El derecho a la doble instancia civil lo otorgan los Pactos de Derechos Humanos pero la Corte Suprema no lo sabe (?)

nazi-courts

La acordada 16/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación adecuó el monto fijado en el segundo párrafo del artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y lo fijó en CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000). Esa acordada es de aplicación inmediata siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de la ley anterior.

La fijación de un monto tan para acceder a la segunda instancia es una clara privación de justicia. Se entendería se semejante enormidad dispuesta por Lorenzetti y compañía, si las sentencias de primera instancia fueran productos de calidad, redactados por jueces constitucionales (no por esos engendros llamados “jueces subrogantes”) y no existieran los malditos escriban en los que los jueces delegan la alta tarea de juzgar la vida y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.

Quien viola derechos de los ciudadanos no distingue montos de mas o menos de cincuenta mil pesos. A lo que cuadra agregar que para nuestra Constitución Nacional no hay causas “de menor cuantía” como pretende Lorenzetti. Bueno sería que nuestros jueces de la Corte, bajaran del olimpo y litigaran algún tiempo en nuestros tribunales de primera instancia. Que advirtieran, por ejemplo, que las sentencias de primera instancia (algunas de las cuales hasta tienen errores de ortografía) no son hechas por los jueces ni por los secretarios, sino por ayudantes del despacho judicial con escasos conocimientos y nula versación jurígena, muchos de los cuales ni siquiera son abogados. Que las sentencias de cámara tampoco son escritas por los camaristas, algunos de los cuales concurren tan solo dos veces por semana a las salas que integran, “porque esos son los días de acuerdo”. También debieran ponderar que en países de Europa continental, las causas de menor cuantía son las de menos de cuatro mil euros (€4000). Límite similar al actual, conventido al tipo de cambio paralelo que el presidente de la Corte conoce bien desde la época rafaelina (?).

De manera que, en la práctica, esta reforma nos conmina a quedarnos, en las causas en las que se demanden menos de cincuenta mil pesos, con la última palabra de una apariencia de justicia, que vendrá a ser la de un secretario privado -o algún otro que padezca de idiocia- que le guste jugar a ser juez de primera instancia. Cosa que va a ocurrir en la mayoría de las ejecuciones, de las consignaciones, de las acciones por cumplimiento de contratos civiles o comerciales, de los juicios de daños y perjuicios derivados de la vecindad, de los daños derivados al consumidor, etc..

Con esta reforma se logra que mucha gente desestime su voluntad de ir a la Justicia, logrando dejadez y pereza ciudadana. Cuando en realidad, lo que necesita nuestro país es una mayor participación de los ciudadanos como actores y promotores de un Poder Judicial idóneo, trabajador y responsable.

Ya sé que, quienes no estén de acuerdo con esto, van a salir con aquella muletilla vacía que dice que la doble instancia procesal civil y comercial no cuenta con jerarquía constitucional según los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No? ¿Seguros que no? Antes que ser un subnormal que sostenga eso, debería releerse la “Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, ratificada por Argentina mediante ley 23.054. Aunque le cueste entenderlo a la propia Corte de turno, el litigante argentino posee un derecho fundacional constitucional a un debido proceso legal (que comprende el derecho a una segunda instancia judicial) previo a que sus derechos civiles y comerciales sean alterados judicialmente. No lo sostenemos nosotros. Lo dice, ni mas ni menos, que la letra de la Convención Americana de Derechos Humanos que la Corte Suprema aplica selectivamente (?). Desdeñamos con énfasis de ese concepto fascista en orden a la cual la justicia de las instancias mas altas debe ser para unos pocos que discutan mucho monto. Las clases mas bajas, las que tienen los verdaderos problemas de menor cuantía, no solo tienen un difícil o nulo acceso a los mejores abogados, sino que además tendrán una deficiente prestación del servicio de justicia de primera instancia. Con jueces viejos, que no tienen pergaminos para ascender a las instancias superiores. Que se sienten frustrados porque treintañeros ganan concursos que ellos no. Que su desgano los lleva a delegar y subdelegar el estudio de los expedientes. Como dijo don Quijote, “Dadme una justicia de calidad de primera instancia. Y luego estableced un límite para la apelación”. O alcanza con que, al menos, los jueces supremos lean la letra expresa del art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y revisen la acordada 16/2014 (?)

Anuncios