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¿Puedo pedir amparo judicial contra la estatización de las cuentas de capitalización?

El art. 43 de la Constitución Nacional estatuye el derecho de amparo judicial. Es por todos conocido. Pero como esta página es leída por gente que no curial (?), me permito transcribir su parte pertinente en cuanto aquí interesa: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.”

El Estado argentino ha decidido enviar un proyecto de ley al Congreso para estatizar las cuentas de jubilación privada que los trabajadores aportantes argentinos tienen en las AFJP. ¿Los afectado pueden pedir un amparo judicial contra esa estatización? En principio, por ahora la respuesta es NO por cuanto toda conculcación de derechos constitucionales es meramente conjetural. Mientras no haya ley del Congreso, la estatización es una mera idea. Una pretensión del Poder ejecutivo que se podrá concretar o no. Luego, el amparo es claramente improcedente en este estado de cosas.

¿Y cuando salga la ley? Bueno, en ese caso habrá que responder otra pregunta que la precede. ¿Estamos ante derechos patrimoniales de los aportantes o ante derechos previsionales de los aportantes? Depende de lo que se responda a este interrogante, será procedente o no el derecho de amparo. Si se contesta que son inleluctablemente derechos previsionales, el daño al aportante solo se podrá demostrar al momento de cada jubilación. Y como el art. 43 de la Constitución Nacional habla de “forma actual o inminente lesione” es claro que en el caso de la respuesta de la teoría previsionalista es improcedente el amparo, esto sin mayores hesitaciones.

Si por el contrario, se sostiene que estamos ante derechos patrimoniales de los aportantes, el amparo es procedente. Demostrar la propiedad de los fondos no es mayor problema. La ley 24.241 en su art. Artículo 46 dice que “el régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones: a) Jubilación ordinaria. b) Retiro por invalidez. c) Pensión por fallecimiento del afiliado o beneficiario. Dichas prestaciones se financiarán a través de la capitalización individual de los aportes previsionales destinados a este régimen”. Sin ambages, la propia ley establece que las cuentas son personales a nombre de cada afiliado. En el mismo sentido se expide el art. 55 de la misma ley. De modo que todo esto está amparado por el art. 17 de la Constitución Nacional. Atendiendo a que tales prestaciones encuadran el el concepto de propiedad acuñado desde antiguo por la Corte Suprema de la Nación (Colección Fallos 145:307) que comprende:”TODO DERECHO QUE TENGA UN VALOR RECONOCIDO COMO TAL POR LA LEY, SEA QUE SE ORIGINE EN LAS RELACIONES DE DERECHO PRIVADO, SEA QUE NAZCA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (DERECHOS SUBJETIVOS PRIVADOS O PUBLICOS), A CONDICION DE QUE SU TITULAR DISPONGA DE UNA ACCION CONTRA CUALQUIERA QUE INTENTE INTERRUMPIRLO EN SU GOCE, ASI SEA EL ESTADO MISMO (CITA DE BIDART CAMPOS “DERECHO CONSTITUCIONAL”, T. II-323, ED. 1969). Sin embargo, se debe tener la prevención de que el control de constitucionalidad no comprende la facultad de sustituir al Poder Ejecutivo en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad.

No obstante, el punto mas grave de afectación del derecho de propiedad tiene apoyatura en el art. 54 de la ley 24.241 que regla la transmisión hereditaria de la cuenta de capitalización. Dice la norma que “En caso de no existir derechohabientes, según la enumeración efectuada en el artículo precedente, se abonará el saldo de la cuenta de capitalización individual a los herederos del causante declarados judicialmente”. Cabe recordar que, tradicionalmente en el sistema de reparto, en caso de no existir derecho habientes, la plata quedaba para el dominio inmanente del Estado.

Conclusión: hay que esperar a que salga la ley. Si la misma se sanciona y promulga con el texto que circula en diversos medios, sin contener mención alguna al art. 54 de la ley 24.241 -sin respetar la transmisión hereditaria de la cuenta de capitalización-, el amparo tendrá amplio andamiento a nuestro modesto entender. Mientras tanto, bueno es hacer magia Boudou (?) para que respeten el derecho de propiedad

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Si el presidente de facto es Nestor, a la presidenta de iure corresponde hacerle un juicio político

El juicio político es el procedimiento de destitución previsto para que los funcionarios pasibles de él no continúen en el desempeño de sus cargos.

Se lo denomina juicio político porque persigue separar del cargo al enjuicidado.

La cámara de diputados declara haber lugar a la formación de causa, después de conocer de la razón que se invoca para el juicio político. Necesita mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes (art. 53 de la Constitución Nacional).

El senado juzga en juicio público a los acusados por la cámara de diputados. Previamente, los senadores prestan juramento para este acto. Para la declaración de culpabilidad también se exige una mayoría de dos tercios de los miembros presentes (art. 59 de la Constitución Nacional).

Las causas de responsabilidad —como las denomina el art. 53 constitucional— que hacen viable la acusación y la destitución son tres: a) mal desempeño; b) delito en el ejercicio de sus funciones; c) crímenes comunes.

Ese es el régimen legal constitucional argentino. Sentando lo expuesto, cabe preguntarse si Cristina Fernandez ejerce correctamente el mando del Poder Ejecutivo Nacional. Todo parece indicar que el poder real de la Argentina lo tiene Nestor Kirchner. Mas aún. Dicen quienes saben de estas lides, que ella en privado ha reprochado de mal talante a su marido la pésima idea del aumento de las retenciones. Sin embargo, en público, cumpliendo la máxima de que la ropa sucia se lava en casa, defendió el aumento impositivo a ultranza. Se afirma tambien que ella quiso dar marcha atrás ni bien comenzado el conflicto, cosa que fue rechazada de plano por su marido. Nunca dió marcha atrás. Peor aún. En vez de asimilar el mensaje conciliatorio que pide la sociedad, ha desperdiciado miles de oportunidades que le da el país para que gobierne autonómicamente y ha contestado con altivez. Es inadmisible el envanecimiento que la presidenta tiene por la contemplación de su propia figura con total menosprecio de la de los demás que piensas distinto. Es incomprensible que sus acciones actuales estén contrapuestas con lo que decía pensar hace apenas unos años. Los opositores en el Congreso se hacen un festín en cada discurso mostrando las contradicciones sobre lo que propugnaba la actual presidente siendo legisladora y sus acciones como primera magistrada de la Nación. A ello debe adunarse que en el Congreso, todos los operadores en pos de la aprobación de la denominada ley de retenciones, respondían a Nestor Kirchner y no a la presidenta en ejercicio. Nestor Kircher, por su parte, suele ufanarse en la tribuna con una frase que es, cuando menos, infeliz: “La presidenta me pidió que les diga …”.

Si todo esto es cierto, añadido que sea a las demás cuestiones que escapan al conocimiento de estas palabras periódicas, no caben dudas del mal desempeño de la nombrada en ejercicio del Poder Ejecutivo. Vale decir, lo que está haciendo la titular del Ejecutivo es lo contrario de “buen desempeño”. Y si a ello se le agrega que CFK ha dilapidado gran parte de su capital político en menos de siete meses -caso inédito en la política internacional- no debiera descartarse que la oposición pueda enjuiciar a la presidenta por mal desempeño de sus funciones. Avizoramos esa acechanza de juicio político con total perplejidad, aunque entendemos que no es lo mas acosejable para la salud futura de la República.