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Nuevo delito de lavado de activos de origen delictivo en Argentina

Argentina sancionó una nueva ley de lavado de dinero. Es una ley severa. Sancionada para congraciar a Argentina con el grupo GAFI y evitar las sanciones que le iban a imponer al país que era visto como favorable al lavado por el concierto de naciones del mundo.

No es una buena ley. Tiene mala técnica. El demasiado global en las conductas punidas. Permite el decomiso sin juicio previo. Y, aquí viene lo mas reprochable, introdujo a la evasión como delito previo al lavado. Con una condición objetiva de punibilidad ($300.000) relativamente baja. Lo cual le da demasiado poder de fuego al Poder Ejecutivo contra prácticamente todas las empresas chicas, medianas y grandes. Piénsese en que basta con que una persona jurídica retenga aportes de sus empleados por ese monto (cualquiera sea el tiempo de la retención) para quedar sujeta a merced de la UIF, del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial. Ponderamos que la AFIP tiene demasiadas prerrogativas a la fecha como para agregar el delito de lavado a los acusados de evasión fiscal. Finalmente, no debe olvidarse que estamos en Argentina, donde el 60% de la economía es informal o en negro. Lo que quiere decir que muchos argentinos, a partir de ayer, están en ciernes de ir a la cárcel.

Nuevo artículo 303 del Código Penal (Ley 26.683):

1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

El delito de lavado de activos tiene que ser proveniente de la comisión de:

a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);

b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415);

c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita;

d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;

e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);

f) Delitos contra la Administración Pública;

g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil;

h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal);

i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);

j) Delitos de evasión fiscal (ley 24.769);

k) Trata de personas.

2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal).

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La evasión tributaria no puede generar lavado de dinero en Argentina

Como principio general, el lavado de dinero se realiza con plata que proviene de delitos. Sin embargo, para que una acción sea calificada como lavado de dinero, la plata no puede provenir de cualquier delito. Sólo de algunos pocos delitos, que son los que al legislador le interesó tipificar. ¿Cuáles delitos? La Ley argentina establece como delitos suceptibles de generar lavado de dinero a: (a) tráfico de estupefacientes; (b) contrabando de armas; (c) corrupción administrativa; y (d) finaciamiento de terrorismo. Luego, los delitos que no están incluidos en la ley, no pueden constituir el antecedente necesario (condición objetiva de punibilidad) del delito autónomo de lavado de dinero.

O sea que no hay lavado de dinero cuando el mismo proviene de delitos que no están previstos en la ley. En particular, la evasión fiscal no es en Argentina, antecedente suceptible de generar dinero que pueda ser lavado.

Creemos que ello es correcto porque los delitos tributarios no deben ser delitos precedentes del lavado de dinero. La AFIP cuenta con muchas prerrogativas que dimanan de la ley 11.683, muchas de las cuales son claramente exhorbitantes del régimen republicano y fueron recientemente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema Nacional. Con ello basta y sobra. No es aconsejable perseguir al contribuyente con la justicia criminal en casos de lavado de dinero proveniente presuntamente evasión.

Sucintamente, la defraudación fiscal (intención deliberada de dañar al fisco con realización de determinados actos o maniobras tendientes a sustraerse, en todo o en parte, a la obligación de pagar tributos) no es, en Argentina, antecedente del delito de lavado. Esas maniobras intencionalmente destinadas a inducir en error a la autoridad fiscal para que la falta total o parcial de pago aparezca como legítima, quedan fuera del marco de la ley de lavado de dinero.

Tiempo legal máximo para permanecer encarcelado en Argentina

A sabiendas de que aquí no existen condenados a 180 años de cárcel como ocurre en otros países,cuandra preguntarse: ¿cuántos años es el máximo que una persona puede permanecer encarcelada en Argentina por el delito mas grave previsto en el Código Penal?

Hasta antes de 2004 la pena temporal máxima a imponer en una condena era la de treinta y siete años y seis meses de prisión, fundada en las prescripciones del texto legal impuesto por ley 23077, anterior a la actual redacción del artículo 55, que fuera reformado por ley 25928 publicada en el Boletín Oficial el 10 de septiembre de 2004, la cual estableció que el máximo de pena divisible privativa de libertad es cincuenta años. Además de la pena divisible (número de años de condena expresado en la sentencia) existe la reclusión perpetua. Que nunca es perpetua, porque no es de por vida como bien enseñó la película “The secret in their eyes” (?).

Antes de la reforma, según el artículo 13 del Código Penal, en el caso de condena a pena privativa de libertad perpetua, la libertad condicional se podría lograr al cumplir veinte años de pena, y la de treinta y siete años y seis meses requeriría veinticinco años a los mismos efectos, y la de cincuenta años exigiría treinta y tres años. En la inteligencia (?) del Código Penal, la pena máxima temporal era más grave que la perpetua, lo que obviamente resultaba un despropósito.

