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La imparcialidad de un juez socialista, vista desde la mas recalcitrante izquierda kirchnerista (?)

Uno de los decanos ministros de la Corte Suprema de Justicia argentina, al salir de su departamento y ser consultado por un movilero de un canal de noticias de línea editorial opositora al actual gobierno acerca de un caso puntual, lo mandó a leer el art. 99 inciso 3ero de la Constitución Nacional. La ocurrencia, atípica en nuestra vida institucional, suscitó todo tipo de comentarios. El canal celebró la correncia y ensalzó al veterano ministro. La izquierda toda (incluídos algunos blogs jurídicos indecorosamente serviles al proyecto político gobernante) refunfuñó so pretexto de que se trataba de un claro (?) prejuzgamiento en la elección de la norma y ello afectaba la imparcialidad del juez en cuestión. La ironía que encierra todo esto viene dada porque el ministro del que hablamos fue socialista toda su curtida vida.

El tema se entronca con la imparcialidad del juzgador, cuestión de vital importancia para la tramitación justa y constitucional del debido proceso. Debemos decir que la recusación es por regla la única arma con que cuenta la parte para discutir la investidura del juez. En la práctica, la mayoría de las recusaciones resultan rechazadas. No por infundadas, sino por el espíritu corporativo que prima en la justicia, debido al cual, todos los jueces defienden la jurisdicción de sus pares, como forma de auto-protección para cuando ellos sean recusados.

¿Cuál es la razón que esgrimen los detractores del ministro para censurar su acción? Blanden el argumento de que existiría un temor de parcialidad por la elección de esa norma y no otra, lo cual afectaría su imparcialidad a la hora de decidir y alimentaría la desconfianza sobre su proceder futuro. A nuestro modo de ver, quienes así piensan se equivocan de modo manifiesto: el juez no es una máquina de hacer silogismos sino un ser humano. Por ello resulta evidente que el hecho de sentenciar no puede consistir en el hecho de arrojar datos judiciarios. Menos aún puede significar adelantar opinión la divulgación de la norma constitucional que contiene uno de los principios republicanos mas defendidos en los últimos trescientos años: “el Poder Ejecutivo no puede legislar”.

A mayor abundamiento, los mismos que censuran al proceder del ministro, olvidan que las opiniones académicas fuera del proceso, no constituyen causal de pérdida de imparcialidad. De otro modo, el mas grande penalista de la Corte no podría fallar en ninguna causa de derecho penal. Y su presidente, en ninguna causa que versara sobre derecho contractual. O la vice-presidente, sobre causas en que se discutan derechos reales. Porque las opiniones vertidas en abstracto nunca pueden ser forzadas a una causa concreta, cuya resolución dependerá de un sinnúmero de factores particulares del expediente.

Por lo demás, la opinión del juez que se aduzca como causante de pérdida de imparcialidad DEBE HABER SIDO EMITIDA DENTRO DEL PROCESO, cosa que no aconteció en la especie. Quienes hierven por cualquier hecho que ven como conspirativo, en vez de verbenear por cualquier cosa, esa jarca debiera estudiar más. Así se enterarían que en el Reino Unido de Gran Bretaña, en donde la opinión común cree que existe el mejor servicio de justicia del mundo occidental, los jueces pueden consultar a otros colegas delante de las partes acerca de cómo decidirían el juicio, y discutir de viva voz con los letrados demostrándoles su error, sin que a nadie se le ocurra que por ello hay prejuzgamiento. Porque esa herramienta es útil también para los abogados, porque les permite conocer sus puntos flojos desde la óptica de quien estará llamado a decidir.

En conclusión, loamos y encomiamos la acción del añejo magistrado. Porque como quedó dicho, no le creó inhibiciones para conocer en el futuro juzgamiento de la causa toda vez que, con su instigación a la lectura constitucional, no se convirtió en iudex inhabilis ni en iudex suspectus. Y a la vez, popularizó un dogma básico republicano. No conceptuamos semejante acción como disvaliosa. Antes bien, estamos persuadidos que agites como ese ayudan a erradicar el credo oscurantista de la justicia que tan bien combate Lisbeth Salander, nuestra heroína favorita de la literatura del siglo XXI.

Judicial Censorship (?)

Hay un sacerdote acusado de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de menores cuyo juicio oral se realizará próximamente. Ese sacerdote era titular de una Fundación. Esa Fundación tiene por objeto el cuidado de niños desamparados. Algunos de esos niños habrían sido abusados sexualmente por el sacerdote. O por lo menos, el juicio va a versar sobre si ese hecho controvertido existió o no.

En medio de este contexto, la Fundación de marras se presentó ante la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal, pidiendo -por vía de amparo- que se protegiera el nombre de los menores que estuvieron bajo su órbita al momento de que se difundan los detalles del juicio oral en ciernes. El juez de grado recalificó al amparo y lo convirtió sua sponte en una medida autosatisfactiva. Recordemos que las medidas autosatisfactivas no tienen regulación legal en Argentina. Para desprevenidos diremos que las medidas autosatisfactivas son procesos urgentes y autónomos, que no son accesorios respecto de otro principal y que se agotan en sí mismos. Jorge Peyrano suele definir a estos procesos como “…son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables inaudita pars y en los que existe una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles·”. O sea, en otras palabras, son medios por los cuales la Justicia brinda rápido lo pedido por el afectado dentro de un plazo relativamente breve.

