Archivo | octubre 2009

Los límites del ius variandi

ignorancia

La ignorancia es el peor monstruo al que nos enfrentamos cotidianamente en el mundo del derecho argentino. No importa lo encumbrado que sea el interlocutor, ni la edad, o el cargo que ostente, porque de todas maneras, la innumerable mayoría de los operadores jurídicos que nos toca enfrentar desconocen las reglas elementales de derecho aplicable. A veces tenemos la sensación que existe gente en la justicia argentina que nada en el océano del conocimiento, pero logra salir siempre seca (?).

Esta vez, la inopia de turno tiene que ver con un caso sencillo tocante al ius variandi del derecho laboral. Un empleador pretende introducir cambios en lo relativo a las horas suplementarias prestadas por sus dependientes. Para ello aduce cuestiones atingentes a la salubridad de sus empleados, omitiendo una razón economicista, mucho mas creíble, que funda su pretensión: suprimiéndose las horas suplementarias, el empleador se ahorrará mas del 50% de la remuneración normal y habitual de sus dependientes.

Este caso se ve regido, ineluctablemente por el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo que en lo pertinente dice que: “El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”. Este artículo consagra, ni mas ni menos, el ius variandi, que significa derecho de variar, modificar, alterar las condiciones de trabajo del personal.

Ese derecho —reconocido al patrón— sólo puede ejercerse siempre que no se causen perjuicios al trabajador. En tal sentido, la facultad de efectuar cambios en la prestación debe respetar límites específicos de orden contractual (los elementos esenciales del contrato de trabajo) y aceptar limitaciones derivadas del respeto a los intereses materiales y morales del trabajador, que es lo que técnicamente se denomina deber de indemnidad en el ejercicio del ius variandi.

Si a un trabajador se le alteran las condiciones de trabajo en forma tal que se le impida seguir obteniendo su remuneración normal y habitual anterior, se consuma un claro perjuicio que excede el ámbito de lo permitido por el ius variandi. Por ende, en nuestro caso, NO PUEDE MODIFICARSE la remuneración normal y habitual de los empleados sin su consentimiento, aún cuando se les niegue el derecho a cumplir horas suplementarias.

Igual, no pretendemos que este artículo sea comprendido por todo el mundo. Mucho menos por los abogados del sindicato de Trabajadores de la Sanidad argentina (?). Porque nada sacude más a los estúpidos que discusiones que ellos no logran comprender.

ignorancia2

Anuncios

Primacía de la realidad

24941282_4

El 1° de septiembre de 2009, la Corte Suprema de la Nación dictó un buen fallo en la causa “PEREZ ANIBAL C/DISCO S.A.” (S. C. P. nº 1911, L. XLII) declarando la inconstitucionalidad del art. 103 bis, inciso “c”, de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto negaba carácter salarial a los “vales alimentarios”. Eso impedía que su importe fuese tomado en cuenta para calcular una indemnización por despido.

El actor Pérez cuestionó la validez constitucional de la ley 24.700, que introdujo el art. 103 bis, específicamente inciso ‘c’), por ser contraria a lo dispuesto por los arts. 14 bis y 75, incisos 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional, y el Convenio n° 95 de La Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la ley y el principio de progresividad del art. 2.1. del Pacto Internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

La Corte, en una sentencia corta y bien fundada, citando una vieja sentencia, sostuvo que hay que llamar a las cosas por su nombre, esto es, por el nombre que el ordenamiento constitucional les da, como tributo a la “justicia de la organización del trabajo subordinado”.

En tal entendimiento, la Corte declaró la invalidez constitucional de la ley 24.700. Ahora, los empleados que todavía reciban vales (si es que queda alguno después del affaire del corrupto Lynch), podrán computar esos montos en la indemnización por despido.

Celebramos la sentencia como todo esfuerzo encaminado a terminar con los timos en las relaciones laborales argentinas.

Ahora “Disco”, sólo podrá embaucar con sus ofertas de fin de semana (?)

