El caso Caranta y la lamentable actuación de la Justicia

El ex arquero de un importante club de fútbol de primera división, se sintió maltratado por su empleador y se colocó en situación de despido indirecto asesorado por los abogados de Futbolistas Argentinos Agremiados, que, como es bien sabido por todos en el foro, actuando de abogados son excelentes ex futbolistas (?).

Un mal abogado puede dejar que un caso se alargue interminablemente por varios años. Un buen abogado puede hacer que dure incluso más tiempo (?). Por eso, para conjurar el tiempo que dura el proceso laboral caratulado “AUTOS: “CARANTA, MAURICIO ARIEL C/ ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS S/ DESPIDO”, los abogados del arquero pidieron una medida cautelar para que el trabajador pudiera continuar ejerciendo su ministerio en otro club.

En primera instancia, el juzgado accedió a la medida cautelar y le ordenó a la AFA que el arquero pudiera incorporarse a otro club mientras duraba el proceso, club que a la sazón terminó siendo Lanús. Esa sentencia fue apelada por la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS. Y aquí viene a colación eso de que hay dos tipos de abogados; aquellos que conocen la ley y aquellos que conocen al juez (?). Al parecer, los abogados de la demandada lograron lo que parecía imposible a primera vista a la luz de la ley de contrato de trabajo.

En efecto, el art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que “el trabajador o sus derecho-habientes gozarán del beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo”.
Toda vez que Caranta reclama un crédito derivado de la aplicación de la ley 20744 de contrato de trabajo, rige el beneficio de gratuidad establecido en la citada norma en función de la naturaleza del reclamo. Por consiguiente, NO PUEDE EXIGÍRSELE CONTRACAUTELA O CAUCIÓN ALGUNA porque ello importaría desconocer la operatividad de un precepto legal sin dar razón plausible alguna para así proceder. Sin embargo, para sorpresa de cualquier observador razonable, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fijó como contracautela (requisito para poder jugar) la suma de $ 1.650.000, que debe ser depositada por Caranta en el Banco Ciudad de Buenos Aires.

El fallo es un disparate por donde se lo mire porque, como pre-requisito para la provisoria reinserción en el ámbito local, le exige al trabajador una suma que, en los hechos, le imposibilita trabajar.

La gratuidad que caracteriza al proceso laboral es uno de los caracteres esenciales del proceso laboral porque procura colocar, durante el proceso, en un pie de igualdad al trabajador con su contrario. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho inveteradamente que “la ausencia de distintos preceptos que garanticen la gratuidad del procedimiento al trabajador dificultaría la obtención, en justicia, de los derechos que las leyes les acuerda, en la medida en que la onerosidad del trámite y de la actuación profesional, podría hacerles inaccesible las vías legales para su tutela” (Fallos 217:237).

Asimismo, el principio de gratuidad del procedimiento para los trabajadores tiene sustento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, al asegurar que “el trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes…” y alcanza plena operatividad a través del art. 20 de la ley de Contrato de Trabajo, que elimina las trabas puestas al trabajador para el adecuado ejercicio de sus derechos.

Es injustificado fijar una exigencia -como la que le requirió la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a Caranta- que por su monto elevado, imposibilita desde un punto de vista práctico la obtención del beneficio cautelar de trabajar provisoriamente a Caranta. Porque al fijarse una caución con un monto que no responde a las condiciones socio económicas del trabajador (recordemos que Caranta no tiene el patrimonio de Riquelme o de Palermo), torna de imposible cumplimiento el derecho de trabajar provisoriamente, pues la suma establecida para trabajar resulta exorbitante. Dicho temperamento tiene el carácter de un típico gatopardismo de la justicia, porque la imposición de una caución de elevado monto a un trabajador que carece de un amplio patrimonio, no sólo manifiesta una desproporcionalidad vedada por la ley, sino que deja al descubierto la voluntad jurisdiccional de denegar el derecho de trabajar provisoriamente.

Por lo demás, la motivación de la imposición de la caución en el caso Caranta es francamente inexistente y hasta arbitraria. A título de guisa, se citan en la sentencia casos de la Justicia Nacional Civil y se dice –como acto de autoridad de los jueces, mas no como acto de razonamiento- que “con atención de las circunstancias que caracterizan la actividad en cuyo marco se desenvuelve el debate de este litigio y los trascendentes intereses patrimoniales que concurren en el sub lite pone a la cuestión específica en examen fuera del ámbito del art. 20, LCT” (?).

En conclusión, otra sentencia censurable y pavorosa de nuestra justicia laboral. Otro accionar horroroso de los abogados de Agremiados. Y la manifestación en la Justicia Nacional del mismo modus operandi que la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS utiliza en la AFA. Los campeonatos se ganan en la cancha y en los escritorios (?).

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