Archivo | agosto 2008

Actitud sospechosa como causa de detención: ¡Feliz Decenio!

Existe una resolución judicial de nuestra Corte Suprema, cuya doctrina se encuentra lamentablemente vigente a la fecha. Me refiero a la decisión de la Corte dictada en la causa Fernández Prieto (Fallos: 321:2947), que convalidó una inmotivada detención policial sin orden judicial ni flagrancia.

Los hechos de la causa, sucintamente fueron los siguientes. El 26 de mayo de 1992 a las 19 horas, miembros del personal policial de la sección “Sustracción de Automotores” recorrían la jurisdicción de General Pueyrredón, Ciudad de Mar del Plata. Concretamente, estaban frente a los balnearios de Punta Mogotes. Con su sagacidad habitual (?), observaron que circulaba un vehículo marca Renault 12 con tres sujetos en su interior en “actitud sospechosa”. ¿Qué es “actitud sospechosa”? Los agentes de la ley (?) no lo explicaron en el acta, por lo que no lo sabemos. Ahora bien, ¿a quien se le ocurre transportar droga en un Renault 12? Para hacerlo correctamente, hay que valerse de, al menos, un Lamborghini (?). La cuestión es que interceptaron al Renault 12 e hicieron descender a los ocupantes. Requisaron el auto en presencia de testigos, hallando “ladrillos” característicos de “picadura de marihuana” (?) –dice textual el fallo- tanto en el baúl como en el interior del vehículo. Asimismo se incautaron de un arma y proyectiles que se encontraban en el baúl.

Como era de esperar, los defensores de Fernández Prieto pidieron la nulidad de todo lo actuado porque los funcionarios policiales no están legalmente facultados -“ante la actitud sospechosa” de las personas que ven pasar-, a aprehenderlas sin orden judicial, debido a que el estándar de “actitud sospechosa” es vago, impreciso e imposibilita el control judicial de la racionabilidad de la detención policial. La Corte Suprema, para sorpresa de la mayoría del mundo jurídico, resolvió que los planteos de la defensa no pueden prosperar, puesto que no se advierte ninguna irregularidad en el procedimiento de la que pueda inferirse violación alguna al debido proceso legal, más aún si se tiene en cuenta que los preventores, una vez que interceptaron el automotor, requirieron la presencia de testigos para requisarlo, uno de los cuales relató que en su presencia se secuestraron armas y efectos del interior del auto. Conclusión, basta que un policía crea que un individuo esté en “actitud sospechosa” para que pueda requisarlo sin orden judicial. Esa doctrina es gravemente violatoria de la Constitución Nacional, que, como regla, veda cualquier requisa sin orden judicial.

La regularidad de los actos procesales es necesaria para la validez de las pruebas obtenidas. Procesalmente, sacando los supuestos de flagrancia, la policía necesita una orden judicial para requisar. Incumplir esa manda, es un delito. Y en modo alguno el Estado puede beneficiar a su administración de justicia con el resultado de actos irregulares que son delitos.

Por eso, abogamos por un pronto abandono de la doctrina Fernández Prieto, que en Noviembre va a cumplir sus primeros diez añitos (?) y sigue tristemente vigente. Ah, para finalizar, la argumentación populista: ni aún con el uso estas facultades inconstitucionales avaladas por la Corte Suprema Nacional, el Estado –por medio de su agencia policial- ha logrado detener el avance del delito ni el tráfico de estupefacientes.

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Esta entrada fue publicada el 27 agosto 2008, en General.

Los pactos deshonrados (?)

Es por todos conocida la locución latina “Pacta Sunt Servada”: Significa, ni mas ni menos que, “los pactos deben honrarse”.

Viene a colación esta frase con motivo de la re-estatización de Aerolíneas Argentinas. En primer lugar, porque el Estado argentino, al momento de la privatización de la línea de bandera, prometió no volver, bajo ninguna circunstancia, a retomar el control societario de la compañía. Es promesa integra el orden jurídico argentino y, al parecer, va a ser incumplida prontamente. En segundo lugar, porque la Secretaría de Transporte habría firmado un acta acuerdo con los tenedores accionarios actuales de la compañía a efectos de determinar el protocolo a seguir para la recompra del capital accionario por parte del Estado. Ese acta, al parecer, va a ser repudiada e incumplida por el Congreso Nacional, por vía de ley.

