Cerebros judiciales crioconservados (?)

Dentro del marco del Expte n° 94282/2008, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con el voto de la vocal preopinante Dra. Marta del Rosario Mattera (conocida en el fuero de familia de la Capital por su falta de apego a las normas éticas en el ejercicio de la magistratura) accedió a la medida cautelar solicitada por una mujer separada de hecho de su marido, para que le implanten los embriones crioconservados en contra del la voluntad de su ex marido.
El fallo es una enormidad jurídica para cualquier observador razonable. Porque da primacía a la voluntad de la madre, por sobre la negativa del padre. Porque da mas importancia a un contrato previo (el celebrado por los entonces cónyuges con Instituto de Ginecología y Fertilidad –IFER-) y postegó la voluntad actual del progenitor varón de NO QUERER SER PADRE, hecho que linda con el fascismo.
La única cuestión que presenta alguna duda es lo atingente al derecho a la vida de los embriones. En esa cuestión, estamos sin ambages, a favor de la vida de los embriones. Empero esa viabilidad vital de los mismos no es incompatible con el respeto de la voluntad del padre. Verbigracia, se podrían implantar en una pareja infertil. Mas entendemos que no corresponde que se implanten en la ex mujer de hombre que no quiere que su simiente germine en el vientre de la mujer que no soporta. Una vez mas, la Justicia cierra los ojos ante cuestiones de evidente sentido común. ¡Por eso, nuestro Poder Judicial tiene los índices de aprobación popular de republiquetas africanas! (?)

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Nuevo delito de lavado de activos de origen delictivo en Argentina

Argentina sancionó una nueva ley de lavado de dinero. Es una ley severa. Sancionada para congraciar a Argentina con el grupo GAFI y evitar las sanciones que le iban a imponer al país que era visto como favorable al lavado por el concierto de naciones del mundo.

No es una buena ley. Tiene mala técnica. El demasiado global en las conductas punidas. Permite el decomiso sin juicio previo. Y, aquí viene lo mas reprochable, introdujo a la evasión como delito previo al lavado. Con una condición objetiva de punibilidad ($300.000) relativamente baja. Lo cual le da demasiado poder de fuego al Poder Ejecutivo contra prácticamente todas las empresas chicas, medianas y grandes. Piénsese en que basta con que una persona jurídica retenga aportes de sus empleados por ese monto (cualquiera sea el tiempo de la retención) para quedar sujeta a merced de la UIF, del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial. Ponderamos que la AFIP tiene demasiadas prerrogativas a la fecha como para agregar el delito de lavado a los acusados de evasión fiscal. Finalmente, no debe olvidarse que estamos en Argentina, donde el 60% de la economía es informal o en negro. Lo que quiere decir que muchos argentinos, a partir de ayer, están en ciernes de ir a la cárcel.

Nuevo artículo 303 del Código Penal (Ley 26.683):

1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

El delito de lavado de activos tiene que ser proveniente de la comisión de:

a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);

b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415);

c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita;

d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;

e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);

f) Delitos contra la Administración Pública;

g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil;

h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal);

i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);

j) Delitos de evasión fiscal (ley 24.769);

k) Trata de personas.

2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal).

Hacer cosas, cambia las cosas

Hoy es un día importante. Pocas veces la vida nos pone frente a un hecho histórico. Y mas escasas aún son las ocasiones, que sabemos de antemano, que van a constituir una gesta de esas que se recuerdan por generaciones.

Durante todas las décadas de 1980, 1990 y 2000, no pude pasar por la puerta de Avenida La Plata al 1700. Me dolía el alma. Era capaz de dar un rodeo de varias cuadras, solo para no enfrentar el ignominioso emplazamiento de ese supermercado. Que entró en Argentina gracias a nuestro nombre e historia. En mi pueril visión, la negación que tenía para con transitar delante de esas parcelas, se vinculaba con no poder desprenderme del todo de esas manzanas que albergaron gloria. Prefería no ver el nombre de ese mercado asociado a mi divisa.

