Archivo | 18 julio 2008

Los Iphones de Buenos Aires provienen de un delito (?)

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Es relativamente común ver Iphones (nuevo teléfono para fardar) por las calles de Buenos Aires. Empero, muchos de ellos provienen de un delito.

El delito a que hago referencia está tipificado por la ley 25.891, que lleva el nombre “Servicios de comunicaciones móviles”. Esa ley obliga a las empresas a requerir para casos de terminales importadas para uso personal, las constancia aduaneras de importación, o la factura del equipo dentro de nuestro país, cuando este haya sido importado por terceros, no pudiéndose activar el servicio sin estos requisitos (Art. 5). La abrumadora mayoría de los Iphones que se ven en BAires, no tienen constancias aduaneras de importanción. Ergo, provienen de un delito llamado contrabando.

Alguna vez, existió un proyecto de ley que facultaba a las fuerzas de seguridad a requerir en la vía publica la factura de compra del aparato para identificar si estábamos en presencia de un titular legal. De ese modo se hubieran cerrado todas las galerías del microcentro (?) y cuando cruzáramos a un policía, hubiéramos escondido el celular (?).

Si por casualidad, el Iphone argentino por adopción (?) no proviniera del delito de contrabando, de este próximo delito no se salva. El art. 11 de la ley 25.891 dice textualmente que “Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años, el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare algún componente de una tarjeta de telefonía, o accediere por cualquier medio a los códigos informáticos de habilitación de créditos de dicho servicio, a efectos de aprovecharse ilegítimamente del crédito emanado por un licenciatario de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM).” El art. 12 de la misma ley, prosigue “Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años el que, a sabiendas de su procedencia ilegítima, adquiriere por cualquier medio o utilizare terminales celulares, Módulo de Identificación Removible del usuario (tarjetas de telefonía) o la tecnología que en el futuro la reemplace.” Como de seguro, los Iphones proteños (?) fueron desbloqueados (en EEUU tiene la exclusividad de venta AT&T y en Argentina todavía no se venden), no caben dudas, de la procedencia delicitiva de los íconos de la telecomunicación del tercer milenio.

Por eso, cuando vea a alguien con un Iphone por la calle, ¡grítele garca! (?) . Movistar, Personal & Claro se lo agradecerán

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El corretaje clandestino

Todos, en algún momento de la vida, debemos lidiar con inmobiliarias. Por una compraventa o por una locación, tarde o temprano caemos en manos de quienes ostentan ese oficio.

El nombre técnico de lo que realiza la inmobiliaria es CORRETAJE. Por la realización del corretaje, el corredor cobra una comisión en dinero, que generalmente es un porcentaje de la operación.

La ley obliga a todo corredor a matricularse. La sanción que trae la ley para el corretaje clandestino es la pérdida del derecho a percibir la comisión, lo que se aplica en este caso (art. 89 del Código de Comercio).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en el caso “Caracciolo, Ernesto y otro c/ Provincia de San Luis”, 17/03/87, que “la inobservancia de tal exigencia legal (la matriculación), impuesta por el interés público y la necesidad de asegurar la idoneidad, corrección y responsabilidad de quienes se dedican a actividades como las que dicen desempeñar los actores (corretaje inmobiliario), les priva del derecho a percibir comisión (Art. 89 párr. final del Código de Comercio de la Nación) y no puede ser dispensada, ni siquiera ante la existencia de convención expresa celebrada sobre le punto con apoyo en el principio consagrado por el artículo 1197 del Código Civil.

Sancionando al corredor clandestino se salvaguarda el interés público comprometido, procurando que quienes ejerzan esa profesión cumplan con determinadas formalidades destinadas a asegurar la idoneidad, corrección y responsabilidad de los mismos.

Por todo ello, si alguna vez cae en las garras de estos corredores, fíjese por internet si están matriculados. Grande va a ser la sorpresa cuando se entere que muchos de los que pueblan la ciudad con carteles de publicidad inmobiliaria, no tienen derecho legal a cobrar por sus servicios por no estar matriculados.

Si el presidente de facto es Nestor, a la presidenta de iure corresponde hacerle un juicio político

El juicio político es el procedimiento de destitución previsto para que los funcionarios pasibles de él no continúen en el desempeño de sus cargos.

Se lo denomina juicio político porque persigue separar del cargo al enjuicidado.

La cámara de diputados declara haber lugar a la formación de causa, después de conocer de la razón que se invoca para el juicio político. Necesita mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes (art. 53 de la Constitución Nacional).

El senado juzga en juicio público a los acusados por la cámara de diputados. Previamente, los senadores prestan juramento para este acto. Para la declaración de culpabilidad también se exige una mayoría de dos tercios de los miembros presentes (art. 59 de la Constitución Nacional).

Las causas de responsabilidad —como las denomina el art. 53 constitucional— que hacen viable la acusación y la destitución son tres: a) mal desempeño; b) delito en el ejercicio de sus funciones; c) crímenes comunes.

Ese es el régimen legal constitucional argentino. Sentando lo expuesto, cabe preguntarse si Cristina Fernandez ejerce correctamente el mando del Poder Ejecutivo Nacional. Todo parece indicar que el poder real de la Argentina lo tiene Nestor Kirchner. Mas aún. Dicen quienes saben de estas lides, que ella en privado ha reprochado de mal talante a su marido la pésima idea del aumento de las retenciones. Sin embargo, en público, cumpliendo la máxima de que la ropa sucia se lava en casa, defendió el aumento impositivo a ultranza. Se afirma tambien que ella quiso dar marcha atrás ni bien comenzado el conflicto, cosa que fue rechazada de plano por su marido. Nunca dió marcha atrás. Peor aún. En vez de asimilar el mensaje conciliatorio que pide la sociedad, ha desperdiciado miles de oportunidades que le da el país para que gobierne autonómicamente y ha contestado con altivez. Es inadmisible el envanecimiento que la presidenta tiene por la contemplación de su propia figura con total menosprecio de la de los demás que piensas distinto. Es incomprensible que sus acciones actuales estén contrapuestas con lo que decía pensar hace apenas unos años. Los opositores en el Congreso se hacen un festín en cada discurso mostrando las contradicciones sobre lo que propugnaba la actual presidente siendo legisladora y sus acciones como primera magistrada de la Nación. A ello debe adunarse que en el Congreso, todos los operadores en pos de la aprobación de la denominada ley de retenciones, respondían a Nestor Kirchner y no a la presidenta en ejercicio. Nestor Kircher, por su parte, suele ufanarse en la tribuna con una frase que es, cuando menos, infeliz: “La presidenta me pidió que les diga …”.

Si todo esto es cierto, añadido que sea a las demás cuestiones que escapan al conocimiento de estas palabras periódicas, no caben dudas del mal desempeño de la nombrada en ejercicio del Poder Ejecutivo. Vale decir, lo que está haciendo la titular del Ejecutivo es lo contrario de “buen desempeño”. Y si a ello se le agrega que CFK ha dilapidado gran parte de su capital político en menos de siete meses -caso inédito en la política internacional- no debiera descartarse que la oposición pueda enjuiciar a la presidenta por mal desempeño de sus funciones. Avizoramos esa acechanza de juicio político con total perplejidad, aunque entendemos que no es lo mas acosejable para la salud futura de la República.