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La inoponibilidad de la franquicia en el contrato de seguro del transporte automotor

Como es bien sabido por los litigantes, fue dictado el fallo plenario “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/ daños y perjuicios (Acc. Tran. c/ Les. o muerte) Sumario” y el fallo plenario “Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios”, en virtud del cual se dejó establecida la siguiente doctrina, que resulta obligatoria en los términos del art. 303 del Cód. Procesal para el fuero nacional en lo civil de la Capital Federal: “En los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución Nº 25.429/97- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)“.

La Corte Suprema descalificó las sentencias de la Cámara Civil fundadas sobre la mentada doctrina plenaria, incluida la dictada en la causa “Obarrio” como consecuencia de lo decidido en pleno, y en el caso “Gauna” adoptó esa determinación respecto del fallo plenario mismo, pues en ese expediente se pronunció al resolver el recurso extraordinario interpuesto directamente contra el pronunciamiento dictado en virtud de lo establecido en el art. 300 del Código Procesal.

¿Cuál criterio rige hoy en la justicia capitalina? La respuesta es, los dos (?). Aunque sea poco serio, la mayoría de la justicia nacional civil sigue aplicando el criterio del plenario Obarrio/Gauna. Y la Corte Suprema sigue revocando las sentencias dictadas en ese sentido.

Nuestra opinión es que el criterio de la Corte Suprema es insostenible desde el punto de vista de los derechos humanos. Recordemos que se encuentran en colisión el derecho a la reparación integral de la víctima y el derecho de la empresa de colectivos/o de su aseguradora a que se respete el contrato que firmaron. Si se da prevalencia a esto último, la víctima difícilmente cobre cuarenta mil pesos ($40.000) de su indemnización, puesto que la mayoría de las empresas de transporte son insolventes o se encuentran abarcadas por los efectos de procesos falenciales.

Sucintamente, es repugnante a los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución que la Corte Suprema prefiera un derecho económico contractual de compañías de colectivos y aseguradoras deshonestas, en detrimento de un derecho de la víctima a la reparación integral, que encontra apoyatura en las Convención Americana de Derechos Humanos. Sinrazón de la Corte que se advierte diáfana, a poco que se repare en que la vícitima, además, es consumidor de ese contrato entre terceros (empresa de colectivos con su aseguradora) y por tanto, se encuentra amparada por las previsiones del art. 42 de la Constitución Nacional en las relaciones de consumo. Luego, en esa colisión de derechos, cabálmente se colige que el del la vícitima tiene mucha mayor base, fundamento, arranque y génesis legal que, en comparación, el derecho contractual esgrimido por las compañìas de seguros. Es hora de que la Corte Suprema tenga una mirada mas humana y menos mercantilista de los accidentes de tránsito en los que intervienen las empresas de colectivos y su libídines aseguradoras.

Crónica del deceso de los Decretos de Necesidad y Urgencia en Argentina

La presidente de la Nación dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010/09, que creó el Fondo del Bicentenario.

Como no consiguió los votos en el Senado para la ratificación legislativa del citado decreto, dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 296/10, y de ese modo derogó el decreto de Nº 2010/09.

Hasta aquí, un sainete típico argentino. Justo lo contrario a lo que pasaría en cualquier país serio. Empero, lo infame estaba por comenzar. Anteayer, cuando inauguraba las sesiones del Congreso, como según ella “no podía seguir los trámites ordinarios de una ley” (?), dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 298/2010, que es una copia textual del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010/09. Lo único que cambia es la numeración.

Como buena demócrata, molesta por la publicidad de los actos de gobierno, ordenó que el decreto de marras se incluyera en una separata del Boletín Oficial. Y que empezara a regir el mismo día de su publicación.

Evidentemente, la presidenta de la Argentina está decidida a seguir dando causa para ser removida por juicio político. No es que sea lo aconsejable, pero la inhabilidad para ejercer el poder -o para cumplir con las formas de los procedimientos republicanos- cada vez es mas notoria y manifiesta.

Todo esta triste comedia, parece representada un mono antropomorfo (?) y es imposible de ser explicada a gente que vive en países de otras latitudes. La republiqueta bananera africana mas jarca, tiene mejor institucionalidad que Argentina. Lo que implica que sería incapaz de llegar a tanto desmadre como llegamos nosotros.

