviera vedada, al apelar podrían condenarme a pagar diez mil. De modo tal que el apelante podría tolerar lo seguro pero injusto, por miedo a una injusticia peor por parte de la Cámara de Apelaciones. En resumen, al apelar -sin existir apelación de la parte contraria- lo peor que puede sucederme es que confirmen la sentencia de primera instancia porque en Argentina está vedada la reformatio.

Moraleja. El Trbunal de Apelación no puede incrementar el monto de la pena por propia voluntad sin que nadie se lo pida (esto en latín culto (?) se dice sua sponte). Este principio, que en nuestro país es tan obvio y adquirido como la corrupción administrativa (?) fue reiterado por la Corte Suprema de EEUU en la causa Greenlaw v. United States. El Justice George Ginsburg (?) fundó su sentencia en “ese principio de derecho no escrito pero inmemorialmente acatado que dice que una corte de apelaciones no puede alterar la sentencia a su estudio para beneficiar a la parte no apelante” .

Chocolate por la noticia (?). Acá, en Argentina, hace años que cumplimos esa regla. Y eso que no usamos el sua sponte (?).

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¿Desde cuando tengo derecho a un abogado?

Enfáticamente, la Constitución Nacional (Art. 18 ) declara la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. No puede ser quebrantada ni por el legislador ni por el tribunal. Aquí “juicio” equivale a todo el proceso penal desde su comienzo según la interpretación de siempre de la Corte Suprema de Justicia nacional. Puede advertirse en la evolución doctrinaria y legal una clara evolución hacia la idea operativa de que el derecho de defensa debe garantizarse a través de la amplia participación del defensor.

En esta inteligencia, los códigos modernos otorgan la facultad de contar con defensor desde el mismo inicio de los procedimientos, como lo hace el Código Procesal Penal nacional en sus artículos 72 y 73. El derecho a instituir defensor es de índole personal del imputado, pudiendo modificar su designación según lo entienda conveniente. Para aquellos supuestos en que no pueda o quiera efectuarlo, el Estado debe proporcionarle un defensor de oficio.

¿A que viene todo esto? A que se ha dictado otra gran decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta vez fue en la causa Rothgery v. Gillespie County. El imputado debe ser defendido técnicamente en el proceso. Esto nos presenta la figura del defensor en el proceso penal. La cuestión debatida en el proceso que culminó con la sentencia de la causa Rothgery fue ¿desde cuando es obligatorio que el imputado tenga un defensor? Dicho de otra forma, ¿desde que momento el imputado tiene derecho al consejo legal de un defensor abogado?

Rothgery fue detenido. No tenía plata para nombrar a una abogado de confianza. Entonces requirió insitentemente que le neombraran uno oficial. Tardaron mucho en nombrarlo y mientras el seguía preso. No tenía plata para la fianza. Finalmente, le nombraron el defensor que en un rato, logró su libertad de culpa y cargo. Entonces enjuició a los que lo detuvieron erróneamente. Basó su pleito en dos precedentes “Brewer v. Williams” (1977) y en “Michigan v. Jackson” (1986). En ambos casos, sostuvo Rothgery, la Corte Suprema estableció que que desde el inicio mismo de los procedimientos judiciales existe derecho a la defensa técnica. ¿Cual es entonces el factor determinante del inicio del proceso penal? Cuando comienza la intervención del fiscal. Desde ahí comienza el proceso adversarial y el imputado tiene derecho aun defensor.

Rothgery argumentó que el “prosecutorial involvement test” es una mera declaración teorética que importa una ventaja para la fiscalía. ¿Por qué? Porque bien podría suceder que alguien sea detenido por la policía sin que exista actuación fiscal previa. Luego nunca tendría derecho a un abogado defensor -y podría estar encarcelado durante largos períodos- porque el fiscal no se ha involucrado en el conocimiento de la causa.

¿Que resolvió la Corte Suprema al respecto? Que el abogado defensor puede intervenir aún antes de que la causa llegue a un Tribunal judicial, ni bien el imputado sepa el cargo criminal en su contra y su libertad esté amenazada porque eso activa el derecho al asesoramiento legal. Y ese derecho no depende de acto alguno del fiscal o la policía.

¿Que pasa en Argentina? Para establecer la “primera oportunidad” se requiere que el tribunal de instrucción se invoque. Esto da vida ya a la imposición, la que se concertará cuando por primera vez el juez tome contacto con el imputado de cualquier modo, contacto que deberá provocarse inmediatamente. Recién allí se puede designar defensor.