En el año 2008, tuve que ir a comprar unas entradas, de esas que no se consiguen regularmente, para partidos definitorios, a la pizzería San Antonio. Por primera vez, desde 1982, volví a pasar por la puerta de Avenida La Plata al 1700. Y hasta me saqué una foto. Había una pintada que decía “Vamos a volver a Boedo”. Eso todavía era una ilusión.

Algo cambió desde ese momento. Hubo un punto de inflexión. Una divisoria de aguas. La ilusión se convirtió en algo concreto. Y las cosas son imposibles, hasta que alguien las vuelve realidad. Porque hacer cosas, cambia las cosas. Mientras que la nostalgia, por el contrario, nunca modifica el statu quo. Hasta la semiótica cambió. Las masas ya no cantaban “volver a Boedo, esa es mi ilusión”. El grito de utopía mutó en un “te juro que no voy a parar hasta volver a Boedo”. Había un curso de acción concreto a seguir.

Sigo pasando por la puerta de Avenida La Plata al 1700. Ahora miro al supermercado con una media sonrisa irónica. Me acuerdo cáusticamente de cuando éramos locales en Huracán, y desde la voz del estadio, nos ponían falsas publicidades de Carrefour. O de lo inflexibles que se mostraron todos estos años los directivos de la firma francesa para negociar con el club una eventual compraventa de las tierras. Me acuerdo de esas, y de muchas otras cosas, al tiempo que me sube la sensación de mordacidad.

Hoy me tendría que quedar trabajando hasta tarde. Sin embargo, me voy a ir un rato antes del trabajo. Voy a estar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a otros miles de hinchas de San Lorenzo de Almagro. Para decir y significar, con mi presencia, que la gente de San Lorenzo sabe de hazañas. Y que si no es ahora, será mañana. O pasado. O el año que viene. Pero Avenida La Plata 1700 va a volver a ser tierra santa. Porque hacer cosas, cambia las cosas.

Obama es tan insidioso como todo político

“The President does not have power under the Constitution to unilaterally authorize a military attack in a situation that does not involve stopping an actual or imminent threat to the nation”. Lo dijo Barack Obama, el 20 de Diciembre de 2007, cuando era candidato a presidente.

La semana pasada, sin autorización del Congreso estadounidense, el Nobel de la Paz 2010 inició un ataque contra Libia. Esto le podría traer consecuencias en el foro interno. Los republicanos anunciaron que le van a promover un juicio político.

Sin embargo, su accionar demuestra, una vez mas, que todos los políticos, sin que importe su nacionalidad o formación intelectual, son igual de insidiosos cuando llegan al Gobierno.

Esta entrada fue publicada el 24 marzo 2011, en General.

El robo a las cajas de seguridad del Banco Provincia

Es cierto que estamos de vacaciones. Sin embargo, no pudimos evitar la tentación de escribir algunas notas sobre el delito perpetrado, durante el fin de semana pasado, contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Sucursal Belgrano) y contra los locatarios de las cajas de seguridad.

Lo primero que debemos decir es que los clientes afectados se encuentran amparados por el art. 42 de la Constitución Nacional que dispone que las autoridades (término que, sin dudas, incluye al Poder Judicial) deben adoptar los recaudos necesarios para proteger la seguridad y los intereses económicos de consumidores y usuarios.

En general, el cliente firma con el banco un contrato de caja de seguridad, que se agrega al entramado contractual que el nombrado pueda tener con la entidad financiera (contrato de caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, tarjeta de crédito, etc.).

Esos contratos son predispuestos por el banco y al cliente no le queda otra alternativa que firmarlos en bloque. Por eso, en general, esos contratos están llenos de cláusulas nulas. Que vendrían a ser cláusulas “caza-bobos”, porque están redactadas por asesores legales de los bancos que deliberadamente saben que esas estipulaciones que consignan no pasarán el test de legalidad por ante un tribunal judicial. Empero, igualmente las incluyen dentro de los contratos, porque algún cliente descorazonado (comúnmente “shockeado” por el golpe psicológico que supone el robo de su cofre), leerá el contrato y decidirá no ir a juicio porque “el contrato dice que el banco solo garantiza al locatario la integridad exterior de la caja y no responde de los objetos en ella depositados, por cuanto es de exclusiva cuenta del locatario su retiro, cuidado y conservación” (todos los contratos de caja de seguridad de todos los bancos argentinos dicen mas o menos lo mismo).

