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Después de la experiencia populista kirchnerista, in legibus salus

Pasamos doce años aciagos. Ganó la presidencia un autoproclamado republicano, que en los hechos nos es mas que otro populista, pero ahora con sesgos de derecha. Parece que a Argentina le costara ser una república sólida, con instituciones fuertes y un poder judicial en el que Vivíana Fein sea la excepción pero nunca la regla.

La Constitución asegura a todos derechos cuya materialización es una aspiración legítima. Pero en esta tierra algunos creen que les asiste el derecho de imponer a otro en carácter de obligación exigible, irrenunciable, el modo de vida del que ellos gustan.

Cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos fáciles para un mal ocasional, recurre a facultades de que no está investido, crea, aunque conjure aquel mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace de difícil contención: el de identificar atribuciones legítimas en orden a lo reglado, con excesos de poder. Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir en extralimitaciones, y lo que en sus comienzos se trata de justificar con referencia a situaciones excepcionales o con la invocación de necesidades generales de primera magnitud, se transforma, en mayor o menor tiempo, en las condiciones normales del ejercicio del poder. Ocurre después algo peor. Los mismos gobernados se familiarizan con el ejercicio, por parte del gobierno, de atribuciones discrecionales para resolver problemas. Y entonces, consciente o subconscientemente, pero siempre como si el derecho escrito vigente hubiera sido substituido o derogado por un nuevo derecho consuetudinario, cada sector de la comunidad exige, si está en juego su propio interés y es preciso para contemplarlo, que la autoridad recurra a cualquier desvío o exceso de poder. A cualquiera, no importa en qué medida, basta que sea idóneo para que la pretensión reclamada sea inmediata y favorablemente acogida; y así su concesión no comprometa el patrimonio estatal será más fácil y cómodo para el gobierno acordar lo pedido que denegarlo.
De esto se hace después una práctica. Así se va formando lo que se da en llamar “una nueva conciencia”. Nada va quedando ya que sea pertinente por imperio de la ley o a través de sus instituciones, y el derecho se adquiere, se conserva o se pierde sin más causas que la propia voluntad del gobernante o la benevolencia sectaria con que hace funcionar su discrecionalidad.
El logro de cualquier aspiración, aunque se funde en el más elemental de los derechos, pasa entonces a depender de decisiones graciables. Incluso puede acontecer que el gobernante, cuya máxima función es asegurar el imperio de la legalidad, busque revestir sus actos de gobierno, aun los legítimos, de una generosa arbitrariedad, llevando así al ánimo del pueblo la sensación de que un sistema de derecho estricto no es compatible con el progreso.
El estado de derecho queda así suplantado por el caos de hecho. Desaparece la estabilidad jurídica y el pueblo, única fuente de soberanía, advierte, cuando es tarde, que la ha ido depositando paulatina y gradualmente, en manos de quien detenta el poder.
Para evitar que se llegue a tan lamentables extremos nuestra Carta Fundamental contiene diversas y acertadas previsiones, y la tarea de velar por su cumplimiento y hacerlas efectivas está asignada en última instancia al Poder Judicial. A él confía esa misión superior, y de su cabal cumplimiento depende, en definitiva, que las garantías constitucionales llenen su única finalidad: la de actuar como barreras infranqueables ante cualquier avance indebido de la autoridad. Ni a título de excepción, ni aun cuando considerado aisladamente uno de tales excesos pudiera tenerse por eficaz para atemperar un mal o para producir un beneficio, están los jueces habilitados para cohonestar los excesos de poder “in legibus salus”“.

No lo dijimos nosotros. Lo sostuvo en Abril de 1958, ese gran jurista argentino que fue Sebastián Soler. En el amarillento 2016 macrista sigue pasando exactamente lo mismo que en los doce años tormentosos previos que asonaron esta tierra de oportunidades.