Ese disparate terminó mediante la redacción actual del código penal, ya que mediante la ley 25892 se modificó el artículo 13 de libertad condicional requiriendo un mínimo de treinta y cinco años de encierro para lograr la condicional en casos de condena a prisión o reclusión perpetua; y por la Ley 25928 se modificó el artículo 55 del Código Penal, estableciendo el límite máximo de reclusión o prisión imponible en cincuenta años.

Lo que no explica el Código Penal, es por qué razón la locución “perpetua” en Argentina no significa lo que en el resto del idioma español, porque aquí ese tipo de condena no dura y ni permanece para siempre. No se entiende como una pena aflictiva, que en otros países dura tanto como la vida del condenado (y recordemos que siempre es impuesta por hechos cuya gravedad solo son iguales –o menores por poca diferencia- que aquellos para los que está prevista pena de muerte en los países en que ella está permitida), en Argentina dure apenas treinta y cinco años. Que no es poco, pero lo que se critica es que no sea lo suficientemente mucho para delitos gravísimos.

El juramento prestado al asumir por los jueces electorales es una solemne burla

Definition of fraud

Podríamos enarbolar argumentos legales sobre la nulidad como acto jurídico de las denominadas candidaturas testimoniales. Alcanzaríamos a empuñar sendos argumentos sobre lo nocivo de usar strawmen como tractores de votos en zonas de menores ingresos (?).O tal vez, hasta podríamos recurrir a los sendos errores procedimentales (vgr. de domicilio, de residencia, etc.) de postulación política de los candidatos mas renombrados.

Sin embargo, preferimos hacer foco en lo que va a hacer la justicia electoral. Resulta a mi juicio jurídica y lógicamente insostenible que un juez, cuya tarea es sustancialmente valorativa y que al asumir su cargo ha jurado por la patria [y, si las tuviere, por sus creencias religiosas], cumplir y hacer cumplir la Constitución, tenga ante sí a candidatos -que declararon a los cuatro vientos que si ganan, no van a asumir- y convalide su candidatura, puesto que –al actuar los jueces de ese modo- convertirán a su juramento de asunción en algo peor que una solemne burla (estas palabras no son mías, son de la Corte Suprema de Estados Unidos en el célebre caso “Marbury vs. Madison” de 1803).

La justicia electoral no puede ignorar jurídicamente lo que la sociedad conoce efectivamente en orden a la harto probable no asunción de sendos candidatos postulados a las elecciones venideras.

Como dijo nuestra Corte Suprema Nacional en el célebre caso Sojo: “el palladium de la libertad no es una ley suspendible en sus efectos, revocable según las conveniencias públicas del momento; el palladium de la libertad es la Constitución, ésa es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya conservación inviolable, cuya guarda severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de las leyes, la condición esencial de los fallos de la justicia federal”.

De allí que nos preguntamos: ¿El juramento de los doctores Rodolfo Munné, Santiago Corcuera & Alberto Dalla Via habrá sido algo peor que una solemne burla? Si el Poder Judicial no controla los excesos deformantes de la democracia cometidos por los que pretenden ingresar a los otros poderes, priva de utilidad republicana a su función.

Para abolir estas práctica extramuros de la Constitución Nacional, si lo que se quiere es candidaturas testimoniales de verdad, si de veras se quiere un candidato que no asuma, que postulen a Jorge Julio López (?).

El lavado de dinero y el pobre tipo que abre una cuenta (?)

esquemadelavado

Entiendo perfectamente las 40 Recomendaciones del GAFI contra el Lavado de Dinero. Juzgo, asimismo, que el lavado de dinero debe ser combatido. Empero, de un tiempo a esta parte, el cliente común sufre serias desventuras por culpa del excesivo celo que ponen los bancos argentinos para abrir cuentas.

Recordemos que los delincuentes se sirven del sistema financiero para efectuar pagos y hacer transferencias entre cuentas, para ocultar tanto el origen de los fondos como la identidad de su verdadero propietario. Cuanto mas cuentas tengan, y mas transferencias entre ellas hagan, mas dificultosa es el rastreo del dinero. Sin embargo, SO PRETEXTO DEL COMBATE DEL LAVADO DE DINERO NO DEBE MOLESTARSE NI INCOMODARSE AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS BANCARIOS. Debe, por tanto, ejercerse un prudente ejercicio del buen arte de la banca para armonizar dos derechos en juego: el legítimo combate del lavado de dinero y el legítimo derecho –de rango constitucional- de los consumidores de servicios bancarios.

Aplaudimos el rechazo total de clientes que despierten sospechas o no aporten la información necesaria para una relación comercial normal y transparente. Empero, nos parece deleznable que la banca –cone se pretexto- desconsidere el alto respeto que merecen los clientes y potenciales usuarios de los servicios bancarios, que como fuera dicho, tienen amparo constitucional.

No es serio que en el país de las coimas, la trata de blancas y el contrabando, a un pobre tipo que cobra gran parte de su sueldo en negro no le abran una cuenta en un banco porque las Políticas y Procedimientos de determinado Banco determinaron que –conforme a la evaluación de razonabilidad de los fondos afectados a las operaciones- ese cliente “presenta un perfil de riesgo” (?). Máxime cuando en la Argentina, el mercado informal de trabajo es cercano al sesenta por ciento de la población económicamente activa.

