Archivo de etiquetas| Corte Suprema de EEUU

La Corte Suprema de EEUU redujo la condena a EXXON por punitive damages


Los Punitive damages son una institución del Common Law de origen británico. Son multas que se dan al demandante en un juicio -que paga el demandado para penarlo, para que aprenda para la próxima vez y/o para que los demás en su situación sigan su ejemplo-.

En Argentina, en cambio, un juez civil, en un proceso de esta misma naturaleza, puede condenar al demandado a pagar una indemnización compensatoria del daño causado, pero, por lo general, no puede imponerle sanciones.

Existen casos en los que la Corte de Estados Unidos ha puesto coto a los punitive damages. En BMW of North America, Inc. v. Gore (116 S. Ct. 1589 (1996), un caso de Punitive damages en derecho contractual, el vendedor demandado había vendido a la compradora demandante un
automóvil nuevo sin informarle de que había sido parcialmente repintado. Se dijo que era claramente exorbitante dados el reducido grado de reprochabilidad de la conducta del demandado y la proporción de 500 a 1 entre una indemnización de 2,000,000 de dólares y un daño real de 4,000 dólares. El Tribunal estableció tres criterios muy generales para valorar la constitucionalidad de un veredicto de Punitive damages:
a) El grado de reprochabilidad de la conducta del demandado.
b) La razonabilidad de la relación entre el importe de los Punitive damages y la indeminización.
c) El alcance de las sanciones penales establecidas por las leyes para conductas comparables.

Esta semana la Suprema Corte Federal de Estados Unidos, redujo la condena de 5 billones de dólares por punitive damages en contra de ExxonMobil a 500 millones de dólares. El hecho por el que se condenó a la empresa fue un derrame de 11 millones de galones de petróleo en Alaska en 1989. Debe recordarse que Exxon permitió que el capitan que comandaba el buque fuera alcohólico, que en la noche del desastre se tomó cinco vasos dobles de vodka. El daño ambiental causado por este hecho fue el peor de la historia de los Estados Unidos y todavía afecta a los pescadores de Alaska hoy día. ¡Hay que tener ganas de ir a pescar a Alaska!, pero bueno, a los muchachos fishermen los pertuba EXXON a casi 20 años del desastre porque les obliga a sacar peces empetrolados (?).

De todas formas, la sentencia no permite extraer una regla clara sobre cuando se viola el debido proceso del multado por punitive damages. Habrá que ver como sigue evolucionando esta Jurisprudencia.

¿Y Argentina? No existen punitive damages aquí. Si usted, por ejemplo, tiene una revista, inventa una historia se sexo, drogas y alcohol entre una diva y el oso polar del Zoo (?), probablemente venda millones de ejemplares de la revista. Sin embargo, cuando sea demandado por los batalladores abogados de la diva, la condena nunca va a superar las ganancias que usted obtuvo. Con lo cual, podemos afirmar sin ambages, que el derecho argentino auspicia los ilícitos lucrativos.

¿Desde cuando tengo derecho a un abogado?

Enfáticamente, la Constitución Nacional (Art. 18 ) declara la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. No puede ser quebrantada ni por el legislador ni por el tribunal. Aquí “juicio” equivale a todo el proceso penal desde su comienzo según la interpretación de siempre de la Corte Suprema de Justicia nacional. Puede advertirse en la evolución doctrinaria y legal una clara evolución hacia la idea operativa de que el derecho de defensa debe garantizarse a través de la amplia participación del defensor.

En esta inteligencia, los códigos modernos otorgan la facultad de contar con defensor desde el mismo inicio de los procedimientos, como lo hace el Código Procesal Penal nacional en sus artículos 72 y 73. El derecho a instituir defensor es de índole personal del imputado, pudiendo modificar su designación según lo entienda conveniente. Para aquellos supuestos en que no pueda o quiera efectuarlo, el Estado debe proporcionarle un defensor de oficio.

¿A que viene todo esto? A que se ha dictado otra gran decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta vez fue en la causa Rothgery v. Gillespie County. El imputado debe ser defendido técnicamente en el proceso. Esto nos presenta la figura del defensor en el proceso penal. La cuestión debatida en el proceso que culminó con la sentencia de la causa Rothgery fue ¿desde cuando es obligatorio que el imputado tenga un defensor? Dicho de otra forma, ¿desde que momento el imputado tiene derecho al consejo legal de un defensor abogado?

Rothgery fue detenido. No tenía plata para nombrar a una abogado de confianza. Entonces requirió insitentemente que le neombraran uno oficial. Tardaron mucho en nombrarlo y mientras el seguía preso. No tenía plata para la fianza. Finalmente, le nombraron el defensor que en un rato, logró su libertad de culpa y cargo. Entonces enjuició a los que lo detuvieron erróneamente. Basó su pleito en dos precedentes “Brewer v. Williams” (1977) y en “Michigan v. Jackson” (1986). En ambos casos, sostuvo Rothgery, la Corte Suprema estableció que que desde el inicio mismo de los procedimientos judiciales existe derecho a la defensa técnica. ¿Cual es entonces el factor determinante del inicio del proceso penal? Cuando comienza la intervención del fiscal. Desde ahí comienza el proceso adversarial y el imputado tiene derecho aun defensor.