La Corte Suprema asustadiza que tenemos, también contribuyó con lo su rol en la comedia. Tenía a estudio una causa por la que se había suspendido el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010/09. Como el citado decreto se encuentra derogado, la Corte decretó abstracto e inoficioso cualquier pronunciamiento sobre la cuestión.

Nuevamente, la cabeza del Poder Judicial cometió otro acto cobarde. Según nuestra opinión, debiera de haber dictado sentencia de todas menaras –aunque el decreto hubiera sido derogado- porque existía un clarísimo caso constitucional, en la medida en que la cuestión federal estaba relacionada con un interés institucional que subsiste al momento del dictado de la sentencia. En efecto, se puso en tela de juicio el ejercicio que la presidente efectuó de las facultades que le otorga el art. 99 inciso 3 del texto constitucional, lo cual imponía la necesidad imperiosa de una interpretación de la Corte Suprema debido a la importancia institucional que reviste la cuestión debatida.

Nada de ello hizo la Corte Suprema. Antes bien, aunque se encontraba en juego la propia autoridad de la Corte, prefirió eludir de intervenir en la cuestión. Ello sienta un gravísimo precedente pues, en el futuro, le bastará al Poder Ejecutivo ir derogando los decretos de Necesidad y Urgencia minutos antes de que la Corte se expida sobre ellos, para lograr frustrar sine die toda decisión en asuntos que revisten gran importancia para el pleno desarrollo de las instituciones democráticas. Ello es altamente censurable para el vida democrática argentina por cuanto, a más de lo expuesto, la Corte Suprema ya había dictado sentencias en casos abstractos aduciendo que debía pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales que se plantean susceptibles de repetición y que de otra forma quedarían sin resolución (cfr. doctrina de Fallos: 316:479, cons. 5º y 6º del voto de los jueces Belluscio y Petracchi).

Respaldamos y apadrinamos que, con urgencia, en el lapso mas breve posible, la Corte Suprema Nacional dicte una fallo ejemplificador, acotando y limitando hacia el futuro el dictado de esas crisálidas constitucionales que son los Decretos de Necesidad y Urgencia. Ojalá que la picardía de la presidente, conforme a esta prognosis, le cueste carísima a los próximos presidentes constitucionales por virtud de la sentencia que limite el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia a los casos constitucionales (ataque exterior o conmoción interior). Verbigracia, que los presidentes solo puedan dictar Decretos de Necesidad y Urgencia cuando nos invada Brasil (?) o cuando haya un terremoto o un tsunami (?). En ese momento, cuando los presidentes solo dicten este tipo de Decretos en casos excepcionalísimos, tendremos una República un poco superior a la que nos toca vivir hoy día.

Otra vez sobre la actitud sospechosa como causa de detención policial

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De nuevo, la Corte Suprema Nacional, dictó un fallo que avala los procedimientos policiales sin orden judicial motivados por la “actitud sospechosa” del detenido. O sea que los que dicen que esta es una Corte liberal y garantista, bien no conocen el quehacer judicial argentino; o bien no están consustanciados con defender a las garantías del imputado en un proceso penal.

En este caso, Jorge Ramón Daniel Ciraolo (quien era investigado por estafas y por vender cheques falsos en confiterías del centro de la Capital) estaba tomando algo en uno de los bares del microcentro. Un policía entra al negocio, y sin orden judicial alguna, lo identifica, lo requisa, lo interroga, secuestra su documentación y lo conduce a la comisaría.

Iniciada la causa judicial, la defensa hizo el planteo obvio: pidió la nulidad del procedimiento policial contra Ciraolo, ya que no surge del acta de detención y secuestro, ni de las versiones de los testigos de estas diligencias, cuál fue la “actitud sospechosa” que legitimara la actuación sin orden judicial del oficial de policía.

La policía tiene expresamente prohibido detener o requisar gente sin la “orden escrita de autoridad competente” que requiere el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Los artículos 184, inciso 5°, 230 bis y 231 in fine del Código Procesal Penal de la Nación, facultan a los funcionarios de policía para que, sin orden judicial, aunque “dando inmediato aviso al órgano judicial competente”, requisen las personas, inspeccionen sus efectos personales, y secuestren las cosas que pudieran tener relación con un delito, siempre y cuando existan “circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas”. Y los artículos 184, inciso 7°, y 284, inciso 3° del Código Procesal Penal de la Nación, y 1º de la ley 23950, autorizan a los agentes policiales a detener “a los presuntos culpables”, contra los que hubiere “indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación”, o “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido algún hecho delictivo y no acreditare fehacientemente su identidad”.