Resulta perspicuo combatir el lavado. Pero poner incómodo al potencial cliente que, por ejemplo, cobra en negro, y que su dinero legítimamente ganado sea valorado como una “situación inusual o sospechosa” es lisa y llanamente una majadería que termina favoreciendo al narcotraficante o al que se negocia armas transnacionalmente.

En el caso de Argentina, quien abre una cuenta para depositar su sueldo que cobra en negro es un lavador de dinero, y quien lava millones es un señor. Señores bancarios, llámense a la reflexión y respeten los derechos de los consumidores bancarios, entre los que se encuentran el derecho a su privacidad y a su respeto como consumidores y ususarios de servcios bancarios.

Fondo Federal Solidario pero inconstitucional (?)

cristinasasscfk

Había una vez una presidenta argentina que se jactaba de no haber firmado ni un solo decreto de necesidad y urgencia. Los socialdemócratas de turno (?), vivaban aquella jactancia, desde los diarios y blogs afines ideológicamente al gobierno. Ella, a su vez, pensaba que era una gran mujer de derecho por así obrar, pese a no haber pisado un tribunal judicial como abogada en toda su vida.

Con fecha Marzo 19 de 2009, la jactante de marras dictó el decreto de necesidad y urgencia número 206/2009 sobre creación de un fondo federal solidario (?). ¿Que regula el decreto? La distribución de los derechos de exportación cobrados a principalmente a la oleaginosa de moda en el mundo.

En los considerandos del decreto de necesidad y urgencia -tipo de decreto creado para permitir legislar en casos de apremio- se lee que esta disposición fue dictada en los términos del inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA, que regula los decretos de necesidad y urgencia, y dentro del marco regulatorio de la Ley Nº 26.122 que reglamenta la citada disposición constitucional.

Empero, lo que olvidó la otrora exitosa abogada es que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, prohibe dictar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en materia tributaria. Y resulta ser que los derechos de exportación son tributos. Otra vez en Argentina tenemos una democracia puramente nominal o desmedrada.

Por último, queremos leer con ansias a esos periodistas y blogs rastreros diciendo que las retenciones no son tributos, sino aranceles. Argumento por demás risible y de nula fuerza suasoria.

Una nueva incostitucionalidad por vicios de forma en el pago al Club de París


Cualquier bisoño sabe que los temas de deuda pública son facultad propia del Poder Legislativo según el texto de nuestra Constitución Nacional.

Esa es la expresa directiva del art. 75, inc. 7º que prescribe que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.

Esa facultad es otorgada por la Constitución al Congreso de manera exclusiva. Sin embargo, el Congreso suele facultar al Poder Ejecutivo para que el arreglo del pago de la deuda lo realice el Poder Ejecutivo según los lineamientos impartidos por el Congreso. En el caso de la deuda con el denominado Club de París, se hizo por decreto instruyéndose al Ministro de Economía (?) a que cancelara la misma. Así procediendo, la Presidenta no ha perdido oportunidad de dictar otro acto de gobierno por fuera del orden normativo constitucional. Dicen quienes la conocen, que Cristina se recibió de abogada de grande y que nunca ejerció activamente la profesión curial. A ellos les contestamos que, a juzgar por los actos cumplidos como Poder Ejecutivo, ello debe ser escrupulosamente cierto.

Algunas veces, la práctica inconstitucional de que el Poder Ejecutivo se encargue de la deuda pública se concreta a través de las leyes de presupuesto de cada año. Algunas otras, la delegación se funda en leyes de administración financiera como la 24.156. Empero, todas y cada una de las veces que así procede Argentina, lo hace por fuera de la letra de la Constitución Nacional.

¿Cómo se puede convencer a un acreedor a que preste plata a nuestro país si, ab initio, solemos incumplir el protocolo básico normativo para tomar o pagar deuda? El razonamiento básico de un inversor razonable -que a la sazón nos termina perjudicando- será el siguiente: Si Argentina no cumple la norma general para tomar créditos, incumpliendo el protocolo constitucional de competencias, tanto menos cumplirá sus restantes obligaciones. Conclusión, se abstendrá de prestar plata –salvo que exista un negocio espurio bolivariano por detrás (?)-.

Para finalizar, diremos que estamos de acuerdo con la solución de fondo en orden a pagar en un todo el empréstito con el denominado Club de París. En primer lugar porque el país se ahorrará plata de los intereses. Y en segundo lugar, porque el desendeudamiento favorece al país a futuro. Sin embargo, bueno sería retomar el cauce constitucional –que nunca debiéramos haber abandonado- haciendo que el Congreso sea de aquí en más el encargado de arreglar el pago de toda deuda pública de la Nación. Ah, y si Argentina no se endeuda nunca más, ni por un céntimo de euro (?), mucho mejor para el bienestar general.