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Derrumbe del poder de policía (?)

En el día de ayer se derrumbó una construcción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al momento de escribir esto hay un muerto y dos desaparecidos debajo de los escombros. Empero, la cuestión que motiva este comentario tiene que ver con las afirmaciones del alcalde de Buenos Aires, en orden a que la Ciudad no tiene responsabilidad en el acaecimiento de ese luctuoso hecho. Cuando lo escuchábamos hoy temprano por televisión, ciertamente, nos produjo una indisimulable irritación. No precisamente porque seamos viajeros frecuentes a Cuba y nos saquemos una foto orgullosamente sonriente con una postal del Che Guevara (?). Sino porque la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este hecho es inexcusable por el incumplimiento del poder de policía. Dan cuenta de ello la profusión de condenas judiciales en su haber (desde hace mas de cien años que se prolongan hasta el día de hoy, con la gestión pretendidamente amarilla pero a la sazón gris del ingeniero civil al que poco se le entiende).

Desde la edad antigua hasta el siglo XV, “policía” designaba el total de las actividades estatales; en la organización griega de la polis (ciudad-Estado), el término significaba actividad pública o estatal y se mantuvo en esa significación a pesar de la desaparición de la polis.

Luego, el “poder de policía” fue la facultad estatal de reglar todo lo que se encuentra en los límites del Estado y no tiene relación alguna con el oficial de policía parado en la esquina de su casa (?). En el derecho norteamericano lo llaman “police power” y refiere a la regulación (“regulation”) para designar la emisión administrativa de normas.

El poder de policía legitima la intervención estatal sólo en la medida que ésta tenga por finalidad evitar ataques o daños a la comunidad. Ese, es justamente, el fundamento del deber de responder a los daños y perjuicios que causó la deliberada omisión de controlar la obra derrumbada. De manera que, una vez mas, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no estuvo a la altura de las circunstancias. Porque sus dependientes no cumplen acabadamente con su función de contralor. Y porque él mismo desconoce (siquiera mínimamente) las normas jurídicas que rigen su actuación. Va a estar bueno Buenos Aires (?).

Esta inmundicia también está comprendida en el incumplimiento de la garantía del debido proceso legal en Argentina

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La garantía del debido proceso legal registra, entre sus antecedentes más remotos a la Carta Magna inglesa de 1215. Establecía que «ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión, ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares, según la ley del país”. El art. 18 de la Constitución Nacional dispone que”…es inviolable la defensa enjuicio de la persona y de los derechos…”. Estas fotos evidencian la inmundicia que supone el ejercicio de la abogacía en los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dan cuenta de la sistemática violación al debido proceso legal en Argentina por privación de infraestructura necesaria para el correcto ejercicio de los derechos. En este caso, lo fotografiado en el día de la fecha fueron los baños de los Tribunales de Avenida de los Inmigrantes.

El lavado del Riachuelo (?)