Ese es el famoso Arriola (?)

archubi-1

Hace tiempo que quería referirme al fallo “Arriola” por el cual la Corte Suprema de la Nación Argentina declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737. No voy a hacer chistes sobre el origen rosarino de Arriola, ni sobre los manjares gatunos que se pueden comer a orillas del Paraná (?) acompañados de un buen vino tinto.

Descartada está nuestra opinión en sentido favorable a la sentencia porque la interpretación legal allí realizada es la que mejor se compadece con el concepto de “acciones privadas” previstas en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Para los bisoños en el tema, debe decirse que la Corte Suprema ha tenido una postura serpenteante y poco clara respecto a los estupefacientes en los últimos treinta años. Esos cambios jurisprudenciales, que un cualquier país serio se van dando imperceptible y gradualmente, aquí se dan de modo tosco y violento. Por eso es mas difícil ejercer la abogacía en Argentina que en cualquier otro país.

El primer precedente fue “Colavini” (Fallos: 300:254) en donde una Corte Suprema autoritaria se pronunció a favor de la criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Luego vino “Capalbo” (Fallos: 308:1392), en el que otra Corte, que uno supondría autoritaria por convivir con una dictadura, se apartó de tal doctrina, y dictó una sentencia liberal, en contra de la criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Después, ya en democracia, se dictó “Bazterrica” (Fallos: 308:1392). Allí, la Corte de Alfonsín, emitió una sentencia bien fundada, de esas que nos gustan porque protegen las garantías individuales como manda la Constitución, y consideró ilegítima la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Con posterioridad, la Corte dictó “Montalvo” (Fallos: 313:1333), que contrariamente, consideró legítima la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Finalmente, volvimos a “Bazterrica” con la sentencia “Arriola” del 25 de Agosto de 2009. En esta última sentencia se dan varias particularidades. La mas notoria es el viraje de criterio del juez Fayt. En Montalvo votó como autoritario. Y en Arriola se volvió liberal. Al parecer hizo un curso de panquequismo con Borocotó (?). Después tenemos los votos de Lorenzetti y Highton, que son autoritarios en la pesificación de los depósitos bancarios, pero liberales en esta materia de drogas. Nos cuentan que fueron ellos dos los mas interesados en dictar el famoso considerando 27), que en lo pertinente dice que “la decisión que hoy toma este Tribunal, en modo alguno implica “legalizar la droga””. Nos parece insigne y superlativo tener jueces del Alto Tribunal preocupados por su imagen y por el “que dirán” (?). Debieran recordar que la locución “juez sin agallas” es un oxímoron. Debieran igualmente tener al efecto presentes los casos “Fernández Valdez”, “Servini de Cubría”, “Cancela”, “Eduardo Menem”, Alsogaray” y “Chilavert”. En tal sentido, se reafirma una vez mas el escaso sentido del humor de los Tribunales en la valoración de la crítica caústica y vehemente de la prensa. A no dudarlo, los jueces citados tenían miedo de la tapa de los diarios del 26 de Agosto, con ellos caricaturizados con un porro y una gorra jamaquina (?).

Por lo demás, la cita del maestro Enrique Sampay y su libro “La filosofía jurídica del artículo 19 de la Constitución Nacional” se caía de madura. Corte peronista, cita de maestro peronista. Muy coherente.

El mejor voto es el de Petracchi, que es una remisión de dos renglones a su voto en “Bazterrica”. Gran juez. Cabe preguntarse si se necesitan 88 carillas para decir que una ley es inconstitucional. O basta, como nos parece a nosotros, apenas unos renglones para demostrar la incompatibilidad de una ley inferior con la Constitución Nacional.

Los votos de Zaffaroni y de Argibay eran esperables. Liberales al fin, votaron consecuentemente con su ideología.

En conclusión, estamos de acuerdo en un todo con la parte dispositiva de “Arriola”. Con la metodología de su dictado, no, porque siguen vigentes los mismos vicios judiciales de siempre.

Como prospectiva, reivindicamos la estabilidad de este precedente. Es mucho mejor para el país una doctrina estable durante muchos años en temas sensibles, que doctrinas posiblemente mejores, pero que desconcierten a los operadores jurídicos por su cambio repentino y sin aviso.

halloween_2007_ulf_Cannabis_sativa