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La regla de la exclusión probatoria fue desconocida recientemente por la Corte de EEUU (Arizona v. Johnson)

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Terry vs. Ohio (392 U.S. 1 1968), es un caso famoso de la United States Supreme Court, muy conocido por los penalistas argentinos gracias al aporte de Alejandro Carrió. Dicen por los pasillos de Tribunales que cuando uno pide una nulidad con fundamentos constitucionales dentro de un proceso penal, los jueces van directo al libro del nombrado. Si lo planteado está explicado en el libro de cabecera, hay altas chances de obtener una victoria. En el caso contrario, será desestimado porque los jueces no se animan a leer las sentencias foráneas sin traducción e interpretación mediante, lo cual habla de la vasta cultura de nuestra judicatura (?).

En Terry vs. Ohio se decidió que la prohibición constitucional de detenciones y requisas irrazonables no se ve afectada cuando un oficial de policía para a un sospechoso en la calle y lo requisa sin causa probable para arrestar, únicamente cuando el oficial de policía tenga una sospecha razonable -basada en constancias objetivas- que la persona detenida o requisada ha cometido, está cometiendo, o está a punto de cometer un crimen. También dijo el fallo que, para la propia protección de la integridad del personal policial, los oficiales pueden buscar en las ropas exteriores del detenido en procura de sacarle eventuales armas que pudieran eventualmente lastimar a los policías. Todo ello, siempre sobre la base de “hechos específicos que, evaluados todos juntos con inferencias racionales que partan de esas bases fácticas, razonablemente permitan la intrusión policial en los derechos del detenido” para permitir un post hoc judicial review de la actitud policial. En suma, Terry vs. Ohio permite la investigación de personas en la vía pública sin orden judicial en casos en que el status fáctico es menor como para que exista causa probable para detenerlas.

Si esos hechos específicos que, evaluados todos juntos con inferencias racionales que partan de esas bases fácticas no habilitaban la intrusión, toda la prueba de cargo obtenida es nula y no puede usarse contra el encausado. Por eso es muy importante para un estado constitucional tener policía educada e instruida correctamente.

La misma regla de Terry vs. Ohio se extendió a las detenciones vehiculares en el caso Berkemer vs. McCarty de 1984 . En Enero 26 de 2009 la United States Supreme Court decidió el caso Arizona v. Johnson que se inscribe dentro de la misma línea argumental.

La Corte dijo que en el contexto de una infracción de tránsito, un oficial de policía (de nombre María Trevizo en este caso) puede detener el vehículo de Johnson y que esa detención es razonable mientras dure la indagación por la violación de tránsito. En este caso, la policía, a partir de las preguntas de la infracción de tránsito llegó a la conclusión de que Johnson integraba una padilla y era probale que tuviera un arma de guerra encima por integrar esa pandilla (?). Johnson fue condenado por esa posesión de arma de fuego y la Corte de Arizona revocó la condena porque sostuvo que su requisa fue ilegal e inconstitucional. La United States Supreme Court revocó a su vez la sentencia de la Corte de Arizona. Para ello sostuvo que la oficial podía constitucionalmente requisar al conductor o acompañante, aún cuando la detención del vehículo haya empezado por otra cuestión menor, cuando tenga bases articulables para creer que las personas del interior del vehículo puedan estar armadas o se presuman peligrosas. La Corte resolvió que: (a) La primera condición para que se cumpla el standart con Terry vs. Ohio es la primera detención fuera legal y la entendió cumplida en el caso porque había una violación de las normas de tránsito; (b) La policía, para proceder mas allá de la cuestión de la infracción de tránsito –es decir, para requisar a conductor y ocupantes-, necesita creer que alguno de los ocupantes del vehículo ha cometido, esta cometiendo o va a cometer un crimen como en Terry vs. Ohio;
(c) La Corte Suprema dijo finalmente que la oficial Trevizo no estaba constitucionalmente obligada a dejarlo ir después de la infracción de tránsito sin averiguar si no estaba dejando detrás suyo una persona peligrosa.