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“Pecunia non olet” (el dinero no tiene olor) le dijo mientras se llevaba una moneda a la nariz el emperador Vespasiano a su hijo Tito, cuando éste lo increpó por recaudar fondos mediante un impuesto sobre el uso de las letrinas públicas de Roma. El emperador necesitaba el dinero para mejorar las alicaídas finanzas romanas y no tuvo mejor idea que gravar el uso de los baños públicos.
El blanqueo de dinero es la acción de convertir dinero ganado mediante actividades ilegales (como por ejemplo venta de armas, prostitución, delitos económicos y conexos, contrabando, evasión tributaria, narcotráfico, etc.), en dinero de aparentemente legal. La idea del lavado es hacer circular el dinero para cortar la ruta del mismo en una ulterior investigación, de modo tal que su origen no pueda descubrirse, manteniendo a resguardo la actividad ilegal que lo produce.
La justicia argentina no ha condenado a nadie por lavado de dinero. En efecto, desde que se sancionó la legislación penal sobre lavado, en el año 2000 mediante la ley 25.246, no ha habido una sola condena por money laundring. El problema que tiene la justicia para condenar por lavado viene dado porque el art. 278 del Código Penal impide penar el auto-lavado (verbigracia, el secuestrador que con el dinero del rescate compra un inmueble), es decir, para que sea delito de lavado la ley argentina exige que el lavador no participe de los delitos que dan origen al dinero ilícito (porque en ese caso la ley argentina persigue al delito grande) y, por último, requiere que se pruebe el origen del dinero mal habido. Como se dijo, no hay condenas. Lo que en modo alguno puede afirmarse es que no haya lavado de dinero.
Ahora bien, ¿que tiene esto que ver con el fútbol?. La relación viene dada porque el balonpié es un campo fértil para el ejercicio del lavado de dinero. Todo el flujo de dinero que circula por el fútbol (derechos federativos de los jugadores y todo el cúmulo de ganancias que ellos cobran, primas, premios por partido ganado, etc.) es de muy difícil detección por parte de las autoridades. ¿Cuánto vale Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Y no existe otro jugador en mercado similar a Cristiano como para que las autoridades tengan elementos concretos para sospechar que en una eventual venta de ese jugador al Real Madrid se les cuelen diez millones de euros adicionales que provienen de actividades ilícitas.
¿Y los partidos de fútbol profesional arreglados pueden estar encubriendo lavado de dinero? La respuesta positiva se impone. Nadie declara ante la AFIP la incentivación que recibió para ir para adelante o el soborno tomado para ir para atrás. Existe lo que se llama técnicamente inimpresionabilidad intencional. Que no es otra cosa que evitar dejar rastros del delito o de la plata recibida. Ahora bien, para evitar dejar rastros del delito se necesita una ingeniería financiera a la que no es fácil acceder. La mafia o el narcotráfico cuentan tiene contadores, abogados, financistas y agentes de bienes raíces que trabajan exclusivamente para el blanqueo de capitales. Empero, me cuesta pensar a Islas o a Morel de Tigre o a Bianchi Arce o a Aureliano Torres de San Lorenzo teniendo una maquinaria financiera de blanqueo de los capitales que fueron recibiendo por izquierda este último campeonato que pasó. Por otra parte, es de una puericia singular creer que Bassi o Pessota (que no puede resguardarse ni de un chat íntimo (?)) pueden manejarse con soltura en el ejercicio del blanqueo de dinero.
¿Qué pasa en el mundo del fútbol internacional? En todas las ligas importantes hay pruebas del arreglo de partidos. El caso mas importante fue el italiano, denominado originalmente “Calciopolis” (?) [parafrasando la famosa “Tangentopolis” de coimas políticas en Italia a comienzos de los años noventa, Francesco Saverio Borrelli, el mismo fiscal que dirigió aquellas investigaciones]. El escándalo se inició con una denuncia del Inter de Milán -que en la campaña 2005-2006 terminó tercero-, sosteniendo que muchos de los partidos de la liga de ese año estuvieron amañados debido a la excesiva cantidad de cobros arbitrales que favorecían a la Juventus.
Terminada la investigación, Juventus fue despojado de sus dos últimos scudettos (2004-2005 y 2005-2006) y se decretó su descenso a la Serie B, más una multa de 120.000 euros. Milan perdió 15 puntos, no disputó la Champions League 2006-07 y se le impuso una multa de 100.000 euros. Fiorentina perdió la categoría, se le descontaron 12 puntos y fue multada con 100.000 euros. Finalmente, Lazio perdió 30 puntos y fue multada con 100.000 euros.
En España, por estos días se habla mucho de la última jornada de la temporada 2006-07. Athletic-Levante y Racing y Betis (ambos partidos disputados por la permanencia en primera división) en la misma jornada y que sirvió al Betis para lograr la permanencia. El Celta de Vigo, uno de los afectados, hizo la denuncia judicial y se supeditó a la conclusión de las investigaciones que realice el Ministerio Fiscal. La investigación está en marcha en este momento.