Tenemos entonces que para que la policía pueda restringir la libertad de los ciudadanos, cuando no ejecute órdenes judiciales ni se den supuestos de flagrancia, tienen que concurrir circunstancias razonables, objetivas y debidamente fundadas, o indicios vehementes, de que alguien cometió un delito.

Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional debía responder la pregunta esencial sobre si existieron circunstancias previas o concomitantes que de manera objetiva y razonable justificaran el proceder policial en este caso, a la luz de los conceptos de “causa probable”, “sospecha razonable”, “razones urgentes”, y teniendo en cuenta “la totalidad de las circunstancias”.

¿Qué dijo la Corte Suprema en este caso? No dijo nada, porque se excusó de intervenir por motivos formales. Y con ese subterfugio convalidó la nefasta doctrina de los precedentes pavorosos y autoritarios caratulados “Fernández Prieto” (Fallos: 321:2947); “Flores Núñez” (Fallos: 321:3663); “Tumbeiro” (Fallos: 325:2485); “Monzón” (Fallos: 325:3322); y “Szmilowsky “(326:41).

En fin, otra lamentable intervención fascista y opresora de nuestra Corte Suprema Nacional, que con artificios rehuyó de respetar las garantías judiciales de un acusado en un proceso criminal. Para que entienda el neófito: cuando la Corte Nacional tiene ganas de intervenir en el caso, lo hace aunque la ley no le de competencia [vgr. en el caso HALABI intervino –y hasta legisló- cuando no podía hacerlo porque no tenía competencia, toda vez que la Cámara Contencioso Administrativo Federal había declarado desierto el recurso del abogado amigo del Dr. Arroz (?) y, desde siempre, la interpretación de los escritos de las partes no habilitan la instancia extraordinaria]. Cuando no tiene ganas, como en este caso, aduce óbices formales. Proceder que no es utilizado para reafirmar garantías del acusado criminal, sino, antes bien, para restringir y hasta cercenar derechos de los habitantes de la República. Abogamos urgentemente por el cambio de doctrina en cuanto a este tema concierne y el pronto apartamiento de la infausta método “Fernández Prieto”. No queremos mas tristes sentencias dictadas por una Corte populista -y errática en sus criterios- que se esconde bajo el falso ropaje liberal.

Quiero pasar. ¿Por acá?. No, por acá (?)

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El 21 de octubre de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia de esas que dicta millones por día de firma. Consiste en una desestimación in límine litis de una medida cautelar autónoma pedida por un ciudadano y la causa es “I. 149. XLIV. ORIGINARIO Iannuzzi, Mario c/ Entre Ríos, provincia de y otro (Estado Nacional) s/ medida cautelar autónoma”.

Don Mario Iannuzzi, vecino de la provincia de Buenos Aires, y solicitó una “medida cautelar autosatisfactiva” para que se ordene a la señora Presidente de la Nación y al señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos que dispongan “el inmediato desbloqueo de la ruta 136, a fin de permitirle el libre tránsito por el Puente Internacional General San Martín (Gualeguaychú – Fray Bentos)”. Señaló que resulta de público y notorio que desde hace más de dos años una denominada “Asamblea Ambientalista Ciudadana de Gualeguaychú” mantiene bloqueada la ruta 136, impidiendo ilegalmente ejercitar el derecho constitucional de transitar, salir y entrar libremente del país. Indicó que razones familiares exigen su presencia en Fray Bentos, Uruguay, y que el bloqueo de la ruta 136 le impide acceder a esa ciudad fronteriza. Añade que si bien podría llegar a ese destino por otras rutas, ello le ocasionaría “severos perjuicios económicos por combustible, peajes, extensión del viaje en tiempo y distancia, y la claudicación de (su) derecho constitucional de libertad de tránsito”. Concluye en que “ha llegado la hora de restablecer la plena vigencia de la Constitución Nacional en la ruta 136”, no sólo en su beneficio, sino “en el de todos los que quieran transitar(la) libremente”.