Como vemos, la suma de estas cuestiones menores hacen a un sistema legal sólido y serio. Como el nuestro (?)

Cuando opinan, los medios de comunicación son irresponsables (?)


La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en día de la fecha un gran fallo. Resolvió que los medios de comunicación son irresponsables cuando opinan (?). Allende la ironía, lo cierto es que la Corte privilegió el debate plural de ideas por medio de la prensa en la causa “Patitó, José Ángel y otro c/ Diario La Nación y otros”. Para así decidir la Corte Suprema eximió de responsabilidad civil al medio gráfico.
¿De qué se trató la causa? Los integrantes del Cuerpo Médico Forense reclamaban una indeminización por haberse sentido agraviados a raíz de una opinión editorial del diario. Alegaron que el diario afectó “sus derechos constitucionales a la intimidad y al honor, en tanto las publicaciones fueron inexactas, formaron parte de una campaña persecutoria y difamatoria contra ellos y, en lugar de informar, tomaron una abierta posición sobre el tema, con la intención de despertar en elpúblico sospechas sobre su actuación profesional”. En resumen, alegaron tres cosas: 1) Que el medio buscó expresamente desacreditarlos (dolo); 2) Que el medio tuvo una despreocupación consciente por la verdad. Ganaron el juicio en primera y segunda instancia.
¿Que dijo la Corte Suprema? “No puede haber responsabilidad alguna del diario La Nación por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social”. Entendió que “el principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o falsedad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifestaciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad.”
Aplaudimos el fallo de la Corte porque si bien es cierto que no hay un derecho al insulto o la vejación gratuita o injustificada, es mas importante para el vigor de la República que los funcionarios públicos puedan ser criticados por el pueblo por medio de la prensa sin riesgo de pleitos futuros. Esa es la recta interpretación de la Constitución.

¿El Congreso se convertirá en Progreso? (?)

El Congreso argentino, hasta ahora, durante el quinquenio de gobierno de la dinastía al mando, fue apenas una escribanía del Poder Ejecutivo, cumpliendo el dictado que le venía desde Balcarce 50. No caben dudas, pues, que tal actitud omisiva de la competencia funcional del Poder Legislativo genera una democracia desmedrada.

Ello, sin dudas, obsta al progreso. De allí la poesía que se nos ocurrió. “El Congreso obsta al progreso” ¿Por qué? Porque al tener una defección funcional como la apuntada, la Argentina es un pais poco serio, luego, no progresa como lo está haciendo Brasil o Perú.

Sin embargo, a no desanimarnos. Tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar (?). De allí que no abriguemos dudas sobre la ferviente oposición que formularán ambas Cámaras del Poder Legislativo para aprobar la “ley de ratificación de las resoluciones del Ministerio del Economía ratificadas por Decreto del Poder Ejecutivo nacional fijando los regímenes de derechos de exportación” (proyecto enviado por el Poder Ejecutivo). Al parecer, el proyecto debe ser aprobado sin variar una coma. ¿Qué haría usted si fuera diputado? Para oponerse tendría que ponerse a estudiar el régimen constitucional tributario. En cambio, para aprobarlo solo hace falta levantar la mano.

Para finalizar, no culpamos al Congreso por su inactividad pasada y futura. Si nosotros tuviéramos miles de millones de pesos a nuestra disposición, también seríamos irresponsables como ellos (?).

Terroristas: Histórica decisión de una Corte Suprema en serio


Histórico. Emocionante. Espectacular para todos los que amamos el Derecho. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sentenció en el día de hoy que los acusados de terrorismo internacional detenidos en la base naval de Guantánamo Bay en Cuba tienen derecho constitucional a defenderse de su detención en cortes civiles de los Estados Unidos, al igual que el resto de los ciudadanos. Los magistrados resolvieron que los extranjeros detenidos en Guantánamo, tienen derechos protegidos por la Constitución.

Existían sentencias anteriores que obligaron al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de revisión de la situación de los detenidos, caso por caso. Los detenidos eran juzgados por Tribunales militares y la Corte Suprema les concedió el derecho de apelar esas sentencias antes tribunales federales civiles. Empero, esos procedimientos militares no eran mas más que una validación de las determinaciones previas hechas por el Pentágono.