En Inglaterra, la justicia allanó el Birmimgham City como parte de una investigación sobre la corrupción en el fútbol profesional inglés. Recordemos que el delantero Luciano Figueroa, actualmente campeón con Boca Juniors de Argentina, jugó en esa institución.
En Portugal se ventiló el caso de 27 partidos supuestamente arreglados, entre los que se incluyen una final de la Supercopa de Portugal de 2003 entre el Oporto-Uniao de Leiria, un Sporting de Braga-Boavista y Nacional-Benfica, pertenecientes a la Liga 2003-2004. Por esa causa se suspendió al presidente del club Oporto. Un árbitro de la primera división llamado Rui Silva fue suspendido durante 20 meses por falsificación de actas.
Mas cerca, en Brasil de finales de 2008, el San Pablo, reciente campeón del “Brasileirao” tiene su victoria desafiada por las intrigas. El presidente de la Federación Paulista de Fútbol (FPF), denunció un intento de soborno sobre el árbitro elegido Wagner Tardelli. Un día antes que el San Pablo se consagrara campeón, el árbitro que había sido designado para ese encuentro, fue separado y reemplazado por el principiante Jaílson Macedo. San Pablo le ganó a Goias por 1 a 0 con un gol de Borges en clara posición adelantada. El perjudicado en este caso fue Gremio de Porto Alegre. No existen de denuncias de los gauchos ante los tribunales penales del vecino país.
¿Y por casa como andamos? Boca Juniors acaba de salir campeón. Empero, el mundillo del fútbol está convencido que este campeonato fue amañado. Se fundan para ello en muchos errores arbitrales que terminaron beneficiando al dudoso campeón. Así, se computan como espurios el penal a favor de Boca contra San Martín de Tucumán por Maglio, el penal que no le cobraron a San Martín de Tucumán (recordemos que Boca ganó ese partido por diferencia de un gol apenas); la barrera puesta a mas de 10 metros colocada por el árbitro Laverni contra Arsenal, que permitió mayores facilidades a Riquelme para ejecutar el tiro libre; el penal a favor de Boca contra Racing cobrado Lunati, el penal que no le cobraron a Racing en clara falta a Luguercio (recordemos que Boca ganó también ese partido por diferencia de un gol apenas); el sorteo del triangular a puertas cerradas; los penales que casualmente Laverni no le cobró a San Lorenzo frente a Tigre en cancha de Velez (recordemos que el triangular se definía por diferencia de gol), etc.. Como se advierte, existen indicios vehementes como para descartar errores aislados, de esos que benefician y perjudican a todos los clubes por igual. En cambio, lo que pareciera existir es un claro designio destinado a la obtención de la gesta deportiva por Boca. Las teorías conspirativas recuerdan el triangular de 1968, la mano de Gallo (defensor de Velez que en el partido contra River voló cual arquero y sacó un pelota de gol, mientras Nimo que árbitraba no cobró nada porque “no vió nada” (?)) y la muerte de Amalfitani unos meses antes y lo correlacionan –al mejor estilo del cuento circular de Borges- con el triangular de 2008, los penales que no le dieron a San Lorenzo contra Tigre y la muerte de Pompilio a manos del Viagra (?).
¿Está permitido arreglar partidos? Categóricamente, no. La ley N° 20.655, en su art. 24 dispone que “Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito mas severamente penado, el que, por si o por tercero, ofreciere o entregare una dádiva, o efectuare promesa remuneratoría, a fin de facilitar o asegurar el resultado irregular de una competencia deportiva o el desempeño anormal de un participante en la misma. La misma pena se aplicara al que aceptare una dádiva o promesa remuneratoría, con los fines indicados en el párrafo anterior”. ¿Hay causas tramitando en la justicia argentina por aplicación de este artículo? Ni una sola. En los pasillos de Tribunales se comenta que los jueces tienen miedo de resultar frivolizados y/o ridiculizados al emprender una investigación contra el fútbol. Para ello se basan en una larga serie de ejemplos de jueces que terminaron mal parados antes la opinión pública cada vez que urdieron indagar la verdad de lo que ocurre en el fútbol vernáculo.
Todas las ligas importantes del mundo tienen casos de corrupción evidentes. Empero, a diferencia de Argentina, encuentran la forma para que esos casos salgan a la luz. Por lo demás, no existen razones serias para sostener que Argentina esta libre de corrupción y de los partidos amañados que acaecen en otros lugares del mundo. Antes bien, los indicios revelan lo contrario. Por eso, por la limpieza de nuestro balompié criollo, debiera iniciarse una investigación judicial que deslinde las responsabilidades entre los involucrados.
Herramientas judiciales existen. Recuérdese que los actos consumados por los intervinientes pueden caer dentro de la figura de lavado de dinero (porque la coima que cobran es dinero que evaden del fisco) o dentro de la figura del art. 24 de la ley N° 20.655. Bueno sería empezar a investigar los patrimonios de los árbitros Bassi, Pessota, Lunati, Laverni y Maglio, y de los mas jóvenes de los planteles que jugaron el triangular (porque son los mas inexpertos en eso de ocultar dinero ilegítimo). A partir de allí podrá comenzarse a desenredar la madeja de la corrupción enquistada en nuestro fútbol. Porque “pecunia non olet”, pero el campeonato de Boca Apertura 2008 tiene peor olor que el Riachuelo (?).

