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El robo a las cajas de seguridad del Banco Provincia

Es cierto que estamos de vacaciones. Sin embargo, no pudimos evitar la tentación de escribir algunas notas sobre el delito perpetrado, durante el fin de semana pasado, contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Sucursal Belgrano) y contra los locatarios de las cajas de seguridad.

Lo primero que debemos decir es que los clientes afectados se encuentran amparados por el art. 42 de la Constitución Nacional que dispone que las autoridades (término que, sin dudas, incluye al Poder Judicial) deben adoptar los recaudos necesarios para proteger la seguridad y los intereses económicos de consumidores y usuarios.

En general, el cliente firma con el banco un contrato de caja de seguridad, que se agrega al entramado contractual que el nombrado pueda tener con la entidad financiera (contrato de caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, tarjeta de crédito, etc.).

Esos contratos son predispuestos por el banco y al cliente no le queda otra alternativa que firmarlos en bloque. Por eso, en general, esos contratos están llenos de cláusulas nulas. Que vendrían a ser cláusulas “caza-bobos”, porque están redactadas por asesores legales de los bancos que deliberadamente saben que esas estipulaciones que consignan no pasarán el test de legalidad por ante un tribunal judicial. Empero, igualmente las incluyen dentro de los contratos, porque algún cliente descorazonado (comúnmente “shockeado” por el golpe psicológico que supone el robo de su cofre), leerá el contrato y decidirá no ir a juicio porque “el contrato dice que el banco solo garantiza al locatario la integridad exterior de la caja y no responde de los objetos en ella depositados, por cuanto es de exclusiva cuenta del locatario su retiro, cuidado y conservación” (todos los contratos de caja de seguridad de todos los bancos argentinos dicen mas o menos lo mismo).

La cuestión finca en resolver si esa cláusula es válida. Y lo concreto es que para cualquier observador razonable, no lo es. ¿Por qué? Porque desnaturaliza el contrato y lo deja sin objeto. Y según el art. 1170 del Código Civil, sin objeto, no hay contrato. Vale decir, no se puede dejar la suerte del contrato de caja de seguridad al arbitrio de los bancos. En Europa, esto es bien sabido. La Corte de Casación de Francia reputa abusiva y no escrita toda cláusula insertada en un contrato entre un banco y un cliente, que tenga por objeto o por efecto suprimir o reducir el derecho a reparación del cliente en caso de incumplir el profesional cualesquiera de sus obligaciones.

Por eso se equivocan la mayoría de los letrados que salieron por los medios masivos de comunicación estos días. Porque no importa si hubo culpa del banco, porque eso es un tema de factor de atribución subjetivo. Lo que sí importa, es que al cliente le sustrajeron sus pertenencias. De manera que el factor de atribución es CLARAMENTE OBJETIVO FUNDADO EN EL DEBER DE SEGURIDAD INCUMPLIDO POR EL BANCO. Para que se entienda. A los efectos del resarcimiento de daños y perjuicios, no es relevante si sonó la alarma, si había sereno, si el banco no tenía sistema de vigilancia idóneo, etc.. Todos esas cuestiones hacen a la culpa del banco. Empero, en el contrato de caja de seguridad, no interesa la culpa. Si al cliente le sustrajeron sus efectos, el banco responderá. Ningún otro factor es relevante. Porque la custodia que asume el banco en el contrato de caja de seguridad es para excluir el riesgo de que al cliente lo roben. Es un contrato de resultado. Por lo tanto, cuando el resultado al que el banco se obligó no se obtuvo (porque al cliente lo robaron), el banco solo podrá defenderse alegando una causa que no habría podido superar, en tanto se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva. Y el boquete es el riesgo obvio que tiene el banco. Luego, es una causa previsible y evitable.

Si a eso le agregamos que por ese servicio (que el banco no satisfizo), el cliente pagó un precio cierto en dinero, la responsabilidad bancaria es inleluctable. En efecto, el profesional banquero lucró con el arrendamiento de cajas de seguridad, ofreciendo a su clientela ‘seguridad’; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127 del Código de Comercio). Máxime cuando la profesionalidad del banco exige un standard de responsabilidad agravada frente a los clientes por imperio del art. 902 del Código Civil.

Hay otro argumento que suelen esgrimir los bancos como defensa, que es pura estulticia. Dicen, palabras mas, palabras menos, que el banco no responde por el contenido del cofre y solo lo hace por el sector, el ámbito en el cual el cofre está emplazado. El argumento no se sostiene porque, como decían los romanos, quien puede lo más, puede lo menos. La defensa del banco es improponible, porque es un procedimiento discursivo falaz. Vale decir, si el banco se obligó a cuidar el lugar donde está el cofre alquilado por el cliente (extremo que afirma una obligación clarísima del banco), hay que concluir la validez y la existencia de la obligación del banco de proteger el cofre. Porque esta obligación está en estado de merecer, con mayor razón que la primera, protección judicial. La seguridad es esencia del objeto del contrato, tanto del ámbito donde está emplzado el cofre, como la del cofre mismo y su contenido. Sostener lo contrario es como afirmar “Sra., yo le pongo el cinturón de castidad a su hija pulposa, y me comprometo a que no entre nadie a su habitación, pero si queda embarazada no es mi responsabilidad” (?). ¿Que le contestaríamos al mozo, si cuando le pedimos un café, nos dice que el precio de la carta es el correspondiente al líquido, por lo cual, si todavía lo queremos, tenemos que abrevar directamente de la máquina?. Ojalá que los abogados de los bancos alguna vez lean el Mercader de Venecia.

