Sex SMS: put me your handcuffs, officer! (?)

Debido a motivos laborales inexpugnables (?), estamos un poco atrasados en la actualización de Palabras Periódicas, porque hay varios fallos de los últimos tiempos sobre los que queremos hacer mención.

El primero que merece un comentario es el de la Corte Suprema de Estados Unidos dictado en Junio 17 de 2010 en la causa ONTARIO v. QUON. La causa trató sobre el derecho a la privacidad de empleados públicos (policías) que usaron teléfonos pagados con dineros también públicos para mandar mensajes de texto que involucraban cuestiones ajenas a sus funciones (algunos de los mensajes eran sexualmente explícitos). Por eso, la próxima vez que veamos a un policía en una esquina mandando un mensaje de texto, fácilmente colegiremos que la naturaleza humana de los remitentes no difiere por el lugar de cumplimiento de funciones (?).

La Cámara de Apelaciones resolvió que la trascripción de los mensajes de texto violó el derecho de privacidad de los libidinosos oficiales, porque estos tenían una razonable expectativa de privacidad en el sentido de que no iba a ser leidos por sus superiores (siempre que estos últimos no fueran sus amantes (?)).

La Corte Suprema, en cambio, rechazó esa argumentación y sostuvo que la investigación del Departamento de Policía de Ontario fue razonable porque la Constitución protege la privacidad, la dignidad y la seguridad personal contra invasiones arbitrarias del gobierno, sin importar que esté investigando un crimen o cumpliendo cualquier otra función de pesquisa. Empero, en este caso entendió que no había arbitrariedad en la conducta del Departamento de Policía de Ontario porque la investigación tuvo propósitos relacionados con el trabajo preciso de poder de policía y con la correcta prestación del servicio de telefonía contratado. Por eso, revocó la sentencia y mandó a dictar un nuevo fallo.

Es clarísimo que los policías actuaron mal. Sin embargo, en este caso, se leyeron sus mensajes sexuales sin orden de un juez. De manera que, en nuestra opinión, el Estado terminó violando el derecho de privacidad para sancionar lo que, en el mejor de los casos, es una falta administrativa o una falta ética. Luego, la sentencia de la Corte de Estados Unidos invirtió el orden de prelación normativa porque dio preeminencia a una norma de rango inferior en desmedro del sagrado derecho a la privacidad.

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