El caso Carrera y la prohibición de auto-incriminación

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Hace tiempo que no escribo, pero el caso de Fernando Carrera me motivó a volver a la famosa ristra de palabras que es este blog.

Cualquier imputado por un delito tiene derecho a no declarar. Esa garantía funciona como valladar frente a las compulsiones del sistema represivo judicial. El privilegio constitucional contra la auto-incriminación es absoluto: el imputado no corre peligro de que su situación procesal pueda agravarse con motivo de su libre arbitrio de declarar, cómo declarar o sobre qué declarar. Ferrajoli habla en la doctrina italiana de un verdadero “derecho del silencio”.

Con estas ideas en mente, veamos qué dijo la sala III de la Cámara de Casación en el caso Carrera: “sin tomarse como prueba en contra su negativa a declarar, pese a ser un acto de defensa, lo cierto es que ese silencio no deja de llamar la atención, máxime frente al trágico suceso que se le enrostraba. No pudo deberse a su deteriorado estado de salud, porque la voluntad de hablar para defenderse es ingénita al ser humano. En efecto por experiencia se conocen situaciones, en las que aún con un mínimo aliento de vida, el inocente cuenta lo sucedido”.

¿Qué parte no entendió la Cámara del art. 18 de la Constitución. ¿”Nadie”? ¿”Puede”? ¿”Ser”? ¿”Obligado”? ¿”A declarar”? o ¿”Contra sí mismo”?. El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo esta preceptuado en el art. 18, CN (textual: “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”); art. 8.2.g, CADH; y en el art. 14.3.g, PIDCP.

Sucintamente, entiendo que existe una directa violación del principio de inocencia que tutela a Carrera, puesto que se invirtió la carga de la prueba en cabeza del imputado cuando a su silencio se lo tomó como indicio en su contra.  Se violentó además, su derecho a la prohibición de auto incriminación y se afectaron las garantías receptadas en los artículos 18 y 75 inc. 22 de la C.N..

Por lo demás, la sentencia de Casación no tuvo una unidad lógico jurídica porque dos de tres magistrados sospecharon del silencio del imputado como conducta desfavorable y la tercera no firmó una disidencia. La Corte Suprema nacional tiene dicho que “la sentencia es una unidad lógico- jurídica, cuya validez depende de coincidencias sustanciales en los fundamentos (y no solo en la parte dispositiva) de la mayoría absoluta de sus miembros” (CSJN; autos “Adalberto J.R. Muñoz v Agencia Noticiosa Saporiti S.A.”; Fallos 325:432), pauta que, a mi entender, no se cumplió en la especie.

Por último, la sola aseveración de que “llama la atención el silencio de Carrera” comprometió per se la cláusula constitucional de derecho al silencio que lo asiste (vale destacar que su silencio estuvo plenamente justificado porque recibió 18 balazos), puesto que dejó entrever a todas luces el pensamiento desiderativo de la Cámara en orden a que Carrera era un delincuente.

Todos esos elementos de derecho constitucional, imponen, desde mi óptica de operador jurídico, la descalificación como acto jurisdiccional válido de la sentencia de Casación que se llevó recurrida a la Corte Suprema.

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