Con la sentencia de hoy, la Corte fue aún mas allá. Determinó que esas juntas militares no constituyen un mecanismo justo para evitar el encarcelamiento de inocentes. Todo sospechoso de terrorismo detenido en la base militar en Cuba tiene el derecho constitucional de defenderse ante los tribunales civiles estadounidenses. En concreto, se les concedió el derecho de pedir habeas corpus por ante los tribunales civiles a los detenidos de Guatánamo.

La decisión pone en sus justos términos la tensión existente entre la seguridad nacional y los derechos constitucionales de los combatientes enemigos.

“Las leyes y la Constitucion fueron creadas para sobrevivir, y se aplican aún mas, en tiempos extraordinarios,” dijo la Corte en postulado que compratimos en un todo. Sin embargo nos genera un poco de envidia esa Corte Suprema del mero cotejo con la que tenemos los argentinos.

“Sostener que los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) pueden prender o apagar la Constitucion a su antojo nos guiará a un régimen autoritario”, dijo el voto mayoritario citando al caso mas importante del derecho de todos los tiempos: Marbury v. Madison del año 1803.

La mayoría fue firmada por Kennedy, John Paul Stevens, Stephen G. Breyer, Ruth Bader Ginsburg y David H. Souter. La disidencia la firmaron John G. Roberts Jr., Samuel A. Alito Jr., Antonin Scalia y Clarence Thomas, que son el ala conservadora de la Corte, que como buena agorera, sostuvo que la Nación va a reprochar lo que la mayoría de la Corte hizo en el día de la fecha, porque por culpa de esta decisión, muchos estadounidenses van a ser asesinados (?). Lo que demuestra que la estulticia y la carencia de argumentos básicos en la Justicia no es propiedad exclusiva de la Argentina.

¿Cuales son los efectos inmediatos de la decisión? La nulidad de todo lo actuado hasta la fecha en los juicios militares que están siendo realizados en la base naval. Además, los testimonios obtenidos por vía de tortura no van a ser avalados de ninguna forma por los tribunales federales civiles de Estados Unidos. Ergo, la mayoría de los detenidos debieran quedar libres y hacerles juicio al Estado por la flagrante violación de derechos humanos básicos. Millones de dólares van a estar en juego en la sustanciación de estos casos.

Aplaudimos fervientemente esta decisión. La Constitución rige para todos, aún en tiempos de guerra. Nadie puede estar por encima de la Constitución. ¡Aprenda y repita, así no se lo olvida, Sra. Presidenta de la Argentina!

Para lavar dinero, déjelo adentro del pantalón en el lavarropas (?)

Como las sentencias de la Suprema Corte de Estados Unidos suelen ser interesantes, seguimos prestando atención a lo que ella dice. A más de ello, es lo que mas nos piden los lectores del blog. Por eso, porque somos demagógicos (?) y populistas (?), hacemos lo que manda el soberano. En este caso fijamos nuestra atención en la interpretación que ella dió a la prueba del delito de lavado de dinero de origen delictivo.

Para los desprevenidos de siempre (?), recordamos que el lavado de dinero es la acción por la cual los dineros provenientes de delitos (prostitución, venta de drogas, etc.) que -como obvio es decirlo- no pueden justificarse legalmente como ingresos (porque importaría tanto como reconocer los delitos que generan esa ganancia) se insertan en el mercado legal como si tuviera un origen lícito. Por ejemplo, construyo un edificio con la plata que obtuve de la trata de blancas (?), y al vender los departamentos digo que mi ganancia provino de la susodicha venta.

El caso caratulado Cuellar v. United States (No. 06-1456), aborda la cuestión sobre que tipo de prueba necesita el Estado para acreditar el lavado de dinero.

El bueno (?) de Humberto Fidel Regaldo Cuellar fue detenido en Julio de 2004 en un Volkswagen Beetle (el nuevo escarabajo (?)) que circulaba dentro del límite de velocidad permitido. La policía aprehendió a Regaldo Cuellar porque había descubierto que hizo cerca 1,000 millas en los últimos dos días parando en ciudades grandes por pocas horas. Le preguntaron acerca de esto último y Cuellar se puso nervioso. Luego, le encontraron mucho dinero en efectivo con olor a marihuana (al fin y al cabo son los dos verdes) (?).

Requisaron pues el escarabajo, y encontraron mucho pelo de animal que los contrabandistas suelen usar para ahuyentar a los perros policía. Siguieron buscando y encontraron u$s 83,000 dólares en efectivo en un escondite del vehículo.