Sin entrar a considerar el fondo de la cuestión, en orden al mérito, oportunidad o conveniencia de la re-estatización de Aerolíneas Argentinas, sorprende la falta de calificación técnica -en cuanto a lo jurídico- de los altos grados dirigenciales de nuestro país como para generar anticuerpos republicanos que impidan volver contra los propios actos del Estado.

Honrar los pactos es una de las bases fundacionales de la confianza que la sociedad. Esa confianza opera en forma bifronte. Hacia fuera (la confianza que el resto de los países nos tienen) y hacia adentro (la confianza que los ciudadanos tienen para con su Estado).

La violación del principio de confianza se da cuando el obligado no considera un precepto absoluto el cumplimiento de la palabra empeñada, sino sólo una alternativa entre otras que podría escoger, estando dispuesto a ignorarla si aparecen otras alternativas menos desfavorables. Y esa violación es deleznable cuando proviene del Estado, habida cuenta de la superioridad técnica y moral que debiera tener –pero lamentablemente no tiene- en la contratación con los particulares.

Por último, no está demás relacionar ese incumplimiento de los pactos de Estado con los altos índices de corrupción administrativa. Porque el funcionario público delincuente se siente mucho más cómodo en sus prácticas espurias cuando se le permite ignorar la palabra empeñada por el Estado anteriormente. Al igual que los hongos en la humedad, la corrupción florece en un medio ambiente con la confianza quebrada, porque siempre se podrá volver atrás sin mayores consecuencias. Por eso, nuestro consejo: no contrate con el Estado argentino. Salvo que usted sea de los empresarios amigos, en cuyo caso, el orden jurídico no rasguñará siquiera las prerrogativas de su fuero personal (?) y podrá quintuplicar si fortuna tranquilamente.

Judicial Censorship (?)

Hay un sacerdote acusado de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de menores cuyo juicio oral se realizará próximamente. Ese sacerdote era titular de una Fundación. Esa Fundación tiene por objeto el cuidado de niños desamparados. Algunos de esos niños habrían sido abusados sexualmente por el sacerdote. O por lo menos, el juicio va a versar sobre si ese hecho controvertido existió o no.

En medio de este contexto, la Fundación de marras se presentó ante la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal, pidiendo -por vía de amparo- que se protegiera el nombre de los menores que estuvieron bajo su órbita al momento de que se difundan los detalles del juicio oral en ciernes. El juez de grado recalificó al amparo y lo convirtió sua sponte en una medida autosatisfactiva. Recordemos que las medidas autosatisfactivas no tienen regulación legal en Argentina. Para desprevenidos diremos que las medidas autosatisfactivas son procesos urgentes y autónomos, que no son accesorios respecto de otro principal y que se agotan en sí mismos. Jorge Peyrano suele definir a estos procesos como “…son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables inaudita pars y en los que existe una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles·”. O sea, en otras palabras, son medios por los cuales la Justicia brinda rápido lo pedido por el afectado dentro de un plazo relativamente breve.

En la parte dispositiva, el juez de grado, sin escuchar las defensas que pudieran esgrimir los medios afectados por la medida, ordenó “ I) Disponer que las empresas Arte Radiotelevisivo S.A., Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Grupo Clarín S.A., Editorial Perfil S.A., Editorial La Página S.A. y la totalidad de los medio televisivos, radiales y gráficos se abstengan de difundir imágenes, nombres o cualquier otro dato que por cualquier medio permita individualizar a los menores que hubieren sido o sean asistidos por la Fundación … , con motivo del juicio oral que se sigue contra el sacerdote … . II) Ordenar que esta decisión sea comunicada por cédula con habilitación de días y horas inhábiles, urgente y en el día a todos los medios periodísticos señalados precedentemente. III) Poner en conocimiento de la Secretaría de Medios de Comunicación dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y del Comité Federal de Radiodifusión a fin de que velen por el cumplimiento estricto de la presente manda y para el caso de incumplimiento impongan las sanciones correspondientes. A tales fines, líbrense los oficios correspondientes. IV) Poner en conocimiento de lo aquí resuelto al presidente del Tribunal Oral en el que se ventilará el juicio contra el sacerdote Julio Cesar Grassi, a fin de que por su intermedio se adopten las medidas tendientes a su fiel cumplimiento, debiendo librarse el oficio pertinente en los términos de la ley 22.172. Regístrese.”