Nos parece que los argumentos de la Corte Suprema no son consistentes. En el caso no existía una base concreta de hechos para justificar que Johnson estuviera cometiendo el delito de portación de armas duarante la detención por la infracción de tránsito y ni hechos reveladores que le permitieran a la oficial Trevizo inferir nada parecido. De allí que la detención haya sido ilegal y el secuestro del arma debiera haber sido excluido como prueba de cargo en el proceso contra Johnson.

FACEBOOK CIA 1984 (?)

Facebook Advertising

Últimamente, el tema inextricablemente en boga es la red social llamada FACEBOOK. No hay reunión, cita, charla banal o polémica que no se adentre en esta cuestión. Todos, absolutamente todos, tienen algo que decir al respecto.

No vamos a explayarnos aquí sobre las bondades de pick up girls (?) que ofrece la mentada red social. Antes bien, lo que nos ocupa tiene que ver con que FACEBOOK trata y manipula derechos personalísimos de las personas. En general, tratándose de esos derechos no es posible la prueba directa de su violación y no requieren prueba específica de su conculcación pues debe tenérsela por acreditada por la sola existencia de la acción antijurídica efectuada por el responsable.

Lo mas alarmante de FACEBOOK viene dado por la gran cantidad de información que posee de los usuarios. Ese cúmulo de poder informativo puede atentar contra el derecho de todo individuo a que se respete ese ¨santuario¨ que es su intimidad, su identidad personal, su sentido de socialidad, su imagen (Ekmekdjian, Miguel A. ¨ Derecho a la información¨ p 52). Porque ese poder informativo puede producir una afrenta que ponga en juego la dignidad y el honor de los integrantes de la red, lesionando sus derechos subjetivos en el medio social al que pertenecen, desacreditándolos, menoscabando sus afecciones y sentimientos. Todo ello podría configurar una grave violación al derecho a la intimidad del art. 1071 bis del Código Civil argentino. Sin embargo, la mayor parte de la gente que conforma esa red social no es consciente de ello. Por eso, habremos de intentar abrir los ojos de los amigos facebookeros (?) en procura de encender una señal de alarma.

La primera gran cuestión que involucra FACEBOOK es el derecho a los datos personales. Es bien sabido que la información sensible tiene valor comercial dentro del mercado ilegal y que es comprada y vendida. De allí que, para prevenir dolores de cabeza ulteriores, lo mas aconsejable es evitar todo tipo de información sensible en FACEBOOK (verbigracia, omitir cualquier cuestionario que pueda permitir inferir la orientación sexual, religiosa, política, raza, nacionalidad, ideología, opinión gremial, posición económica, condición social o caracteres físicos).

El segundo gran tema concierne a los derechos sobre la propia imagen. El derecho a la intimidad se encuentra también aquí involucrado en el marco del recordado art. 1071 bis del Código Civil, pero también el tema hunde sus raíces en el ámbito del derecho a la imagen (art. 31 y concordantes de la ley 11.723). La protección del derecho a la propia imagen es independiente de la tutela al honor y a la intimidad. Toda persona tiene sobre ella un derecho exclusivo que se extiende a su utilización de modo de poder oponerse a su difusión sin su autorización (cfr. Lorenzetti, “Constitucionalización del Derecho Civil y derecho a la identidad personal en la doctrina de la Corte Suprema”, L.L., 1993–D–673). En relación al art. 31 de la ley 11.723, difunde la Corte federal que el legislador ha prohibido –como regla– la reproducción de la imagen en resguardo del correlativo derecho a ella, que sólo cede si se dan circunstancias que tengan en mira un interés general que aconseja hacerlas prevalecer por sobre aquel derecho (J.A., 1989–I–89). En cualquier caso, siempre es aconsejable guardarse la última palabra sobre la publicación o no de la imagen. Empero, bueno es recordar que esa última palabra decisiva fue regalada a FACEBOOK al firmar el contrato.