En la parte dispositiva, el juez de grado, sin escuchar las defensas que pudieran esgrimir los medios afectados por la medida, ordenó “ I) Disponer que las empresas Arte Radiotelevisivo S.A., Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Grupo Clarín S.A., Editorial Perfil S.A., Editorial La Página S.A. y la totalidad de los medio televisivos, radiales y gráficos se abstengan de difundir imágenes, nombres o cualquier otro dato que por cualquier medio permita individualizar a los menores que hubieren sido o sean asistidos por la Fundación … , con motivo del juicio oral que se sigue contra el sacerdote … . II) Ordenar que esta decisión sea comunicada por cédula con habilitación de días y horas inhábiles, urgente y en el día a todos los medios periodísticos señalados precedentemente. III) Poner en conocimiento de la Secretaría de Medios de Comunicación dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y del Comité Federal de Radiodifusión a fin de que velen por el cumplimiento estricto de la presente manda y para el caso de incumplimiento impongan las sanciones correspondientes. A tales fines, líbrense los oficios correspondientes. IV) Poner en conocimiento de lo aquí resuelto al presidente del Tribunal Oral en el que se ventilará el juicio contra el sacerdote Julio Cesar Grassi, a fin de que por su intermedio se adopten las medidas tendientes a su fiel cumplimiento, debiendo librarse el oficio pertinente en los términos de la ley 22.172. Regístrese.”

Como puede advertirse, la sentencia incurre en un evidente exceso jurisdiccional, toda vez que carece de la mesura y auto restricción que debe tener toda resolución judicial que importe restringir de cualquier forma la libertad de prensa. Con esto no queremos desdeñar de los legítimos derechos constitucionales de los menores que pudieran resultar afectados. Antes bien, lo que pretendemos que quede claro es que el honor y la intimidad de los menores no admiten tutela preventiva en el derecho argentino –como hace el juez de grado-, sino que dan lugar a las responsabilidades ulteriores. En efecto, esa es la recta interpretación del art. 13 de la CADH que en lo pertinente prescribe que:“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección….2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidad ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas….”.

Además, la sentencia es desatinada porque, si bien es cierto que la libertad de prensa no es un derecho absoluto, no lo es menos que sí lo es la prohibición de censura previa. Vale decir, la Constitución Nacional veda expresamente el control de lo que va a expresarse por medio de la prensa. Y en este caso, un juez de la Nación está controlando lo que van a poder publicar los medios demandados, de forma preventiva. ¿Cómo podrán esos medios cumplir acabadamente con su tarea de cubrir el juicio -que versará indefectiblemente sobre presuntos abusos sexuales a menores- sin referirse a los menores? La respuesta se impone: la manda judicial es de cumplimiento imposible. Cumplir lo ordenado por el juez es de una generalidad tal que, a no dudarlo, impone un bozal a los medios afectados. Conducta similar a la que exige probar la cuadratura del círculo.

No caben dudas, pues, que la censura a la prensa también puede ser ejercida por el Poder Judicial, y ella es la mas grave de las censuras. En esta línea de ideas, no cabe duda acerca del derecho de los medios afectados para expresar libremente su opinión sobre los testimonios de los menores en el juicio, sin censura previa, y que los eventuales perjuicios que ello provoque sólo pueden estar sujetos a responsabilidades ulteriores (Art. 14 de la Constitución Nacional, Art. 12, inc. 2, Constitución Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Art. 13, CADH).

En suma, se ha restringido el ejercicio de derechos constitucionales de la prensa por vía judicial. La prudencia obliga a reprobar ese tipo de sentencias que utilizan pautas de dudosa objetividad, que no justifican la limitación impuesta por el resolutorio judicial. Mucho menos, aún, en una instancia de naturaleza cautelar, en la que el análisis es preliminar y provisorio y además unilateral, pues se realiza sin intervención de la contraparte. La cual, vale decirlo, no fue oída hasta el momento. Por lo demás, resulta claro que el acogimiento de la medida cautelar dictada ha afectado la imparcialidad futura del juzgador, que es condición necesaria para que no se vea conculcado el correcto ejercicio del derecho de defensa de los demandados Arte Radiotelevisivo S.A., Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Grupo Clarín S.A., Editorial Perfil S.A., Editorial La Página S.A.

Finalizo este comentario con la cita de lo expuesto por la Corte Suprema Nacional en el caso “Abad c/ Diario La Prensa” (Fallos 248:291), en donde se dijo que “no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncia derechos meramente individuales, está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica”. Descarrío despótico y dictatorial que en este caso, tristemente, emanó del Poder Judicial de la Nación, al que últimamente le estamos encontrando en mayor medida aspiraciones antidemocráticas de omnisciencia y omnipotencia.