Como puede advertirse, la sentencia incurre en un evidente exceso jurisdiccional, toda vez que carece de la mesura y auto restricción que debe tener toda resolución judicial que importe restringir de cualquier forma la libertad de prensa. Con esto no queremos desdeñar de los legítimos derechos constitucionales de los menores que pudieran resultar afectados. Antes bien, lo que pretendemos que quede claro es que el honor y la intimidad de los menores no admiten tutela preventiva en el derecho argentino –como hace el juez de grado-, sino que dan lugar a las responsabilidades ulteriores. En efecto, esa es la recta interpretación del art. 13 de la CADH que en lo pertinente prescribe que:“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección….2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidad ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas….”.

Además, la sentencia es desatinada porque, si bien es cierto que la libertad de prensa no es un derecho absoluto, no lo es menos que sí lo es la prohibición de censura previa. Vale decir, la Constitución Nacional veda expresamente el control de lo que va a expresarse por medio de la prensa. Y en este caso, un juez de la Nación está controlando lo que van a poder publicar los medios demandados, de forma preventiva. ¿Cómo podrán esos medios cumplir acabadamente con su tarea de cubrir el juicio -que versará indefectiblemente sobre presuntos abusos sexuales a menores- sin referirse a los menores? La respuesta se impone: la manda judicial es de cumplimiento imposible. Cumplir lo ordenado por el juez es de una generalidad tal que, a no dudarlo, impone un bozal a los medios afectados. Conducta similar a la que exige probar la cuadratura del círculo.

No caben dudas, pues, que la censura a la prensa también puede ser ejercida por el Poder Judicial, y ella es la mas grave de las censuras. En esta línea de ideas, no cabe duda acerca del derecho de los medios afectados para expresar libremente su opinión sobre los testimonios de los menores en el juicio, sin censura previa, y que los eventuales perjuicios que ello provoque sólo pueden estar sujetos a responsabilidades ulteriores (Art. 14 de la Constitución Nacional, Art. 12, inc. 2, Constitución Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Art. 13, CADH).

En suma, se ha restringido el ejercicio de derechos constitucionales de la prensa por vía judicial. La prudencia obliga a reprobar ese tipo de sentencias que utilizan pautas de dudosa objetividad, que no justifican la limitación impuesta por el resolutorio judicial. Mucho menos, aún, en una instancia de naturaleza cautelar, en la que el análisis es preliminar y provisorio y además unilateral, pues se realiza sin intervención de la contraparte. La cual, vale decirlo, no fue oída hasta el momento. Por lo demás, resulta claro que el acogimiento de la medida cautelar dictada ha afectado la imparcialidad futura del juzgador, que es condición necesaria para que no se vea conculcado el correcto ejercicio del derecho de defensa de los demandados Arte Radiotelevisivo S.A., Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Grupo Clarín S.A., Editorial Perfil S.A., Editorial La Página S.A.

Finalizo este comentario con la cita de lo expuesto por la Corte Suprema Nacional en el caso “Abad c/ Diario La Prensa” (Fallos 248:291), en donde se dijo que “no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncia derechos meramente individuales, está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica”. Descarrío despótico y dictatorial que en este caso, tristemente, emanó del Poder Judicial de la Nación, al que últimamente le estamos encontrando en mayor medida aspiraciones antidemocráticas de omnisciencia y omnipotencia.

La prohibición de indexar se encuentra derogada por desuetudo

La ley 23.928, denominada de desindexación y convertibilidad del austral (la famosa ley popularmente conocida como la “del 1 a 1”), en su art. 10 sigue vigente. Se derogó la convertibilidad, empero, la ley 25.561, ha mantenido incólume la prohibición de la posibilidad de reajustar las deudas en base a índices inflacionarios.