La cuestión finca en resolver si esa cláusula es válida. Y lo concreto es que para cualquier observador razonable, no lo es. ¿Por qué? Porque desnaturaliza el contrato y lo deja sin objeto. Y según el art. 1170 del Código Civil, sin objeto, no hay contrato. Vale decir, no se puede dejar la suerte del contrato de caja de seguridad al arbitrio de los bancos. En Europa, esto es bien sabido. La Corte de Casación de Francia reputa abusiva y no escrita toda cláusula insertada en un contrato entre un banco y un cliente, que tenga por objeto o por efecto suprimir o reducir el derecho a reparación del cliente en caso de incumplir el profesional cualesquiera de sus obligaciones.

Por eso se equivocan la mayoría de los letrados que salieron por los medios masivos de comunicación estos días. Porque no importa si hubo culpa del banco, porque eso es un tema de factor de atribución subjetivo. Lo que sí importa, es que al cliente le sustrajeron sus pertenencias. De manera que el factor de atribución es CLARAMENTE OBJETIVO FUNDADO EN EL DEBER DE SEGURIDAD INCUMPLIDO POR EL BANCO. Para que se entienda. A los efectos del resarcimiento de daños y perjuicios, no es relevante si sonó la alarma, si había sereno, si el banco no tenía sistema de vigilancia idóneo, etc.. Todos esas cuestiones hacen a la culpa del banco. Empero, en el contrato de caja de seguridad, no interesa la culpa. Si al cliente le sustrajeron sus efectos, el banco responderá. Ningún otro factor es relevante. Porque la custodia que asume el banco en el contrato de caja de seguridad es para excluir el riesgo de que al cliente lo roben. Es un contrato de resultado. Por lo tanto, cuando el resultado al que el banco se obligó no se obtuvo (porque al cliente lo robaron), el banco solo podrá defenderse alegando una causa que no habría podido superar, en tanto se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva. Y el boquete es el riesgo obvio que tiene el banco. Luego, es una causa previsible y evitable.

Si a eso le agregamos que por ese servicio (que el banco no satisfizo), el cliente pagó un precio cierto en dinero, la responsabilidad bancaria es inleluctable. En efecto, el profesional banquero lucró con el arrendamiento de cajas de seguridad, ofreciendo a su clientela ‘seguridad’; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127 del Código de Comercio). Máxime cuando la profesionalidad del banco exige un standard de responsabilidad agravada frente a los clientes por imperio del art. 902 del Código Civil.

Hay otro argumento que suelen esgrimir los bancos como defensa, que es pura estulticia. Dicen, palabras mas, palabras menos, que el banco no responde por el contenido del cofre y solo lo hace por el sector, el ámbito en el cual el cofre está emplazado. El argumento no se sostiene porque, como decían los romanos, quien puede lo más, puede lo menos. La defensa del banco es improponible, porque es un procedimiento discursivo falaz. Vale decir, si el banco se obligó a cuidar el lugar donde está el cofre alquilado por el cliente (extremo que afirma una obligación clarísima del banco), hay que concluir la validez y la existencia de la obligación del banco de proteger el cofre. Porque esta obligación está en estado de merecer, con mayor razón que la primera, protección judicial. La seguridad es esencia del objeto del contrato, tanto del ámbito donde está emplzado el cofre, como la del cofre mismo y su contenido. Sostener lo contrario es como afirmar “Sra., yo le pongo el cinturón de castidad a su hija pulposa, y me comprometo a que no entre nadie a su habitación, pero si queda embarazada no es mi responsabilidad” (?). ¿Que le contestaríamos al mozo, si cuando le pedimos un café, nos dice que el precio de la carta es el correspondiente al líquido, por lo cual, si todavía lo queremos, tenemos que abrevar directamente de la máquina?. Ojalá que los abogados de los bancos alguna vez lean el Mercader de Venecia.

