Las class actions en Argentina fueron creadas de manera inconstitucional

weirdjudge

En país de la anomia (también conocido como Argentina), la que alguna vez fuera la nueva Corte Suprema prestigiosa (?), dicto recientemente el fallo Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986.

Por medio de esa sentencia, creó las class actions dentro del derecho argentino. Si nos preguntan que nos parecen las class actions como ciudadanos, responderemos que es una institución procesal que puede resultar muy útil para defensa de los derechos. Si nos preguntan como abogados que vivimos de nuestra profesión, revelaremos que en países en los que rigen las class actions, los letrados que patrocinan este tipo de pleitos, a menudo se vuelven ricos. Por lo cual, estamos en un todo a favor de su implantación en Argentina.

Pero, siempre hay un pero. Las class actions, en una democracia, tienen que ser creadas por ley. No por sentencia de la Corte Suprema. Mas aún. Resulta burlesco que el máximo tribunal judicial del país aplique, en ausencia de ley y sin más cavilaciones, las Federal Rules of Civil Procedure de 1966 que rigen en los Estados Unidos porque eso importa comenzar a ser una especie de Puerto Rico (?). La Regla 23 de las Federal Rules of Civil Procedure dice que uno o más miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable, 2) existen cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase, 3) las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o defensas de la clase, y 4) las partes representantes protegerán los intereses de la clase justa y adecuadamente. El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la clase, efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia de una comunidad de intereses. La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes, es decir se beneficiará o perjudicará a todos por igual.

De todas formas, y lo que es mas grave aún, la Corte Suprema tiene plena conciencia de que está legislando por vía de una sentencia. Eso es un desbarro mayúsculo en cuanto a lo institucional. Así puede leerse el considerando 20) de la sentencia legislativa que dice “ante la ya advertida ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, se torna indispensable formular algunas precisiones, con el objeto de que ante la utilización que en lo sucesivo se haga de la figura de la “acción colectiva” que se ha delineado en el presente fallo se resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. Es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos”. Albor legislativo judicial de máxima calidad.

Al parecer, Argentina es una democracia del siglo XXI en donde las funciones se difuminan y donde, tal vez, los pleitos puedan sustanciarse por ante el Poder Legislativo (?). Sería mucho mas interesante porque no haría falta citar una regla de derecho para ganar el pleito habida cuenta la corrupción imperante en el Congreso. Ah, ¿qué en Tribunales hay igual o mas corrupción que en el Congreso? Bueno, olvidemos el tema del socialismo siglo XXI, porque ni el caudillo venezolano sabe bien que es (?) y cuando trata de definirlo, cae en vaguedades ininteligibles.

Volviendo a la class actions, bueno sería que la Corte Suprema de la Nación leyera sus propios precedentes –cosa que ME CONSTA FEHACIENTEMENTE QUE NO HACE atento a la depauperización educativa que lamentablemente también pervierte a su elefantiásica estructura-. Por ejemplo, podría empezar con aquel que dice que “es principio del ordenamiento jurídico que rige en la República que tanto la organización social como política y económica del país reposan en la ley. Si bien la exégesis de esta expresión no ha de caracterizarla como un concepto exclusivamente formal, debe estimarse como excluyente de la creación ex nihilo de la norma legal, por parte de los órganos específicos de su aplicación, como son, en ejercicio de su jurisdicción, los magistrados judiciales. Es por ello que el ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma. Estos no pueden proceder, a sabiendas, con prescindencia de su carácter de órganos de aplicación del derecho vigente, ni atribuirse facultades legislativas de que carecen”. Cortesanos, la sentencia está en fallos 234, en la página 82 (?).

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