Asignación universal e incostitucional por hijo

Babel

La semana pasada, nuestra benemérita Presidente, dictó el DECRETO NACIONAL DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 1602/2009, que es por el cual se incorpora inconstitucionalmente al régimen jurídico argentino la asignación universal por hijo para protección social.

Usted se preguntará: ¿Por qué se utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia? ¿El Congreso está cerrado? ¿Hubo un golpe de estado en Argentina y no nos enteramos? No, la verdad que no. El Congreso está funcionando y el oficialismo viene de obtener una importante victoria política con la sanción de la Ley de Servicios audiovisuales.

Entonces, los considerandos del decreto deben aclarar esta cuestión. ¿Qué dicen los considerandos del derecto para justificar que el Poder Ejecutivo legisle? Textualmente, doña Cristina dice “Que existe consenso entre la comunidad y las instituciones sobre la urgencia en implementar medidas que permitan combatir la pobreza así como brindar apoyo y asistencia a las familias como núcleo de contención natural y bienestar de la sociedad, mediante la adopción de medidas de alcance universal. Que la particular naturaleza de la situación planteada y la urgencia requerida para su resolución, dificultan seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional”. Como se advierte, se utiliza una falacia de inatingencia clarísima porque no explica la razón por la cual no pueden seguirse los trámites de una ley. La pobreza argentina es endémica y tiene mas de ocho décadas. ¿Por qué motivo entonces hay tanta urgencia como para justificar que el Poder Ejecutivo legisle? Como el lector es inteligente, seguramente se dará cuenta que NO HAY URGENCIA SERIA que impida seguir el trámite de una ley.

El artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en el segundo párrafo establece: “El Poder ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…”. De modo que, estando a la letra constitucional, cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse inconstitucional, presunción ésta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición general antes sentada, a saber, la descripta en los dos párrafos siguientes del Artículo 99.3: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.

La Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del CONGRESO DE LA NACION respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL. Sin embargo, esa intervención se ha desvirtuado en la práctica porque a la fecha nunca se ha desconocido autoridad de ningún decreto de necesidad y urgencia. De manera tal que, en la afligida Argentina de hoy, la Presidente legisla y el Congreso avala que le ocupen competencias funcionales.

Como conclusión tenemos que, en el caso del DECRETO NACIONAL Nº1602/2009 las “facultades legislativas” del Poder Ejecutivo no quedaron limitadas a ninguna de las dos circunstancias que prestablece la Constitución: imposibilidad de dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la ley fundamental; que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de leyes. Una vez mas, la mas alta autoridad de la República, comete otra grave infracción constitucional. La palabra “infracción” se traduce de la palabra griega anomía [a = sin, no + nómos = ley].

Ignorar la ley o no preocuparse por conocerla y obedecerla es el deporte favorito de los argentinos, lo cual es abominable.

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