Humberto Fidel Regaldo Cuellar fue procesado por violar la ley de lavado de dinero (18 U.S.C. Sec. 1956(a)(2)(B)(i)) que, en cuanto aquí interesa, dispone que es delito “transportar, transmitir, or transferir . . . cartulares o billetes de un lugar a otro de Estados Unidos o al exterior . . . a sabiendas que el dinero involucrado . . . proviene de una actividad ilegal con miras a disimular la naturaleza, situación, fuente, dueño e el control de esa actividad ilegal.”

Ahora sí: ¿Qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos al respecto? El 2 de Junio resolvió que si bien el gobierno no necesita probar que el imputado Regaldo Cuellar intentaba hacer parecer legales fondos que provienen de un delito, al menos es requerido acreditar que el acusado hizo algo mas que esconder el dinero mientras lo transportaba. Así, debe probarse que el encartado conocía que el propósito que guiaba el transporte era el lavado de dinero.

Para finalizar, una nota de color. En nuestro país no existe condena alguna por lavado de dinero. Es mas. Ni a la viuda de Escobar Gaviria se la condenó a pesar de la abundante evidencia al respecto. Por eso, aquí, el único dinero que se lava es el que queda dentro de los bolsillos del pantalón (?).

La justicia desprestigiada necesita de los jurados (de Showmatch) (?)


Tres artículos de la Constitución Nacional demandan en forma expresa el establecimiento del juicio por jurados en Argentina, a saber:
-Art. 24: “El Congreso ‘promoverá’ la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del ‘juicio por jurado'”.
-Art. 75 inc. 12: “Corresponde al congreso… dictar las (leyes) que requiera el establecimiento del ‘juicio por jurados”.
-Art. 118: “Todos los juicios criminales ordinarios se determinarán por ‘jurados’, luego que se establezca en la República esta institución”.
Tenemos entonces que desde 1853 la Constitución Nacional ordena la necesidad de establecer el juicio por jurados. ¿Que hizo el Congreso desde 1853 hasta 2008? Lo mismo que el pez, nada (?).
Es un hecho innegable que la Justicia argentina tiene pésima imagen. El oscurecimiento de la justicia está vinculado al proceso paralelo, tendiente a impedir el control de lo que hacen los jueces. La judicatura no es entendida como una función estatal, creada por los ciudadanos y pagada por ellos, sino como un estado natural, como un “orden sagrado” parecido al Vaticano (?). Tras estos mecanismos oscurantistas está escondida una ideología elitista, que se nutre de las viejas concepciones que entienden que los jueces están por encima del resto de los mortales y solo por debajo de Dios. Es mas. Algunos creen ser mas que Dios. Casi como Maradona (?). El jurado es un medio ideal para descorporativizar la administración de Justicia, ya que las personas que integran el Poder judicial son seleccionadas entre aquellas ya pertenecientes al mismo en sus categorías inferiores. La incorporación al sistema, está condicionada a ciertas pautas, como el acatamiento de los criterios jurisdiccionales de los Tribunales Superiores, el respeto por la jerarquía, etc. Todo esto da como resultado que la Justicia republicana actualmente esté formada por personas que no representan a los distintos sectores sociales.
Muchos dicen que el jurado es ajeno a las tradiciones argentino-hispánicas. Empero, Julio Argentino Roca “ La falta de hábito no implica la imposibilidad de que él pueda arraigarse en la sociedad”
Además, el Juicio por Jurados un modo de desburocratización de la Justicia. Por un lado, la función del jurado es una actividad esporádica en la vida de las personas, por lo que no puede convertirse en un hábito, lo que garantiza mayor objetividad. Por otro lado, el juez técnico tendrá, a través del jurado, una comunicación permanente con la realidad social. Y bien sabemos que los jueces argentinos hace rato que no viajan en colectivo (?).
Nuestros legisladores del siglo XIX desecharon los proyectos de juicio por jurados y partieron del proceso penal español en el momento más inquisitorio de su historia contemporánea. El procedimiento que se estableció en el ámbito nacional fue escrito, con amplia vigencia del secreto; la instrucción, extremadamente inquisitoria, larga y farragosa; el juez investigador, dotado de enormes poderes.
Nuestra legislación procesal penal, durante más de un siglo y medio, se apartó de las líneas que le trazara la Constitución. El resultado está a la vista. Tenemos una Justicia mala y sospechada. Es hora de volver a la fuentes.