El tercero gran tema tiene que ver con las cláusulas abusivas del contrato predispuesto que uno firma con FACEBOOK cuando abre una cuenta. Esos Términos y Condiciones de Servicio de Red Social (?) son realmente leoninos. Es excesivo, exagerado, descomedido otorgarle a FACEBOOK un permiso genérico e irrevocable para ubicar y reproducir públicamente, de la forma que a ellos les plazca, cualquier contenido que subas a tu cuenta (fotos, canciones, artículos, opiniones, datos personales, orientación sexual, religiosa, política, raza, nacionalidad, ideología, opinión gremial, posición económica, condición social o caracteres físicos, etc.). Ello es inicuo porque no existe otra contraprestación ni consentimiento mas que tu click brindado alegremente cuando abriste la cuenta. Si pensamos que además facultaste a FACEBOOK –itero, al abrir la cuenta- a ganar dinero con la eventual venta de tus datos o fotos, con la publicidad que te manden o hasta para poner en el comercio toda tu información (recordemos que se trata de material sociológico muy valioso), es claro que se trata de un típico ejemplo de contrato exorbitante que no podría ser invocado como fuente de derecho y obligaciones en ningún tribunal de Argentina.

Adpero, el problema que tenemos para llevar a juicio a FACEBOOK es el de la jurisdicción internacional. FACEBOOK no tiene la obligación de adaptar su política de privacidad a la ley de datos personales argentina porque no procesa los datos en el país. Sus servidores están en Estados Unidos y ese sería, prima facie, el lugar competente para una acción de liability. Por eso, si FACEBOOK vendiera nuestra información personal, una foto, canción o video nuestro, o lo que fuera que entendemos que nos pertenece, debiéramos ir a litigar a los juzgados competentes de Palo Alto, CALIFORNIA. De allí que sea mejor pensar antes de subir una foto o una canción porque ellos lo entienden, con una sesuda interpretación contractual abusiva, como una donación a la causa FACEBOOK (?).

Aquí haremos un alto para enunciar un mito urbano (imposible de verificar) que dice que FACEBOOK vale cientos de millones de dólares y fue creada con dinero de Greylock Venture Capital, un fondo de inversión que tiene un fuerte vínculo con la CIA. La más reciente inyección de capital a Facebook -27,5 millones de dólares- fue liderada por Greylock Venture Capital. Uno de los socios de Greylock es Howard Cox, que pertenece nada menos que el ala de inversión en capital de riesgo de la CIA. Ese ala de la central de inteligencia fue creada en 1999, su misión es la de “identificar y asociarse con compañías que estén desarrollando nuevas tecnologías para ayudar a proveer soluciones a la Agencia Central de Inteligencia” (?).

El cuarto tema que nos llama la atención está vinculado con el derecho procesal. Un letrado australiano ha comunicado la apertura de un proceso judicial por ejecución hipotecaria a dos deudores a través de FACEBOOK. El abogado se llama Mark McCormack y había intentado localizar a la pareja mediante el envío de una cédula a su último domicilio. Como vinieron sin notificar, el Tribunal Supremo del Territorio de la Capital de Australia le permitió utilizar FACEBOOK para comunicarles la apertura del proceso judicial. En Argentina es impracticable esto porque, a la vanguardia de la tecnología, tenemos oficiales notificadores en bicicleta (?).

Como corolario, cada vez estamos mas cerca de 1984, la gran novela de George Orwell—en realidad Eric Arthur Blair- en la que toca el tema del Estado totalitario. Un astuto y misterioso miembro de la dirección del partido dominante cree que el poder es el valor absoluto y único. Para conquistarlo no hay nada en el mundo que no deba ser sacrificado y, una vez alcanzado, nada queda de importante en la vida a no ser la voluntad de conservarlo a cualquier precio. La vigilancia despiadada de este Estado ha llegado a apoderarse de la vida y la conciencia de sus súbditos, interviniendo incluso y sobre todo en las esferas más íntimas de los sentimientos humanos. Todo está controlado por la sombría y omnipresente figura del Gran Hermano, el jefe que todo lo ve, todo lo escucha y todo lo dispone. Winston Smith, el protagonista, aparece inicialmente como símbolo de la rebelión contra este poder monstruoso, pero conforme el relato avanza está cada vez más cazado por este engranaje, omnipotente y cruel. Mientras ello es una realidad tangible, nosotros, cada vez estamos mas entontecidos y aturdidos por FACEBOOK.

