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La inoponibilidad de la franquicia en el contrato de seguro del transporte automotor

Como es bien sabido por los litigantes, fue dictado el fallo plenario “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/ daños y perjuicios (Acc. Tran. c/ Les. o muerte) Sumario” y el fallo plenario “Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios”, en virtud del cual se dejó establecida la siguiente doctrina, que resulta obligatoria en los términos del art. 303 del Cód. Procesal para el fuero nacional en lo civil de la Capital Federal: “En los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución Nº 25.429/97- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)“.

La Corte Suprema descalificó las sentencias de la Cámara Civil fundadas sobre la mentada doctrina plenaria, incluida la dictada en la causa “Obarrio” como consecuencia de lo decidido en pleno, y en el caso “Gauna” adoptó esa determinación respecto del fallo plenario mismo, pues en ese expediente se pronunció al resolver el recurso extraordinario interpuesto directamente contra el pronunciamiento dictado en virtud de lo establecido en el art. 300 del Código Procesal.

¿Cuál criterio rige hoy en la justicia capitalina? La respuesta es, los dos (?). Aunque sea poco serio, la mayoría de la justicia nacional civil sigue aplicando el criterio del plenario Obarrio/Gauna. Y la Corte Suprema sigue revocando las sentencias dictadas en ese sentido.

Nuestra opinión es que el criterio de la Corte Suprema es insostenible desde el punto de vista de los derechos humanos. Recordemos que se encuentran en colisión el derecho a la reparación integral de la víctima y el derecho de la empresa de colectivos/o de su aseguradora a que se respete el contrato que firmaron. Si se da prevalencia a esto último, la víctima difícilmente cobre cuarenta mil pesos ($40.000) de su indemnización, puesto que la mayoría de las empresas de transporte son insolventes o se encuentran abarcadas por los efectos de procesos falenciales.

Sucintamente, es repugnante a los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución que la Corte Suprema prefiera un derecho económico contractual de compañías de colectivos y aseguradoras deshonestas, en detrimento de un derecho de la víctima a la reparación integral, que encontra apoyatura en las Convención Americana de Derechos Humanos. Sinrazón de la Corte que se advierte diáfana, a poco que se repare en que la vícitima, además, es consumidor de ese contrato entre terceros (empresa de colectivos con su aseguradora) y por tanto, se encuentra amparada por las previsiones del art. 42 de la Constitución Nacional en las relaciones de consumo. Luego, en esa colisión de derechos, cabálmente se colige que el del la vícitima tiene mucha mayor base, fundamento, arranque y génesis legal que, en comparación, el derecho contractual esgrimido por las compañìas de seguros. Es hora de que la Corte Suprema tenga una mirada mas humana y menos mercantilista de los accidentes de tránsito en los que intervienen las empresas de colectivos y su libídines aseguradoras.

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Responsabilidad de las entidades financieras por las denominadas “salideras bancarias”

Mucho se habla por estos días de la responsabilidad de los bancos por las denominadas “salideras bancarias”, que no son otra cosa que el robo calificado a clientes bancarios minutos después de una extracción de dinero en una entidad financiera.
La Cámara de Diputados de la Nación recientemente dió media sanción a un proyecto de ley que previene la comisión de este tipo de delitos. Sin que sea un chiste, lo que se les ocurrió a nuestros beneméritos diputados, es encerrar en una cabina al cliente que extraiga valores, para que nadie pueda ver la transacción que realiza. O sea que, basta que los cacos vean entrar al cliente a la cabina, para saber que es lo que va a hacer (?). Y mejor ni pensar en los delitos sexuales que potencialmente podrían acontecer dentro de la siempre segura cabina bancaria (?).
Desde esta modesta tribuna de doctrina (?), proponemos algo un poco mas útil. La responsabilidad de las entidades financieras en las salideras bancarias es inexcusable conforme a una pauta mínima de razonabilidad. En efecto, los dos grandes modos comisivos del delito de salidera no podrían consumarse sin que necesariamente exista responsabilidad civil de los bancos. El primer modo de cometer el delito es cuando un empleado infiel de la línea de cajas señala a los malvivientes la persona que acaba de extraer una importante suma de dinero. En este caso, la responsabilidad del banco es indirecta, puesto que deberá pagar la indeminzación a la víctima del atraco por un doble orden de justicia: por elegir mal a su dependiente infiel y por ser el principal de ese dependiente. El segundo modo comisivo es aquél que, sin la complicidad de empleados del banco, terceros delincuentes (con la excusa, por ejemplo, de ir a buscar cambio en monedas) merodean la línea de cajas en procura de descubrir cual de los clientes está extrayendo una importante suma de dinero, para después robarlo. En este caso, la responsabilidad del banco es atribuíble por la omisión de la debida vigilancia para impedir que se puedan perpetrar estos merodeos dentro de su local. En este caso, el deber de seguridad incumplido por el banco es el fundamento de su deber de responder.
Llegados a este punto, la ley que entendemos de necesaria promulgación consta de un sólo artículo: “las entidades financieras serán responsables civilmente de todo hurto o robo cometido en perjuicio de clientes cuando de las ciurcunstancias de tiempo, modo y lugar pueda razonablemente inferirse que el episodio ocurrió, con motivo u ocasión de la extracción de valores del banco”.
Luego, se trata de aplicar al derecho bancario la profusa doctrina de los accidentes in itinere del derecho laboral. Por lo tanto, probada la extracción de valores y el acaecimiento del hurto o robo, será a cargo de la parte demandada acreditar eventualmente la concurrencia de circunstancias de exculpación relativas a la interrupción del nexo causal.
Frente a una ley como la que propugnamos, los bancos serán los mayores interesados en cuidar la seguridad de sus clientes, dentro y fuera de sus entidades. Porque, huelga decirlo, los consumidores bancarios tienen protección constitucional con basamento en el art. 42 de la carta magna.