Rothgery argumentó que el “prosecutorial involvement test” es una mera declaración teorética que importa una ventaja para la fiscalía. ¿Por qué? Porque bien podría suceder que alguien sea detenido por la policía sin que exista actuación fiscal previa. Luego nunca tendría derecho a un abogado defensor -y podría estar encarcelado durante largos períodos- porque el fiscal no se ha involucrado en el conocimiento de la causa.

¿Que resolvió la Corte Suprema al respecto? Que el abogado defensor puede intervenir aún antes de que la causa llegue a un Tribunal judicial, ni bien el imputado sepa el cargo criminal en su contra y su libertad esté amenazada porque eso activa el derecho al asesoramiento legal. Y ese derecho no depende de acto alguno del fiscal o la policía.

¿Que pasa en Argentina? Para establecer la “primera oportunidad” se requiere que el tribunal de instrucción se invoque. Esto da vida ya a la imposición, la que se concertará cuando por primera vez el juez tome contacto con el imputado de cualquier modo, contacto que deberá provocarse inmediatamente. Recién allí se puede designar defensor.

Como vemos, la suma de estas cuestiones menores hacen a un sistema legal sólido y serio. Como el nuestro (?)

Para lavar dinero, déjelo adentro del pantalón en el lavarropas (?)

Como las sentencias de la Suprema Corte de Estados Unidos suelen ser interesantes, seguimos prestando atención a lo que ella dice. A más de ello, es lo que mas nos piden los lectores del blog. Por eso, porque somos demagógicos (?) y populistas (?), hacemos lo que manda el soberano. En este caso fijamos nuestra atención en la interpretación que ella dió a la prueba del delito de lavado de dinero de origen delictivo.

Para los desprevenidos de siempre (?), recordamos que el lavado de dinero es la acción por la cual los dineros provenientes de delitos (prostitución, venta de drogas, etc.) que -como obvio es decirlo- no pueden justificarse legalmente como ingresos (porque importaría tanto como reconocer los delitos que generan esa ganancia) se insertan en el mercado legal como si tuviera un origen lícito. Por ejemplo, construyo un edificio con la plata que obtuve de la trata de blancas (?), y al vender los departamentos digo que mi ganancia provino de la susodicha venta.

El caso caratulado Cuellar v. United States (No. 06-1456), aborda la cuestión sobre que tipo de prueba necesita el Estado para acreditar el lavado de dinero.

El bueno (?) de Humberto Fidel Regaldo Cuellar fue detenido en Julio de 2004 en un Volkswagen Beetle (el nuevo escarabajo (?)) que circulaba dentro del límite de velocidad permitido. La policía aprehendió a Regaldo Cuellar porque había descubierto que hizo cerca 1,000 millas en los últimos dos días parando en ciudades grandes por pocas horas. Le preguntaron acerca de esto último y Cuellar se puso nervioso. Luego, le encontraron mucho dinero en efectivo con olor a marihuana (al fin y al cabo son los dos verdes) (?).

Requisaron pues el escarabajo, y encontraron mucho pelo de animal que los contrabandistas suelen usar para ahuyentar a los perros policía. Siguieron buscando y encontraron u$s 83,000 dólares en efectivo en un escondite del vehículo.

Humberto Fidel Regaldo Cuellar fue procesado por violar la ley de lavado de dinero (18 U.S.C. Sec. 1956(a)(2)(B)(i)) que, en cuanto aquí interesa, dispone que es delito “transportar, transmitir, or transferir . . . cartulares o billetes de un lugar a otro de Estados Unidos o al exterior . . . a sabiendas que el dinero involucrado . . . proviene de una actividad ilegal con miras a disimular la naturaleza, situación, fuente, dueño e el control de esa actividad ilegal.”

Ahora sí: ¿Qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos al respecto? El 2 de Junio resolvió que si bien el gobierno no necesita probar que el imputado Regaldo Cuellar intentaba hacer parecer legales fondos que provienen de un delito, al menos es requerido acreditar que el acusado hizo algo mas que esconder el dinero mientras lo transportaba. Así, debe probarse que el encartado conocía que el propósito que guiaba el transporte era el lavado de dinero.

Para finalizar, una nota de color. En nuestro país no existe condena alguna por lavado de dinero. Es mas. Ni a la viuda de Escobar Gaviria se la condenó a pesar de la abundante evidencia al respecto. Por eso, aquí, el único dinero que se lava es el que queda dentro de los bolsillos del pantalón (?).