El cannabis invita a nadar (?)

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Los medios masivos de comunicación han publicado una foto de un prodigio de la natación, que, dentro de una fiesta privada de unos estudiantes de una universidad californiana, ha fumando una pipa que al parecer contendría cannabis o algún estupefaciente derivado o análogo.
El deportista, a consecuencia de esta divulgación, ha perdido millonarios contratos publicitarios y su crédito social ha quedado severamente dañado.
El derecho a la intimidad personal o el derecho a la vida privada, forma parte del cartabón de derechos humanos, inherente a la esencia misma de los individuos, por la sencilla razón de que resulta necesario para una digna existencia y desarrollo de la persona humana. El derecho a la intimidad ha sido llamado también “el derecho a la soledad”, a “estar solo”, “a estar en paz”, etc., y se vincula a otros varios derechos específicos que tienden como meta evitar intromisiones extrañas en parcelas estrictamente reservadas al ser humano.
Normativamente el derecho a la intimidad ha sido establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional, y en el ámbito internacional en los arts. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,11 del Pacto de San José de Costa Rica, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; los cinco primeros integrantes del bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 CN).
Nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional ha dicho al respecto que el derecho a la intimidad “protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento, o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos: 306:1892; 314:1531, voto del juez Boggiano; 316:479, disidencia de los jueces Cavagna Martínez y Boggiano; 316:703). La Corte ha dicho también que gracias a la libertad de intimidad “se concede a todos los hombres una prerrogativa, según la cual pueden disponer de sus actos, de su propio cuerpo, de su propia vida, de todo cuanto le es propio, otorgando al individuo una base de señorío sujeta a su voluntad, que lo habilita para obrar validamente, reaccionando y oponiéndose a toda tentativa o propósito que pretenda torcer los límites de esa prerrogativa (CSN “Bahamondez Marcelo s/medida cautelar” sent. del 6 de abril de 1993, voto de los Dres. Barra y Fayt).
Todos estos postulados bajados al caso concreto del nadador estadounidense, llevan a concluir que con la publicación de esa fotografía –sin interés público idóneo que lo justificara- se ha violado en forma flagrante su derecho a la intimidad.
Ahora bien, dado el supuesto de que el nadador demandara a los medios que trascendieron la fotografía de marras, ¿Cuáles serían los argumentos defensivos por parte de los susodichos medios? A grandes rasgos, la defensa cliché (que sea estereotipada no quiere decir que sea mala, antes bien, si careciera de alguno de estos planteos, la contestación de la demanda podría acarrear una mala praxis curial) debiera contener los siguientes planteos: 1) Imposiblidad de que se condene al medio sin desobedecer las mandas constitucionales de los arts. 14 y 32 de la Carta nacional por afectarse la libertad de prensa; 2) Imposiblidad de que se condene al medio sin transgredir la doctrina legal del art. 1111 del Código Civil al no contemplarse que el nadador causó su propio daño (el art. 1111 es una gran art. del Código Civil que plasma, ni mas ni menos, aquel adagio que decían las abuelas en orden al cual “quien es culpable de su mal, quéjese a si mismo”); 3) Imposiblidad de que se condene al medio sin desacatar la doctrina del art. 1113 del Código Civil porque se haría responsable a la demandada por hechos de terceros por los que no debe responder (recuérdese que los medios no habrían tomado la foto, sino que la misma habría sido tomada por un amigo del deportista); 4) Imposiblidad de que se condene al medio sin violar la doctrinas de la Corte Nacional del “reporte fiel” derivado del caso “Campillay”; 5) Que no existe “real malicia” y que la demanda no alega los presupuestos básicos de la responsabilidad de la prensa (daño causado, interés social, conocimiento de la falsedad de la noticia, etc.). 6) Finalmente el medio demandado argüirá que no existe vínculo causal entre la publicación de la fotografía y las pérdidas millonarias de contratos que se intenta compensar.
¿Cuál es nuestra opinión? Que los jueces, de todas las instancias y fueros argentinos, debieran rechazar los argumentos cliché expuestos supra (en las causas en las que nos tocó intervenir pareciera que los estudios que patrocinan a los medios de comunicación tienen un archivo “.doc” que copian y pegan a la contestación de la demanda, cambiando solo nombre y oequeños detalles), por considerarlos sendas falacias de inatingencia al tema ventilado. Por lo demás, como toda sentencia debe ser fundada –menos la del art. 280 del C.P.C.C.N. (?)-, bastaría con remitirse a esta cita del leading case “Ponzetti de Balbín”. La Corte Suprema Federal argentina ha sido contundente al respecto señalando que “la prensa pasó a ser un elemento integrante del Estado constitucional moderno, con el derecho e incluso el deber de ser independiente a la vez que responsable ante la justicia de los delitos o daños cometidos mediante su uso, con la consecuencia jurídica del ejercicio pleno de dicha libertad … ni en la Constitución de los Estados Unidos ni en la nuestra ha existido el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Si la publicación es de carácter perjudicial y si con ella se difama o injuria a una persona, se hace la apología del delito, se incita a la rebelión y sedición, se desacata a las autoridades nacionales o provinciales, no puede existir dudas acerca del derecho del estado para reprimir o castigar tales publicaciones sin mengua de la libertad de prensa”.