Sin embargo, el Estado argentino, como contrapartida a esa prohibición por él establecida, no contribuye a afianzar función clásica de la moneda como medida de los valores. Los argentinos no creen en el peso moneda nacional. Antes bien, lo que hace el Estado es aumentar los ingresos del erario público emitiendo moneda, que el ciudadano de a pie no siente, pero que termina sustrayéndole fondos de su bolsillo al disminuir el valor de los pesos que el ciudadano tiene. De allí que se denomina a la inflación como un impuesto encubierto.

La notable diferencia entre valores -comparándose el valor nominal con el valor real del peso a lo largo del tiempo-, produce lo obvio: la inflación termina licuando las deudas. El deudor se libera pagando con una moneda envilecida, que importa una merma en el derecho de propiedad del acreedor garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional, que justifica la alegación de inconstitucionalidad del art. 10 de la ley de convertibilidad aún vigente. El citado artículo dice textualmente “Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar
“.

Debemos recordar que la ley 23.928 fue concebida en circunstancias excepcionales, la situación económica del país estaba envuelta en una profunda crisis, siendo una de sus manifestaciones más elocuente, y a la vez alarmante, el fenómeno hiperinflacionario que se desarrollaba. Esta situación llevó al órgano legislativo a sancionar un conjunto de normas de estas características con el propósito de corregir el descalabro económico.

Durante un decenio se logró conjurar el efecto inflacionario depreciativo del valor moneda del peso. Empero, de un tiempo a esta parte el fenómeno inflacionario se siente con fuerza en todos los estratos sociales de Argentina. De manera que existiendo inflación, deviene incoherente que se mantenga la prohibición de indexación, variaciones de precios o cualquier cláusula de estabilización.

Sin embargo, esa medida intervencionista fue derogada en la práctica por la autonomía de la voluntad de los argentinos. Vale decir, la prohibición de indexar sigue vigente en la ley so pretexto de que la indexación es una causa que retroalimenta la inflación. No obstante, todo el mundo indexa. Los precios del supermercado aumentan conforme a indexación. El alquiler de viviendas aumenta y se indexan. Los servicios profesionales aumentan. Los taxis aumentan. Los convenios colectivos hacen que aumenten los sueldos. Etcétera. De modo que esa prohibición legal no es observada ni cumplida por la generalidad de los argentinos, que eluden la prohibición de las formas mas variadas. Y el índice de litigios judiciales que ventilan en los estrados tribunalicios esas elusiones es francamente minoritario, aunque de todas formas, esa prohibición de indexar contribuye a aumentar la inseguridad jurídica argentina porque uno no puede preveer a ciencia cierta cuando habrá de acaecer un pleito con la parte co-contratante.

El derecho no se reduce a la ley escrita. Lo muestra elocuentemente la resistencia de los hechos y las creencias existentes. Como dice el maestro Llambías, “la ley no puede alterar los hechos materiales —se puede cambiar la hora pero no prolongar el día o reducir la noche, ni hacer de un hombre una mujer— ni forzar los hechos espirituales que suelen ser más poderosos que el dictado de la ley: recuérdese cómo el Cristianismo resistió victoriosamente los decretos persecutorios de los emperadores romanos “.

Ahora bien, ¿puede admitirse jurídicamente la constumbre argentina derogatoria de la prohibición de indexar? La respuesta la sigue dando Llambías: “No es posible aceptar la ficción de un imperio de la ley que de hecho no impera cuando los sujetos a su obediencia no se sienten obligados en conciencia a respetarla. La probidad científica pide un sinceramiento con la realidad en este problema, en el cual la falta de coactividad que revela la caducidad de la vigencia de la ley es un hecho objetivo y real que no es posible desconocer mediante la proclamación de una supremacía de la ley sobre la costumbre que sería puramente nominal y resultaría desconocida por la vida del derecho“.

Borda admite también el desuso derogatorio de la ley. Entiende este autor que “las características propias de la legislación contemporánea obligarán a los jueces a no aplicar ciegamente el principio de que las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes y a admitir con relativa frecuencia que el desuso hace caducar ciertas disposiciones legales“.

