Un juicio rápido es mejor que excarcelaciones tarifadas

La presidenta de Argentina debiera saber que las cosas que ella dice tienen peso propio, por emanar de la boca de la mas alta magistratura de la Nación. De allí que cuando no se amilanó para denunciar “que los jueces tarifan las excarcelaciones”, lo único que estaba haciendo –además de demostrar su ignorancia del derecho procesal penal- fue evidenciar uno de los grandes lastres del sistema penal argentino: los presos sin condena.

No nos vamos a extender en discusiones bizantinas. Todos sabemos que la mayoría de los privados de la libertad en Argentina no tienen una condena firme. O lo que es lo mismo, están sometidos a proceso (ergo, son conceptual y jurídicamente inocentes) pero sin embargo están privados de su libertad ambulatoria.

Estados Unidos tiene una ley federal que rige la cuestión que nos parece un buen modelo a seguir. Es la “Speedy Trial Act of 1974” que establece que el juicio oral de un acusado debe comenzar dentro de los 70 días de haber sido dictado su procesamiento o de su declaración indagatoria (la ley habla de “indictment” y de “initial appearance” como punto de partida; para los que no están familiarizados con el sistema legal estadounidense, diremos que la inicial appearance, es algo así como una audiencia de vista de causa, previa al juicio oral, en el que el acusado es informado de los cargos en su contra, y se le pregunta como se declara –culpable o inocente-, para luego el juez fijar fecha de su juicio oral).

Si el juicio oral no se realiza antes de la deadline de los 70 días, los cargos en contra del acusado serán desestimados sin mas trámite que la comprobación del cumplimiento del plazo. Cabe agregar que dentro de ese plazo de caducidad de 70 días no se computan los días en que se retrasó el juicio por culpa de planteos del abogado defensor. Pragmatismo en su estado mas puro.

Resumiendo, si nuestra benemérita presidenta no quiere mas excarcelaciones tarifadas (además de individualizar, acusar y someter a proceso a los jueces sindicados como responsables de esas conductas criminales), debiera auspiciar una ley de juicio rápido para los privados de la libertad sin condena.

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