Los pactos deshonrados (?)

Es por todos conocida la locución latina “Pacta Sunt Servada”: Significa, ni mas ni menos que, “los pactos deben honrarse”.

Viene a colación esta frase con motivo de la re-estatización de Aerolíneas Argentinas. En primer lugar, porque el Estado argentino, al momento de la privatización de la línea de bandera, prometió no volver, bajo ninguna circunstancia, a retomar el control societario de la compañía. Es promesa integra el orden jurídico argentino y, al parecer, va a ser incumplida prontamente. En segundo lugar, porque la Secretaría de Transporte habría firmado un acta acuerdo con los tenedores accionarios actuales de la compañía a efectos de determinar el protocolo a seguir para la recompra del capital accionario por parte del Estado. Ese acta, al parecer, va a ser repudiada e incumplida por el Congreso Nacional, por vía de ley.

Sin entrar a considerar el fondo de la cuestión, en orden al mérito, oportunidad o conveniencia de la re-estatización de Aerolíneas Argentinas, sorprende la falta de calificación técnica -en cuanto a lo jurídico- de los altos grados dirigenciales de nuestro país como para generar anticuerpos republicanos que impidan volver contra los propios actos del Estado.

Honrar los pactos es una de las bases fundacionales de la confianza que la sociedad. Esa confianza opera en forma bifronte. Hacia fuera (la confianza que el resto de los países nos tienen) y hacia adentro (la confianza que los ciudadanos tienen para con su Estado).

La violación del principio de confianza se da cuando el obligado no considera un precepto absoluto el cumplimiento de la palabra empeñada, sino sólo una alternativa entre otras que podría escoger, estando dispuesto a ignorarla si aparecen otras alternativas menos desfavorables. Y esa violación es deleznable cuando proviene del Estado, habida cuenta de la superioridad técnica y moral que debiera tener –pero lamentablemente no tiene- en la contratación con los particulares.

Por último, no está demás relacionar ese incumplimiento de los pactos de Estado con los altos índices de corrupción administrativa. Porque el funcionario público delincuente se siente mucho más cómodo en sus prácticas espurias cuando se le permite ignorar la palabra empeñada por el Estado anteriormente. Al igual que los hongos en la humedad, la corrupción florece en un medio ambiente con la confianza quebrada, porque siempre se podrá volver atrás sin mayores consecuencias. Por eso, nuestro consejo: no contrate con el Estado argentino. Salvo que usted sea de los empresarios amigos, en cuyo caso, el orden jurídico no rasguñará siquiera las prerrogativas de su fuero personal (?) y podrá quintuplicar si fortuna tranquilamente.

En temas de corrupción, el Poder Judicial ignora jurídicamente lo que todo el mundo sabe