La Corte usó el viejo cliché de que “la existencia de “caso”,”causa” o “asunto” presupone -como surge del propio artículo 116 de la Ley Fundamental- la de “parte”, esto es, la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso”.

¿Es arreglada a derecho la solución adoptada por la Corte? La respuesta inequívoca es afirmativa porque es la que mejor se compadece con el estado republicano. Vale decir, no puede dudarse de que la ruta 136 bloqueada por la Asamblea Ambientalista Ciudadana de Gualeguaychú impiden ejercitar el derecho constitucional de transitar, salir y entrar libremente del país. Empero, tampoco puede dudarse de que se trata de un problema en el cual han tomado intervención los mas altos estamentos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de las fuerzas de Seguridad. La solución tomada al respecto fue “no tomar una decisión” (?). En política se estudia la teoría de la decisión y como los efectos de no tomar una decisión pueden ser peores a elegir un rumbo aunque conlleve un inevitable costo de oportunidad. Pues bien, si frente a esa conyuntura se presenta alguien planteando algo que carence del mínimo de apoyatura fáctica y probatoria, no puede menos que rechazarse la demanda. El actor indicó que razones familiares exigen su presencia en Fray Bentos, Uruguay, y que el bloqueo de la ruta 136 le impide acceder a esa ciudad fronteriza pero no probó esa razones familiares. Por eso, la Corte no podía admitir la demanda ni darle curso en el marco de una cautelar.

Ahora bien, no se nos escapa que Don Mario Iannuzzi bien podría querer cruzar ad nutum, porque sí, porque lo ampara la Constitución. Distinto hubiera sido el caso. No obstante, la Corte tampoco se hubiera expedido por la siguiente razón: ni la señora Presidente de la Nación y ni el señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos son los responsables del bloqueo de la ruta. Recuérdese que la decisión de ellos fue no hacer nada.

¿Cómo hubiera estado bien planteada la demanda? Como acción de amparo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Asamblea Ambientalista Ciudadana de Gualeguaychú en el juzgado federal competente en razón del territorio. Al parecer, ya hubo demandas similares anteriores que no tuvieron andamiento porque era muy difícil de notificar a la Asamblea (?). Muchachos, si lo que quieren es cruzar el puente, usen al escribano notificador (?) en vez de desistir. Lo mas probable es que rechacen la demanda en las instancias inferiores y hasta que denieguen el recurso extraordinario federal por no existir cuestión constitucional suficiente (¿vieron como es la Justicia argentina, no?). Adpero, la Corte Nacional por vía extraordinaria sí se verá obligada a decidir si tiene razón el actor o la Asamblea Ambientalista Ciudadana de Gualeguaychú. Igual cuidado en la tramitación de la causa porque la lupa para encontrar óbices va a ser mas grande que en el resto de los casos.

Como aconteció en el caso Samuel Kot SRL (recuérdese que el que planteó el amparo famoso fue don Juan Kot en calidad de representante de la firma y no Samuel Kot como dicen los pseudo-jurisprudencialistas (?)) la restricción ilegítima no proviene de la autoridad pública sino de actos de particulares que conforman la Asamblea Ambientalista Ciudadana de Gualeguaychú. Empero, como dijo la Corte en el recordado fallo (pero nunca leído por la mayoría de los que lo citan), tal distinción no es esencial a los fines de la protección constitucional. Porque según la Corte, “admitido que existe una garantía tácita o implícita que protege los diversos aspectos de la libertad individual (art. 33, Const. Nacional), ninguna reserva cabe establecer de modo que excluya en absoluto y a priori toda restricción que emane de personas privadas. Es verosímil presumir que, en el ánimo de los constituyentes de 1853, las garantías constitucionales tuvieron como inmediata finalidad la protección de los derechos esenciales del individuo contra los excesos de la autoridad pública. En el tiempo en que la Constitución fue dictada, frente al individuo solo e inerme no había otra amenaza verosímil e inminente que la del Estado. Pero los constituyentes tuvieron la sagacidad y la prudencia de no fijar exclusivamente en los textos sus temores concretos e históricos, sino, más bien, sus aspiraciones y sus designios permanentes y, aun, eternos: la protección de la libertad”. De allí que “siempre que aparezca, en consecuencia, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo”. Siempre es bueno releer las grandes sentencias argentinas. Máxime cuando hoy día difícilmente salgan sentencias que merezcan tanta admiración.

