Prescripción liberatoria dentro del proceso

Los abogados nos caracterizamos por ser gente conservadora. Somos gente que miramos toda nuestra vida profesional hacia el pasado (las causas judiciales, son, ni mas ni menos, que el cotilleo de la pequeña historia). En vez de hablar sobre Napoleón y Waterloo (la historia a gran escala), nosotros trabajamos sobre los daños que Ticio le produjo a Cayo (la historia en pequeña escala). Si a eso le agregamos que tenemos nuestra conducta limitada por normas, necesariamente tenemos que ser moderados por deformación profesional. Sin embargo, en este caso, aunque nos cueste (?), vamos a intentar innovar un poco.

A lo que queremos referirnos es al tema de la prescripción liberatoria, que es el modo de liberar al deudor de una obligación gracias a la inacción del acreedor y al transcurso del tiempo fijado por la ley.

En concreto, nos preguntamos si a la luz de la normativa vigente, el derecho puede prescribir durante el decurso de un proceso judicial. La respuesta, en el fuero penal, es indudablemente afirmativa. Empero, en el fuero civil, o comercial, o laboral, la respuesta presenta aristas diferentes.

Nuestro Código Civil dispone que la prescripción liberatoria es un derecho que puede ser invocado hasta la contestación de la demanda (art. 3962 del Código Civil). Después de ese momento, no se puede invocar. También, el Código Civil también regla que la demanda judicial, interrumpe el término de la prescripción (art. 3987 del Código Civil). O sea que, deducida la demanda judicial, el tiempo de prescripción vuelve a cero en su contador.

Pero la práctica judicial encuentra problemas que no se plantearon hace ciento cuarenta años. En efecto, muchas veces ocurre que se entabla la demanda y hasta la notificación al deudor, trascurre mas tiempo del necesario para que la acción prescriba. Por ejemplo, en una acción por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual, la acción prescribe a los dos años del hecho. Supongamos que la demanda se entabla al año y nueve meses del hecho. Esa demanda interrumpió el término de la prescripción por aplicación del art. 3987 del Código Civil. O sea que desde la fecha de la demanda (la del cargo del escrito) empieza a correr nuevamente un término de prescripción de dos años. En nuestro ejemplo, imaginemos que por una cuestión de competencia, existe una inhibitoria de un juez. Y del peregrinar por los anquilosados procedimientos argentinos, terminan pasando mas de un bienio desde la fecha del cargo de la demanda.

La pregunta que cuadra formularse es: ¿puede el deudor oponer la prescripción al contestar la demanda, pero en vez de contar desde el momento del hecho, tomar como punto de partida a la fecha de interposición de la demanda? Dicho en otras palabras: ¿puede prescribir el derecho del acreedor durante el proceso? La respuesta es, a nuestro entender, sin ambages, AFIRMATIVA. Porque si desde la demanda hasta el emplazamiento transcurre el plazo de la prescripción, el demandado puede oponer dicha defensa toda vez que, por principio de legalidad, lo que no está prohibido, está permitido. Además, porque todos los derechos son prescriptibles. Lo que sin dudas incluye a los derechos dentro del proceso. Por último, esta solución es la de mayor equidad. Si el actor es negligente, y tarda muchos años en impulsar el proceso, el demandado deberá pagar intereses por un estado moratorio que no le es imputable. Luego, la forma de compelir a que los acreedores sean celosos en el impulso de los trámites de sus causas, es permitir la prescripción de los derechos dentro del proceso.

Quienes se inclinan por la tesis negativa, dicen que la interrupción producida por la demanda se prolonga durante toda la duración del proceso. Indican que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva, debiendo primar siempre la subsistencia del derecho. Esa tesis no es para nosotros convincente. Porque, si bien es cierto que en casos de duda, debe estarse a favor de la subsistencia del derecho, ese principio no se puede extender para casos en los que no existe duda sobre el transcurso del término prescriptivo. Además, esta solución no encuentra apoyo en el Código Civil. Porque, si bien es cierto que la demanda judicial interrumpe el término de la prescripción (art. 3987 del Código Civil), no lo es menos que la citada disposición en modo alguno dice que interrumpe y suspende el término de prescripción durante todo el tiempo que dura el proceso. Lo único que dice, es que interrumpe. Y si interrumpe, no suspende. En ninguna parte de nuestro Código Civil se dice que la demanda interrumpe y suspende la prescripción al mismo tiempo. Como se ve, hasta ahora, lo único que ha logrado la tesis negativa es favorecer a los acreedores incuriosos. De manera que, lo que se logró, fue llenar a los Tribunales de causas anquilosadas, que tardan años de tramitación.

Sucintamente, para mejorar la justicia nuestra de todos los días, creemos que es una buena medida que se haga jurisprudencia mayoritaria, aquella doctrina que sostiene que si desde la demanda hasta el emplazamiento transcurre el plazo de la prescripción, el demandado puede oponer dicha defensa; porque esta tesis estimula el celo de las partes para apresurar la conclusión de los procesos. Que es lo que todos queremos.

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