Detención por particulares

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Tintinan los medios porque uno de los delincuentes mas buscados de la Argentina no fue apresado por las fuerzas de seguridad, sino por particulares cuando procedía a una presunta tentativa de robo de un automotor. Eso permite concluir que los particulares son mas eficientes que las fuerzas de seguridad en la prevención del delito (?).
Los particulares están facultados para detener a una persona cuando se encuentren en alguno de los supuestos que establece el Código Procesal Penal. Por particular debe entenderse todo ciudadano que no sea autoridad o agente de policía. El mas común de los casos de particulares que detienen gente son los agentes de seguridad privada de locales comerciales o de inmuebles afectados a renta y horizontal (?).
Los supuestos en que procede la detención vienen demarcados por el art. 287 del Código de procedimientos criminal. De allí que, para que la práctica de la detención sea válida, la misma sólo procede en los supuestos de: 1) quien que
intenta la comisión de un delito, en el momento en que se dispone a cometerlo; 2) quien se fuga estando legalmente detenido; y 3) al que es sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública que tiene prevista pena privativa de libertad. Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después; o mientras es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

¿Qué debe hacer el particular que detuvo a alguien en estas condiciones? Lo debe entregar inmediatamente a la autoridad judicial o policial.

¿Cuál es la duración de la detención? El tiempo necesario para que la custodia sea trasladada a la autoridad judicial o policial. O, lo que es lo mismo, lo que tarden las fuerzas de seguridad en aparecer (?). No deben confundirse con estas detenciones los casos de similar naturaleza que apenas son breves limitaciones a la libertad como consecuencia de la actividad llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función de prevención (por ejemplo, en los controles que se efectúan a quienes se disponen a salir del país, o en los que habitualmente se practican respecto del tránsito, donde se requiere la documentación del conductor, del rodado y, en su caso, de la carga transportada, e incluso se verifica el estado mecánico de la unidad, la correspondencia y autenticidad de su numeración individualizadora y si registra pedido de secuestro). Todo ello insume un tiempo durante el cual, aún cuando el requerido vea demorada su circulación, no es posible afirmar que se encuentre privado de su libertad.

En cambio, en los casos de flagrancia hay un verdadera detención. Y si es formulada por agentes de seguridad privada, debe cumplir los requisitos del art. 287 del C.P.P.N. so riesgo de cometer una detención ilegal y generar la nulidad de todas las actuaciones posteriores.