La conclusión se impone. Según nuestra modesta opinión, la prohibición de indexar se da de bruces contra la realidad argentina. Por lo tanto, como los argentinos sujetos a la obediencia de la prohibición de indexar las deudas dinerarias no se sienten obligados a respetar tal prohibición, el art. 10 de la ley 23.928 se encuentra derogado por costumbre derogatoria.

Detención de una persona por averiguación de antecedentes o Bertillonaje

Alphonse Bertillon es el francés creador de una técnica de identificación de criminales basada en la medición de varias partes del cuerpo y la cabeza, marcas individuales, tatuajes, cicatrices y características personales del sospechoso. Esa técnica todavía se sigue usando cuando al detenido se le toma la típica fotografía de frente y de perfil.

Antes del caso Bulacio, basada en lo dispuesto por el decreto-ley 333/58, la Policía Federal podía detener con fines de identificación, en circunstancias que lo justifiquen, y por un lapso no mayor de 24 horas, a toda persona de la cual sea necesaria conocer sus antecedentes” (art. 5 inc. 1). Eso no era ni mas ni menos que la aplicación de la técnica conocida como Bertillonaje.

Luego del caso Bulacio, el Congreso Nacional derogó el decreto ley anteriormente citado. Empero, las alternativas puestas en discusión parlamentaria transitaron desde el intento de abolir la cláusula de verificación de identidad, limitarla temporalmente en 4 horas o restringirla a 10 horas, siendo ésta la opción finalmente aprobada en el Congreso Nacional conforme el texto de la ley 23950.

La averiguación de identidad no constituye una carta en blanco para que la policía prive de libertad a cualquier ciudadano que le resulte sospechoso, ya que ello constituye un agravio para el Estado de Derecho y una conducta aviesa que cercena la libertad de locomoción de las personas así como su estado de inocencia.

Un policía está facultado a violar el derecho a la libertad y la prohibición de arresto sin orden judicial con solo invocar la averiguación de antecedentes. Eso es desproporcional, irrazonable e injustificado habida cuenta del avance de la tecnología. El art. 18 de la Constitución, por lo demás, determina que nadie será arrestado sino en virtud de “orden escrita de autoridad competente”. Como en estos casos no hay orden escrita, el Bertillonaje es siempre contrario a la Constitución Argentina. Ergo, toda detención basada en la ley 23950 está fuera del orden normativo de la república y da lugar al delito de detención ilegal que será cometido por cada policía que cumpla esa ley inconstitucional.

Moraleja: cuando lo detengan por la calle para averiguar sus antecedentes por ser morocho (?), exija que se exhiba la orden detención dictada por juez competente. Al mismo tiempo, recuérdele al oficial de policía que el Código Penal tipifica como delito la detenciones ilegales. Por último, recuérdele que es absurdo que se lo detenga primero, para averiguar después si hay o no orden de arresto, porque eso es una grave violación de sus deberes de funcionario público. Y si le contestan que siempre se hizo así, replique que siempre se hizo mal.

Para finalizar, bueno sería que el Congreso Nacional derogara la ley 23950 atento al avance de la ciencia. Porque París es lindo, pero no queremos vivir en el París de 1880 de Bertillon.

Desnudo en Pelotas Airport (?)

Hemos tenido la ventura de ser escaneados recientemente por el mas moderno aparatejo del Aeropuerto Internacional de Miami. Otro tanto nos ocurrió en el Dulles International Airport de Washington D.C. la semana anterior.

Sabemos que el Estado tiene derecho -y hasta la obligación- de velar por la seguridad en un aeropuerto. Empero, ese derecho no puede ser ejercido irrazonablemente y encuentra límites precisos que no debieran franquearse. Esos límites precisos a los que nos referimos vienen dados por el derecho a la privacidad de los pasajeros.

El problema finca en que esos escáners de última generación (de la marca General Electric) que son de tránsito obligatorio dejan al escaneado literalmente desnudo en el monitor del agente de policía aeroportuaria (TSA según sus siglas en inglés) porque pueden verse los órganos sexuales -por suerte nos agarró bañados (?)- y todo otro detalle del cuerpo humano tapado por las ropas.

