Actitud sospechosa como causa de detención: ¡Feliz Decenio!

Existe una resolución judicial de nuestra Corte Suprema, cuya doctrina se encuentra lamentablemente vigente a la fecha. Me refiero a la decisión de la Corte dictada en la causa Fernández Prieto (Fallos: 321:2947), que convalidó una inmotivada detención policial sin orden judicial ni flagrancia.

Los hechos de la causa, sucintamente fueron los siguientes. El 26 de mayo de 1992 a las 19 horas, miembros del personal policial de la sección “Sustracción de Automotores” recorrían la jurisdicción de General Pueyrredón, Ciudad de Mar del Plata. Concretamente, estaban frente a los balnearios de Punta Mogotes. Con su sagacidad habitual (?), observaron que circulaba un vehículo marca Renault 12 con tres sujetos en su interior en “actitud sospechosa”. ¿Qué es “actitud sospechosa”? Los agentes de la ley (?) no lo explicaron en el acta, por lo que no lo sabemos. Ahora bien, ¿a quien se le ocurre transportar droga en un Renault 12? Para hacerlo correctamente, hay que valerse de, al menos, un Lamborghini (?). La cuestión es que interceptaron al Renault 12 e hicieron descender a los ocupantes. Requisaron el auto en presencia de testigos, hallando “ladrillos” característicos de “picadura de marihuana” (?) –dice textual el fallo- tanto en el baúl como en el interior del vehículo. Asimismo se incautaron de un arma y proyectiles que se encontraban en el baúl.

Como era de esperar, los defensores de Fernández Prieto pidieron la nulidad de todo lo actuado porque los funcionarios policiales no están legalmente facultados -“ante la actitud sospechosa” de las personas que ven pasar-, a aprehenderlas sin orden judicial, debido a que el estándar de “actitud sospechosa” es vago, impreciso e imposibilita el control judicial de la racionabilidad de la detención policial. La Corte Suprema, para sorpresa de la mayoría del mundo jurídico, resolvió que los planteos de la defensa no pueden prosperar, puesto que no se advierte ninguna irregularidad en el procedimiento de la que pueda inferirse violación alguna al debido proceso legal, más aún si se tiene en cuenta que los preventores, una vez que interceptaron el automotor, requirieron la presencia de testigos para requisarlo, uno de los cuales relató que en su presencia se secuestraron armas y efectos del interior del auto. Conclusión, basta que un policía crea que un individuo esté en “actitud sospechosa” para que pueda requisarlo sin orden judicial. Esa doctrina es gravemente violatoria de la Constitución Nacional, que, como regla, veda cualquier requisa sin orden judicial.

La regularidad de los actos procesales es necesaria para la validez de las pruebas obtenidas. Procesalmente, sacando los supuestos de flagrancia, la policía necesita una orden judicial para requisar. Incumplir esa manda, es un delito. Y en modo alguno el Estado puede beneficiar a su administración de justicia con el resultado de actos irregulares que son delitos.

Por eso, abogamos por un pronto abandono de la doctrina Fernández Prieto, que en Noviembre va a cumplir sus primeros diez añitos (?) y sigue tristemente vigente. Ah, para finalizar, la argumentación populista: ni aún con el uso estas facultades inconstitucionales avaladas por la Corte Suprema Nacional, el Estado –por medio de su agencia policial- ha logrado detener el avance del delito ni el tráfico de estupefacientes.

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