Para finalizar, una reflexión para los letrados que patrocinan estas demandas carentes de sustento conforme a una pauta mínima de razonabilidad: la diferencia entre un perro y un abogado es que el perro sabe cuando dejar de perseguir una ambulancia (?).

El corretaje clandestino

Todos, en algún momento de la vida, debemos lidiar con inmobiliarias. Por una compraventa o por una locación, tarde o temprano caemos en manos de quienes ostentan ese oficio.

El nombre técnico de lo que realiza la inmobiliaria es CORRETAJE. Por la realización del corretaje, el corredor cobra una comisión en dinero, que generalmente es un porcentaje de la operación.

La ley obliga a todo corredor a matricularse. La sanción que trae la ley para el corretaje clandestino es la pérdida del derecho a percibir la comisión, lo que se aplica en este caso (art. 89 del Código de Comercio).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en el caso “Caracciolo, Ernesto y otro c/ Provincia de San Luis”, 17/03/87, que “la inobservancia de tal exigencia legal (la matriculación), impuesta por el interés público y la necesidad de asegurar la idoneidad, corrección y responsabilidad de quienes se dedican a actividades como las que dicen desempeñar los actores (corretaje inmobiliario), les priva del derecho a percibir comisión (Art. 89 párr. final del Código de Comercio de la Nación) y no puede ser dispensada, ni siquiera ante la existencia de convención expresa celebrada sobre le punto con apoyo en el principio consagrado por el artículo 1197 del Código Civil.

Sancionando al corredor clandestino se salvaguarda el interés público comprometido, procurando que quienes ejerzan esa profesión cumplan con determinadas formalidades destinadas a asegurar la idoneidad, corrección y responsabilidad de los mismos.

Por todo ello, si alguna vez cae en las garras de estos corredores, fíjese por internet si están matriculados. Grande va a ser la sorpresa cuando se entere que muchos de los que pueblan la ciudad con carteles de publicidad inmobiliaria, no tienen derecho legal a cobrar por sus servicios por no estar matriculados.

¿Desde cuando tengo derecho a un abogado?

Enfáticamente, la Constitución Nacional (Art. 18 ) declara la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. No puede ser quebrantada ni por el legislador ni por el tribunal. Aquí “juicio” equivale a todo el proceso penal desde su comienzo según la interpretación de siempre de la Corte Suprema de Justicia nacional. Puede advertirse en la evolución doctrinaria y legal una clara evolución hacia la idea operativa de que el derecho de defensa debe garantizarse a través de la amplia participación del defensor.

En esta inteligencia, los códigos modernos otorgan la facultad de contar con defensor desde el mismo inicio de los procedimientos, como lo hace el Código Procesal Penal nacional en sus artículos 72 y 73. El derecho a instituir defensor es de índole personal del imputado, pudiendo modificar su designación según lo entienda conveniente. Para aquellos supuestos en que no pueda o quiera efectuarlo, el Estado debe proporcionarle un defensor de oficio.

¿A que viene todo esto? A que se ha dictado otra gran decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta vez fue en la causa Rothgery v. Gillespie County. El imputado debe ser defendido técnicamente en el proceso. Esto nos presenta la figura del defensor en el proceso penal. La cuestión debatida en el proceso que culminó con la sentencia de la causa Rothgery fue ¿desde cuando es obligatorio que el imputado tenga un defensor? Dicho de otra forma, ¿desde que momento el imputado tiene derecho al consejo legal de un defensor abogado?

Rothgery fue detenido. No tenía plata para nombrar a una abogado de confianza. Entonces requirió insitentemente que le neombraran uno oficial. Tardaron mucho en nombrarlo y mientras el seguía preso. No tenía plata para la fianza. Finalmente, le nombraron el defensor que en un rato, logró su libertad de culpa y cargo. Entonces enjuició a los que lo detuvieron erróneamente. Basó su pleito en dos precedentes “Brewer v. Williams” (1977) y en “Michigan v. Jackson” (1986). En ambos casos, sostuvo Rothgery, la Corte Suprema estableció que que desde el inicio mismo de los procedimientos judiciales existe derecho a la defensa técnica. ¿Cual es entonces el factor determinante del inicio del proceso penal? Cuando comienza la intervención del fiscal. Desde ahí comienza el proceso adversarial y el imputado tiene derecho aun defensor.