Es un típico cliché sostener que la Justicia es ciega. Así se la representa desde tiempos inveterados. Sin embargo, al momento de juzgar hechos de corrupción, parece que el Poder Judicial se auto-restringe indebidamente. Y con esa actitud omisiva viola la manda constitucional de afianzar la Justicia.
La sentencia que motiva este comentario fue dictada en la causa “A., J. y otros” por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 1ª, con fecha 19 de Mayo de 2008 en el marco de lo que se conoce como “caso Skanska” por hechos de corrupción que involucran a la citada empresa y a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Como es “devido” (?) -permítaseme el yerro ortográfico- voy a hacer una breve recensión de la maniobra delictiva.
El Ministerio de Planificación inició durante el curso del año 2005 una licitación privada de precios por la construcción de dos gasoductos, en el norte y el sur del país. Sin embargo, el Ente Nacional Regulador del Gas fue advertido de que, dentro de esa licitación, la empresa multinacional Skanska había pagado un 152% de sobreprecios que significaron alrededor de 17 millones de pesos. Se presume que esa plata fue destinada a dádivas para funcionarios del gobierno nacional. Dentro de la investigación, se probó que Skanska pagó 118 facturas apócrifas a al menos 23 empresas fantasma o irregulares. Una de esas firmas pantalla fue Infiniti Group.
Un auditor interno de Skanska, encomendado por la casa matriz, declaró en sede judicial que algunos ejecutivos de la empresa confesaron extrajudicialmente haber pagado coimas a funcionarios argentinos. Empero, y aquí viene el meollo de la cuestión, esa confesión extrajudicial hecha por Javier Azcárate -gerente de la empresa en la época de los sobornos- fue GRABADA Y APORTADA COMO DOCUMENTO A LA JUSTICIA. En estas grabaciones quedaba demostrada sin lugar a dudas la participación de sendos funcionarios del gobierno nacional en el cohecho.
Esos fueron los hechos que dieron lugar a la resolución que comentamos. ¿Que hicieron los abogados defensores de los acusados para desconocer la virtualidad probatoria del video? Una jugada de manual. Dijeron, en lo que atañe a la grabación extrajudicial, que violaba el derecho constitucional a la privacidad del acusado de presunto coimero (?). O sea que, a su entender, el derecho a la privacidad protege a los que desprestigian la función pública. También sostuvieron que se violó el artículo 18 de la Constitución Nacional, pues los defendidos declararon contra sí mismos inducidos por un engaño. Sobre la base de que el registro de las conversaciones se produjo clandestinamente, los abogados defensores cuestionaron su validez porque se prescindió del consentimiento del corrupto (?) -nos imaginamos una interrogación mas o menos así: “Señor de moral lábil, ¿Me podría prestar el consentimiento informado para grabarlo en donde reconozca haber pagado/cobrado una coima para usarlo en la Justicia, por favor, buen hombre?- y se ocultó engañosamente la existencia de la grabación con el objetivo de obtener ardidosamente una confesión.
Nosotros pensamos que la grabación de una comunicación por parte de uno de los interlocutores es prueba documental de un hecho histórico acaecido que no invade la esfera de prohibiciones probatorias y que nada tiene que ver con el tema de la privacidad constitucional porque -en todo caso- estará sujeta a la valoración probatoria de la sana crítica racional del Tribunal oral. Que se entienda bien. El Estado no puede grabarme una conversación sin orden de un juez. Pero mi ex-esposa, sí. Porque las garantías constitucionales son para ser opuestas por el particular contra el poder público. Pero no entre particulares porque estos últimos no se encuentran comprendidos por los límites formales establecidos por la ley procesal penal.
¿Que dijo el Poder Judicial respecto de la validez de estas grabaciones?
Lo cito textualmente: “Con prescindencia de los motivos empresarios, la decisión de Skanska se tradujo en una investigación privada que transitó por un carril paralelo a la pesquisa jurisdiccional, hasta que finalmente su producido fue incorporado -al margen de la forma en que ello aconteció-a los procesos judiciales en trámite. En resumidas cuentas, esto significó que pasase a integrar el acervo probatorio un conjunto de elementos, entre ellos, la grabación subrepticia del interrogatorio inducido por el auditor interno de la empresa. Frente a este estado de cosas: ¿Es posible que el Estado por la sola circunstancia de no haber ocasionado directamente la autoincriminación, saque provecho de ella en esas condiciones? El Tribunal considera que la premisa de haber existido una causa judicial en curso censura la utilización de vías paralelas, para obtener prueba al margen de las garantías de las que goza toda persona imputada dentro de un proceso penal. Una vez que determinado conflicto penal es sometido a la jurisdicción, la finalidad última de averiguación de la verdad no puede alcanzarse sino por la vías acotadas que reaseguran los derechos individuales frente al poder punitivo del Estado. Esto supone no sólo límites y prohibiciones dirigidos a los funcionarios estatales en tanto encargados directos de la investigación sino también la imposibilidad de aprovecharse de la actividad privada paralela que no se ajuste a dichas restricciones y que de haber sido realizada por los primeros se reputaría sin más como violatoria de garantías constitucionales”
En resumidas cuentas, un Tribunal de alzada de la instrucción vedó la posibilidad de recibir aportes que aprovechen a una investigación judicial en curso y provengan de personas físicas o jurídicas privadas.
Eso es tan arrogante y censurable como desdeñar del auxilio de la ciudadanía y su compromiso en relación a labor jurisdiccional. Importa, a la vez, desalentar la participación ciudadana.
Por eso, porque procuramos prestigiar a la justicia evitando que ésta viva de espaldas al saber común del pueblo y su arte consista ‘ignorar jurídicamente lo que todo el mundo sabe’, reprobamos fallos como el que motiva este comentario. Porque fallos como este, alientan a los coimeros y desalientan a quienes tenemos sensatas expectativas de punición.