El fin con que dicen usar estos aparatos -que desnudan a la gente mas rápido que el whisky (?)- es el de buscar armas y explosivos ocultos. Raro hubiera sido el hallazgo de municiones en nuestro caso porque estabamos vestidos con una remera gris de algodón y un short de fútbol, de manera que no teníamos donde esconder la granada (?). Dentro del cubículo, ondas electromagnéticas de una energía diez mil veces menor a la de un celular rotaron alrededor de nuestro cuerpo, creando una imagen tridimensional en el monitor de TSA. La conclusión, por cierto, fue que nada peligroso portábamos (al menos, para la seguridad del aeropuerto o la aeronave).

La situación coyuntural tampoco ayudó para la seriedad de la elección de los pasajeros a escanear. De una fila de mas de cuarenta personas, los agentes de la TSA elegieron a una rubia curvilínea de mas de un metro setenta centímetros de estatura, a otra brasileña atractiva, a una argentina muy bonita según los cánones de belleza occidental imperante y a quien esto escribe. Parece que no todos los oficiales de la PSA se ven atraidos por mujeres (?). Todo esto, valga aclararlo, se dio en un contexto risueño de parte de los agentes de seguridad, que hacían chistes entre ellos sobre cada uno de los escaneados. No creo que por el tamaño de mi miembro (?) -cuyo conocimiento o divulgación significa un peligro potencial para mi intimidad porque todas las mujeres van a querer conocerme (?)- sino antes bien, debe haber sido porque la máquina viene a suplantar su escasez de idoneidad e inteligencia, lo cual los pone rebosantes de felicidad porque en América, aún los sin luces, todos pueden tener trabaj .

A esta altura de los acontecimientos, no caben dudas que fuimos requisados corporalmente por vía electrónica por el Estado. Lo mas llamativo de todo esto es que el Estado nos exige exhibir en sus monitores detalles altamente personales de nuestros cuerpos tales como mastectomías, colonoscopías, implantes peneanos, tubos de catéterismo y, por qué no, el tamaño de nuestros pechos u órganos genitales como requisito previo a subir a un avion (?). Por el contrario, nuestra idea era reservar esos contenidos del conocimiento de terceros. Algún simpático va a decir que para subir al avión hay que ir con el ticket de pre-embarque y una foto del pene en la mano (?).

La intimidad disfruta de raigambre constitucional expresa en nuestro país. Ella emana en Argentina del art. 19 de la Ley Fundamental, al disponer que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. En EEUU, si bien no goza de protección constitucional, se entiende que es uno de los derechos implícitos. La Supreme Court ha garantizado como derecho implícito a la privacidad el que permite oponerse contra toda intrusion gubernamental en el célebre caso Griswold v. Connecticut del año 1965. Por lo demás, la Cuarta Enmienda de la Constitución -dentro de lo que se conoce como Bill of Rights- es enteramente aplicable al caso de los registros electronicos que se practican en los aeropuertos. El texto es el siguiente “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized“. Por eso es facil colegir que el registro electrónico por vía de escaner en los aeropuertos conculca la cuarta enmienda de la Constitución Estadounidense porque es practicada sin orden judicial.

Además de los óbices constitucionales que encontramos por vicio de irrazonabilidad al uso del escaner (es inadmisible que se ultraje a millares de personas durante meses para aventar el riesgo eventual de que algún terrorista quiera pasar un explosivo entre sus ropas), también encontramos otro problema legal: el derecho a la propia imagen
que protege la ley 11.723. La imagen de nuestro cuerpo que aparece en el monitor de la PSA nos pertenece por imperio legal. Y la curiosidad malsana de PSA tambien afecta nuestro derecho a la propia imagen y nuestra dignidad por fotografíarsenos sin nuestro consentimiento. Nada agrega a la ilicitud de la conducta de la PSA que las fotografías se borren rápidamente una vez que pasamos en puesto, por la conducta ilícita no se exonera por el posterior borrado.

En suma, George Orwell en 1984 se quedó corto con sus presagios. El Estado cada vez se inmiscuye -de las mas avariadas formas- en la vida de los seres humanos bajo su yugo. En este caso, gracias a la “habitación 101” que han destinado para escanear a los aeronavengantes en los aeropuertos del país. Por eso, la lucha que viene, es la de la dignidad del ser humano contra todos estos evidentes abusos estatales. Para que el futuro no sea la distopía que es vivimos hoy.