Finalmente, en cuanto a la prueba del contenido de la caja, se trata de un tema de prueba indiciaria o de presunciones. En numerosas oportunidades, es muy difícil acreditar el monto que se guardaba en la caja de seguridad, porque justamente, el secreto es la razón que llevó al cliente a elegir el contrato de caja de seguridad y no otro. Luego, en esos casos, por aplicación del principio romano in dubio pro damni (en caso de duda, se deberá estar a favor del dañado) deberá tomarse como indicio fundamental a lo declarado por el cliente ante las autoridades policiales, como monto de daño emergente. Poco importan las autoridades fiscales o los seguros globales que contrata el banco de hasta U$S 50.000 por cliente afectado o de U$S 1.000.000 por hecho delictivo. Argentina no tiene tope de limitación de la indemnización para hechos como el que nos ocupa.

Sintetizando, muchos de los auto-denominados “abogados especialistas en cajas de seguridad” no son mas que meros vendedores de “espejitos de colores”. Algunos de ellos, suelen perder excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por no reclamar daños como en derecho corresponde (las costas en esas excepciones son montos siderales que deberá pagar el cliente). Por eso, si no quiere encontrar humo cuando abra su cofre, busque buenos abogados. Que seguro que los hay. Pero en Francia (?).

Jerkin it, officer!

Hace un bienio escribimos este artículo. Ahora, resulta que un oficial de la TSA fue sorprendido masturbándose en su cabina del escáner corporal cuando pasaba una grupo de agraciadas señoritas, muchas de ellas menores de edad, en el aeropuerto de Denver, Colorado (la noticia, en inglés, acá).

Sustuvimos antes que esos escáners son gravemente violatorios del derecho a la intimidad, a la privacidad y al derecho a decidir a quien mostrar la propia desnudez. La TSA va a tener que revisar esa política invasiva de pudor de los viajeros, porque el loable fin de detectar terroristas no justifica las vejaciones de millones de viajeros inocentes. Máxime, en aeropuertos como los de Miami u Orlando, donde el público que por allí transita es mayoritariamente menor de edad. En Argentina, por fortuna, no se cuenta con esa tecnología. Sin embargo, creemos que el Poder Judicial, de instaurarse estos escaneos corporales porpios del estalinismo, no toleraría semejante invasión a la privacidad.

La voracidad fiscal no puede modificar el Código Civil

En el país de la anomia generalizada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó un fallo excelente en materia de derecho tributario.

La sentencia recayó en los autos “Bora S.C.A c/ Provincia de Buenos Aires” y en lo que a este comentario interesa sostuvo que “las normas locales deben adecuarse a las leyes sustantivas dictadas por el Congreso nacional y no pueden derogarlas sin violentar las facultades exclusivas de la Nación” toda vez que las provincias deben sujetarse a las leyes nacionales en “los aspectos substanciales de las relaciones entre acreedores y deudores y, en especial, los diversos modos por los cuales, como en el caso de la prescripción liberatoria, se extinguen dichas relaciones creditorias”.

Para que se entienda, lo que dijo la Corte es que los fiscos provinciales no pueden modificar mediante leyes locales los períodos de prescripción impositiva, que según el Código Civil ocurren al quinquenio. vale decir, pasan cinco años desde que nació la obligación tributaria y los fiscos tienen la acción extinguida. Ese extremo, según la Corte, no puede ser alterado o salvado por normas de carácter provincial o local, porque la prescripción es un tema de derecho de fondo regulado por el Código Civil sancionado por el Congreso Nacional. Que es el único órgano que tiene competencia para modificar los plazos de prescripción.

Magnífica sentencia, a nuestro entender, porque pone freno a la avanzada de voracidad fiscal de las provincias, que con artilugios pretenden ampliar el plazo de cobro fiscal.

Compendiando, nos parece republicanamente adecuado que las provincias sólo puedan cobrar impuestos con cinco años de retroactividad, y nunca mas allá de ese quinquenio. Se trata, simplemente, de aplicar el plazo de prescripción que estableció Vélez Sarsfield hace mas de ciento cuarenta años. Código que debe ser respetado por los Gobiernos provinciales, sin que puedan aducir a su favor, la autonomía local en materia de prescripción.