El derecho a la doble instancia civil cuenta con jerarquía constitucional y convencional aunque el Frente Para la Victoria no quiera (?)

La ley 26536, que entró en vigencia el 7 de Diciembre de 2009, introdujo una reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su artículo 242, elevando el monto mínimo para apelar de $ 4369,67 (pesos cuatro mil trescientos sesenta y nueve con sesenta y siete centavos) a $ 20.000 (pesos veinte mil).

El proyecto fue presentado por el senador Pichetto, del oficialista Frente para la Victoria, y sancionado de urgencia previo a perder la mayoría parlamentaria. Adujo para fundarlo preocupación en orden a la “la agilización de los procesos de menor cuantía económica y el aligeramiento de tareas de los tribunales de alzada, para el mejor aprovechamiento de los recursos y el buen servicio de justicia”.

Esta reforma es una nueva privación de justicia de carácter general. Quienes quebrantan los derechos constitucionales de los ciudadanos no distinguen entre violaciones de mas o menos de veinte mil pesos. O sea que para nuestra Constitución Nacional no hay causas de menor cuantía. Bueno sería que nuestros legisladores, bajaran del olimpo y litigaran algún tiempo en nuestros tribunales antes de hacer estas reformas estúpidas. Que advirtieran, por ejemplo, que las sentencias de primera instancia (algunas de las cuales hasta tienen errores de ortografía) no son hechas por los jueces ni por los secretarios, sino por ayudantes del despacho judicial con escasos conocimientos y nula versación jurígena, muchos de los cuales ni siquiera son abogados. Que las sentencias de Cámara tampoco son escritas por los Camaristas, algunos de los cuales concurren tan solo dos veces por semana a las salas que integran, “porque esos son los días de acuerdo”. También debieran recordar que en los países de Europa continental, las causas de menor cuantía son las de menos de cuatro mil euros (€4000). Límite parecido al que ahora se derogó. Excepto que estos elitistas crean que hay que convertir esa cifra a pesos, al tipo de cambio vendedor del día anterior a sancionar la ley (?).

De manera que, en la práctica, esta reforma nos conmina a quedarnos, en las causas en las que se demanden menos de veinte mil pesos, con la última palabra de una apariencia de justicia, que vendrá a ser la de un secretario privado -o algún otro que padezca de idiocia- que le guste jugar a ser juez de primera instancia. Cosa que va a ocurrir en la mayoría de las ejecuciones, de las consignaciones, de las acciones por cumplimiento de contratos civiles o comerciales, de los juicios de daños y perjuicios derivados de la vecindad, de los daños derivados al consumidor, etc..

Repudiamos esta reforma que pretende conceptualmente que la justicia sea un elemento elitista para defender, por ejemplo, las participaciones accionarias en hoteles houtiques. Con esta reforma se logra que mucha gente desestime su voluntad de ir a la Justicia, logrando dejadez y pereza ciudadana. Cuando en realidad, lo que necesita nuestro país es una mayor participación de los ciudadanos como actores y promotores de un Poder Judicial idóneo.

Ya sé que, quienes no estén de acuerdo con esto, van a salir con aquella muletilla vacía que dice que la doble instancia procesal civil y comercial no cuenta con jerarquía constitucional. ¿No? ¿Seguros que no? Antes que ser un botarate, subnormal o imbécil (según la traducción al español de “moron”, palabra favorita de Dr. Gregory House, que en rigor de verdad quiere decir “persona cuya inteligencia se desarrolló hasta los ocho años de edad y allí se quedó”) que sostenga eso, debería releerse la “Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, ratificada por Argentina mediante ley 23.054. Aunque le cueste entenderlo a los gobernantes de turno, el litigante argentino posee un derecho fundacional constitucional a un debido proceso legal (que comprende el derecho a una segunda instancia judicial) previo a que sus derechos civiles y comerciales sean alterados judicialmente. Por eso, repudiamos la ley 26536 y creemos que los jueces que juraron su cargo por Dios, por la Patria y por la Constitución, no debieran aplicarla, ex officio, previo traslado a las partes. Porque en vez de agilizar los procesos, lo único que se logra son planteos que lo alargan mas. Desdeñamos también de ese concepto fascista en orden a la cual la Justicia es para unos pocos. Las clases mas bajas, las que tienen los verdaderos problemas de menor cuantía, no solo tienen un difícil o nulo acceso a los mejores abogados, sino que además tendrán una deficiente prestación del servicio de justicia.

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