Los interrogatorios policiales a la luz de la Constitución de Estados Unidos

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Un nuevo caso nos llamó la atención. Se trata de MONTEJO v. LOUISIANA (No. 07-1529) decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos el 26 de Mayo de 2009.

Montejo fue acusado de homicidio calificado en Louisiana, cuya ley castiga ese delito con pena de muerte. La policía le leyó los derechos, y él, sin designar defensor, accedió a ir con la policía a buscar el arma con el que habría cometido el crimen. En el trayecto, escribió una carta de disculpas a la viuda de su víctima

En el juicio, la carta fue admitida como evidencia a pesar de la queja de la defensa. Fue condenado y sentenciado a muerte. La Corte de Louisiana confirmó la sentencia de grado desestimando que la carta fuera suprimida como evidencia. Ocurre que, a su entender, el derecho a contar con un abogado es renunciable por el interesado, y todo lo que se haga sin el consejo de un letrado puede ser usado en contra del acusado sin daño a las garantías constitucionales. Sin embargo, existe un leading case (Michigan v. Jackson, 475 U. S. 625) que prohíbe a la policía iniciar un interrogatorio al sospechoso de un delito una vez que el detenido invoque su derecho a contar con un defensor. Sin embargo, en algunos estados el abogado defensor de oficio es asignado sin requerimiento alguno del detenido.

¿Qué hizo la Corte Suprema de Estados Unidos al fallar en este caso? Reformuló las doctrinas de los interrogatorios policiales. Dejó sin efecto el leading case Michigan v. Jackson por los problemas que esa regla profiláctica creaba en diversos estados, con diversos procedimientos de asignación de defensor oficial porque contribuía a generar una nebulosa gris que creaba incertidumbre y hasta podía generar que algunos crímenes esclarecidos gracias a confesiones libres de coerción quedaran impunes.

De modo tal que ahora las reglas de higiene constitucional en los interrogatorios policiales quedan de esta manera:

(a) Bajo la regla de Miranda, cualquier sospechoso sujeto a interrogatorio debe ser avisado que tiene derecho a tener su abogado presente. (384 U. S., at 474).
(b) Bajo la regla de Edwards, una vez que el interrogado invoque su derecho emanado de la doctrina de Miranda, el interrogatorio debe detenerse. (451 U. S., at 484).
(c) Finalmente, bajo la regla de Minnick v. Mississippi, ningún interrogatorio subsecuente puede tener lugar hasta que el abogado esté presente. (498 U. S. 146).

Esas son las únicas tres reglas de profilaxis constitucional para los interrogatorios policiales vigentes en todo el territorio de Estados Unidos desde Mayo 26 de 2009.

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