Archivo | febrero 2010

Instigando la criminalidad desde la justicia

El ex presidente de San Lorenzo de Almagro, Fernando Miele, fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Número 25, en el juicio oral en el que se lo acusó del delito de “defraudación por administración fraudulenta”.

Lo primero que se nos ocurre a propósito de esto, parafraseando al mejor abogado de la historia, Marcus Tullius Cicero, es que “el gran instigador de la criminalidad es la esperanza de delinquir con impunidad”. Ese dogma fue dicho mas o menos en el año 70 antes de Cristo. Empero, en Argentina de 2010 parece que todavía no lo entendimos.

A Miele se lo acusaba, entre otras cosas, de entregar comisiones de hasta un cuarenta por ciento (40%) por ventas de jugadores, de la destrucción de contratos que probaban derechos a favor de San Lorenzo y de la sustracción de la recaudación de la semifinal y la final de la Copa Mercosur 2001.

Quienes esto escribimos somos hinchas de San Lorenzo de Almagro. En los ochentas y noventas no éramos partidarios de Miele, porque no nos convencía su “roba pero hace”. En los dos mil, tampoco somos partidarios de Guil o Savino, porque tampoco nos convence su “roba pero no hace”. Mas aún. Los nuevos vientos de cambio que se aseguran vendrán en nuestro amado club, por lo menos desde lo nominal, auguran mas de lo mismo. Abdo, Moretti, Arreceygor, Monner Sanz, etc., son en el mejor de los casos, distintos nombres pero misma prospectiva de conducta de los últimos treinta años.

Lo mas que mas encoleriza de la absolución de Miele es que la justicia argentina ignora, desde el derecho, lo que pasa en la realidad. Es paradójico, pero cualquier ciudadano común medianamente interiorizado de la vida institucional de San Lorenzo sabe que Fernando Miele sustrajo la recaudación de esos dos partidos de la copa Mercosur. Sin embargo, se necesitan cinco años de cursada de derecho (y el nombramiento para el cargo de juez) para poder ignorar jurídicamente lo que el sentido común indica.

Enfurece al ciudadano común, también, la incapacidad manifiesta de la justicia argentina para probar hechos evidentes. Otros países con fiscalías mas o menos serias han podido llevar a juicio y probar, maniobras financieras complejísimas de defraudación. Y obtuvieron condenas en los casos “World.com”, “Enron”, “Parmalat”, etc.. Ahora mismo se planea enjuiciar a gobernantes de Grecia y Portugal porque, con creatividad contable, han logrado disimular los groseros déficits públicos que amenazan a la eurozona con una gigantesca cesación de pagos. Sin embargo, el ministerio público argentino no pudo probar que un presidente de uno de los clubes mas importantes de fútbol del país, sustrajo una recaudación o rompió las hojas de contratos que contenían derechos a favor de la Institución. Imaginemos que esos fiscales fueran empleados de alguna empresa nuestra (en rigor técnico, son mandatarios de todo el pueblo): los echaríamos por manifiesta incompetencia sin dudarlo un solo minuto.

En suma, otra enlutada conducta de la justicia argentina. Vale recordar lo que dijo alguna vez Thomas Jefferson, quien fuera el tercer presidente de la historia de Estados Unidos y uno de los autores de la “Declaration of Independence”: “No nation is permitted to live in ignorance with impunity”. En Argentina está permitido. Porque la única idea verdaderamente poderosa que se transmite fácilmente a las masas sin delicadeza es la impunidad.

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La imparcialidad de un juez socialista, vista desde la mas recalcitrante izquierda kirchnerista (?)

Uno de los decanos ministros de la Corte Suprema de Justicia argentina, al salir de su departamento y ser consultado por un movilero de un canal de noticias de línea editorial opositora al actual gobierno acerca de un caso puntual, lo mandó a leer el art. 99 inciso 3ero de la Constitución Nacional. La ocurrencia, atípica en nuestra vida institucional, suscitó todo tipo de comentarios. El canal celebró la correncia y ensalzó al veterano ministro. La izquierda toda (incluídos algunos blogs jurídicos indecorosamente serviles al proyecto político gobernante) refunfuñó so pretexto de que se trataba de un claro (?) prejuzgamiento en la elección de la norma y ello afectaba la imparcialidad del juez en cuestión. La ironía que encierra todo esto viene dada porque el ministro del que hablamos fue socialista toda su curtida vida.

El tema se entronca con la imparcialidad del juzgador, cuestión de vital importancia para la tramitación justa y constitucional del debido proceso. Debemos decir que la recusación es por regla la única arma con que cuenta la parte para discutir la investidura del juez. En la práctica, la mayoría de las recusaciones resultan rechazadas. No por infundadas, sino por el espíritu corporativo que prima en la justicia, debido al cual, todos los jueces defienden la jurisdicción de sus pares, como forma de auto-protección para cuando ellos sean recusados.

¿Cuál es la razón que esgrimen los detractores del ministro para censurar su acción? Blanden el argumento de que existiría un temor de parcialidad por la elección de esa norma y no otra, lo cual afectaría su imparcialidad a la hora de decidir y alimentaría la desconfianza sobre su proceder futuro. A nuestro modo de ver, quienes así piensan se equivocan de modo manifiesto: el juez no es una máquina de hacer silogismos sino un ser humano. Por ello resulta evidente que el hecho de sentenciar no puede consistir en el hecho de arrojar datos judiciarios. Menos aún puede significar adelantar opinión la divulgación de la norma constitucional que contiene uno de los principios republicanos mas defendidos en los últimos trescientos años: “el Poder Ejecutivo no puede legislar”.

A mayor abundamiento, los mismos que censuran al proceder del ministro, olvidan que las opiniones académicas fuera del proceso, no constituyen causal de pérdida de imparcialidad. De otro modo, el mas grande penalista de la Corte no podría fallar en ninguna causa de derecho penal. Y su presidente, en ninguna causa que versara sobre derecho contractual. O la vice-presidente, sobre causas en que se discutan derechos reales. Porque las opiniones vertidas en abstracto nunca pueden ser forzadas a una causa concreta, cuya resolución dependerá de un sinnúmero de factores particulares del expediente.

Por lo demás, la opinión del juez que se aduzca como causante de pérdida de imparcialidad DEBE HABER SIDO EMITIDA DENTRO DEL PROCESO, cosa que no aconteció en la especie. Quienes hierven por cualquier hecho que ven como conspirativo, en vez de verbenear por cualquier cosa, esa jarca debiera estudiar más. Así se enterarían que en el Reino Unido de Gran Bretaña, en donde la opinión común cree que existe el mejor servicio de justicia del mundo occidental, los jueces pueden consultar a otros colegas delante de las partes acerca de cómo decidirían el juicio, y discutir de viva voz con los letrados demostrándoles su error, sin que a nadie se le ocurra que por ello hay prejuzgamiento. Porque esa herramienta es útil también para los abogados, porque les permite conocer sus puntos flojos desde la óptica de quien estará llamado a decidir.

En conclusión, loamos y encomiamos la acción del añejo magistrado. Porque como quedó dicho, no le creó inhibiciones para conocer en el futuro juzgamiento de la causa toda vez que, con su instigación a la lectura constitucional, no se convirtió en iudex inhabilis ni en iudex suspectus. Y a la vez, popularizó un dogma básico republicano. No conceptuamos semejante acción como disvaliosa. Antes bien, estamos persuadidos que agites como ese ayudan a erradicar el credo oscurantista de la justicia que tan bien combate Lisbeth Salander, nuestra heroína favorita de la literatura del siglo XXI.