Rothgery argumentó que el “prosecutorial involvement test” es una mera declaración teorética que importa una ventaja para la fiscalía. ¿Por qué? Porque bien podría suceder que alguien sea detenido por la policía sin que exista actuación fiscal previa. Luego nunca tendría derecho a un abogado defensor -y podría estar encarcelado durante largos períodos- porque el fiscal no se ha involucrado en el conocimiento de la causa.

¿Que resolvió la Corte Suprema al respecto? Que el abogado defensor puede intervenir aún antes de que la causa llegue a un Tribunal judicial, ni bien el imputado sepa el cargo criminal en su contra y su libertad esté amenazada porque eso activa el derecho al asesoramiento legal. Y ese derecho no depende de acto alguno del fiscal o la policía.

¿Que pasa en Argentina? Para establecer la “primera oportunidad” se requiere que el tribunal de instrucción se invoque. Esto da vida ya a la imposición, la que se concertará cuando por primera vez el juez tome contacto con el imputado de cualquier modo, contacto que deberá provocarse inmediatamente. Recién allí se puede designar defensor.

Como vemos, la suma de estas cuestiones menores hacen a un sistema legal sólido y serio. Como el nuestro (?)

Las fotos del bebé son constitucionales en E.E.U.U. (?)

Desde estas palabras periódicas siempre estamos atentos a lo que dice la Corte Suprema de Estados Unidos. Como en Argentina somos un país bananero, con una Corte Suprema acorde a nuestro nivel de país, nos conformamos con mirar a los paises jurídicamente serios. Igual que hizo Alberdi hace casi doscientos años.

El motivo de este artículo tiene que ver con que ayer el máximo tribunal estadounidense ratificó la constitucionalidad de las sentencias fundadas en la Protection Act de pornografía infantil. ¿En Argentina se discute lo mismo? No, acá ocupa el centro del debate nacional el tema de las retenciones en orden a si un impuesto puede ser creado por resolución del Ministerio de Economía. O sea, discutimos cosas de la época de Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra -Lackland en inglés-. O lo que es lo mismo, somos tan audaces que no consideramos que este tema de las retenciones fue resuelto cuando los barones se tiraron en contra del bueno de John y se reunieron con sus líderes en Runnymede, cerca de Londres, el 15 de junio de 1215, para sellar la Carta Magna firmada por coacción a punta de pistola.

Volviendo al tema del fallo de la Suprema Corte de America (?), en un veredicto de 7-2, el máximo tribunal sostuvo que “las ofertas de proveer o los requerimientos para obtener child pornography están categoricamente excluidas del derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”. Ergo, pueden ser tipificadas como delito.

Los impugnantes de la ley sostuvieron que la ley podía ser aplicada a películas como “Traffic” o “Titanic”, que sugieren relaciones sexuales entre adolescentes. Sin embargo, la Corte dijo que solo se aplica a “cualquier persona que conscientemente publicita, promueve, presenta, distribuye, o solicita” material prohibido, descartando que las películas o las inocentes fotos de bebés bañandose puedan dar lugar a la promoción de una causa penal. En este sentido, puede llevar tranquilo su album de fotos de cuando era bebé a los States (?) sin ser criminalizado.

El caso, United States v. Williams, No. 06-694, empezó en 2004 contra un depravado de la Florida, de nombre Michael Williams, que fue atrapado por agentes federales ofertando pornografía infantil en un chat de Internet. El degenerado se jactaba de tener “good pics of his 4-year-old daughter”. Eso era mentira, pero cuando allanaron su casa, los agentes federales encontraron 22 imágenes sexualmente explícitas de niños en su disco rígido.

En conclusión, si usted es un depravado pedófilo, vaya a Filipinas a hacer turismo sexual (?) porque en Estados Unidos, si busca u ofrece fotos de pornografía infantil terminará preso como T-Bag (?). Y está muy bien que así sea. En cambio, acá en Argentina los jueces están terminando su curso de logo, av 90, de 90 (?). Ergo, sus posibilidades de elusión del accionar de la justicia son altas.