Finalmente, en cuanto a la prueba del contenido de la caja, se trata de un tema de prueba indiciaria o de presunciones. En numerosas oportunidades, es muy difícil acreditar el monto que se guardaba en la caja de seguridad, porque justamente, el secreto es la razón que llevó al cliente a elegir el contrato de caja de seguridad y no otro. Luego, en esos casos, por aplicación del principio romano in dubio pro damni (en caso de duda, se deberá estar a favor del dañado) deberá tomarse como indicio fundamental a lo declarado por el cliente ante las autoridades policiales, como monto de daño emergente. Poco importan las autoridades fiscales o los seguros globales que contrata el banco de hasta U$S 50.000 por cliente afectado o de U$S 1.000.000 por hecho delictivo. Argentina no tiene tope de limitación de la indemnización para hechos como el que nos ocupa.

Sintetizando, muchos de los auto-denominados “abogados especialistas en cajas de seguridad” no son mas que meros vendedores de “espejitos de colores”. Algunos de ellos, suelen perder excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por no reclamar daños como en derecho corresponde (las costas en esas excepciones son montos siderales que deberá pagar el cliente). Por eso, si no quiere encontrar humo cuando abra su cofre, busque buenos abogados. Que seguro que los hay. Pero en Francia (?).

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La reventa de entradas importa defraudación al fisco y lavado de dinero

Es conocido por todos el revuelo que se ha desatado por la reventa de las entradas para ver a la diosa del pop (?), Madonna que se presentará en Argentina el 6 y 7 de Diciembre en el estadio del silencio atroz (?).

Para novatos en el tema, una breve introducción. El fenómeno de reventa de entradas para espectáculos públicos de gran interés social acontece en todo el mundo. Ya sea que se trate de finales de fútbol o de la NBA, conciertos de bandas del momento o clásicas, nadie escapa a este flagelo (?). Siempre, no importa el evento, los organizadores se quejarán de la reventa de entradas. Y los fans refunfuñarán por el rápido agotamiento de las localidades disponibles.

Empero, los organizadores de estos eventos públicos con entradas agotadas no son del todo inocentes en lo que ocurre. En efecto, es bien sabida en el mundillo de la reventa la maniobra urdida cada vez que están frente a un espectáculo masivo. La operatoria es la siguiente: 1) Ponen a la venta al público en general una cantidad exigua de entradas que rápidamente se agota. Eso lo utilizan como maniobra de marketing, toda vez que los medios hablarán expeditamente de que “se agotaron rápidamente las entradas para …”. Eso importará mas publicidad gratuita para el espectáculo. 2) Las restantes entradas las girarán directamente a terceros confabulados o a empresas fantasma de los propios organizadores. Eso explica la razón por la cual, a minutos de haberse “agotado en el mercado legal”, las entradas son nuevamente ofertadas en todos los sitios de subastas on line.

¿Qué ganan los organizadores con esta artimaña? La respuesta es sencilla. Obtienen un lucro indebido que el artista internacional no les concede por contrato, al margen de las estipulaciones del mismo. A la vez, se apoderan de ganancias fuera del circuito legal -plata negra-, por las que no tributarán impuesto alguno. Esa plata luego, necesariamente, deberá será objeto de lavado. En efecto, los fondos o ganancias procedentes de esa evasión tributaria, serán reciclados al circuito normal de capitales o bienes. Eso es un claro delito criminal incorporado a nuestro Código Penal por la ley 25246. Usted se preguntará cuantos condenados existen en Argentina por lavado de dinero. Si, acertó (?), desde el año 2000 hasta hoy, no ha habido una sola condena por delito de lavado de activos de origen delictivo. No esperamos que a la justicia federal ahora se le ocurra investigar a los avisos que aparecen en los diarios mas populares del país. Eso sería una justicia alerta y acorde a los tiempos que corren. Y bien sabemos que nuestra justicia está cansada y tiene movimientos anquilosados.

¿Qué otras leyes se violan con la reventa de entradas? El art. 46 de la ley de procedimiento tributario dispone “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido” (Artículo sustituido por art. 1°, punto XVI de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003). Otra ley violada por la reventa de entradas. ¿Qué hace la AFIP al respecto? Lo mismo que el pez, nada.

Sucede a menudo que, so pretexto de reventa, se encubre una venta entradas falsas. No merece explayarse al respecto, porque obvio es indicarlo, ello configura el delito de estafa.

Por último, también se ocupa de la reventa de entradas el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Su art. 91 dice “Revender entradas. Quien revende entradas para un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, provocando aglomeraciones, desórdenes o incidentes, es sancionado/a con multa de trescientos ($ 300) a tres mil ($ 3.000) pesos. En caso de probarse la participación o connivencia de persona responsable de la organización del espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, ésta es sancionada con multa de un mil ($1. 000) a diez ($ 10.000) pesos o dos (2) a veinte (20) días de arresto”. De manera que, si no se altera el orden, o se provocan conflictos o disturbios, a la Ciudad de Buenos Aires no le importa la reventa de entradas. Ahora bien, si alguien le avisa a los PRO boys (?) –que tienen de todo menos calificación técnica- que la ganancia del revendedor debiera tributar ingresos brutos, probablemente hagan una conferencia de prensa (?) para explicar vaya a saber uno qué.

Como se ve, someramente estudiado el tema, la reventa de entradas tiene sendas proyecciones sobre la esfera jurígena argentina. Sin embargo, a las autoridades nacionales o de la Ciudad Autónoma encargadas del tema, no les vamos a pedir que actúen like a prayer (?)