El cannabis invita a nadar (?)

fumon

Los medios masivos de comunicación han publicado una foto de un prodigio de la natación, que, dentro de una fiesta privada de unos estudiantes de una universidad californiana, ha fumando una pipa que al parecer contendría cannabis o algún estupefaciente derivado o análogo.
El deportista, a consecuencia de esta divulgación, ha perdido millonarios contratos publicitarios y su crédito social ha quedado severamente dañado.
El derecho a la intimidad personal o el derecho a la vida privada, forma parte del cartabón de derechos humanos, inherente a la esencia misma de los individuos, por la sencilla razón de que resulta necesario para una digna existencia y desarrollo de la persona humana. El derecho a la intimidad ha sido llamado también “el derecho a la soledad”, a “estar solo”, “a estar en paz”, etc., y se vincula a otros varios derechos específicos que tienden como meta evitar intromisiones extrañas en parcelas estrictamente reservadas al ser humano.
Normativamente el derecho a la intimidad ha sido establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional, y en el ámbito internacional en los arts. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,11 del Pacto de San José de Costa Rica, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; los cinco primeros integrantes del bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 CN).
Nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional ha dicho al respecto que el derecho a la intimidad “protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento, o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos: 306:1892; 314:1531, voto del juez Boggiano; 316:479, disidencia de los jueces Cavagna Martínez y Boggiano; 316:703). La Corte ha dicho también que gracias a la libertad de intimidad “se concede a todos los hombres una prerrogativa, según la cual pueden disponer de sus actos, de su propio cuerpo, de su propia vida, de todo cuanto le es propio, otorgando al individuo una base de señorío sujeta a su voluntad, que lo habilita para obrar validamente, reaccionando y oponiéndose a toda tentativa o propósito que pretenda torcer los límites de esa prerrogativa (CSN “Bahamondez Marcelo s/medida cautelar” sent. del 6 de abril de 1993, voto de los Dres. Barra y Fayt).
Todos estos postulados bajados al caso concreto del nadador estadounidense, llevan a concluir que con la publicación de esa fotografía –sin interés público idóneo que lo justificara- se ha violado en forma flagrante su derecho a la intimidad.
Ahora bien, dado el supuesto de que el nadador demandara a los medios que trascendieron la fotografía de marras, ¿Cuáles serían los argumentos defensivos por parte de los susodichos medios? A grandes rasgos, la defensa cliché (que sea estereotipada no quiere decir que sea mala, antes bien, si careciera de alguno de estos planteos, la contestación de la demanda podría acarrear una mala praxis curial) debiera contener los siguientes planteos: 1) Imposiblidad de que se condene al medio sin desobedecer las mandas constitucionales de los arts. 14 y 32 de la Carta nacional por afectarse la libertad de prensa; 2) Imposiblidad de que se condene al medio sin transgredir la doctrina legal del art. 1111 del Código Civil al no contemplarse que el nadador causó su propio daño (el art. 1111 es una gran art. del Código Civil que plasma, ni mas ni menos, aquel adagio que decían las abuelas en orden al cual “quien es culpable de su mal, quéjese a si mismo”); 3) Imposiblidad de que se condene al medio sin desacatar la doctrina del art. 1113 del Código Civil porque se haría responsable a la demandada por hechos de terceros por los que no debe responder (recuérdese que los medios no habrían tomado la foto, sino que la misma habría sido tomada por un amigo del deportista); 4) Imposiblidad de que se condene al medio sin violar la doctrinas de la Corte Nacional del “reporte fiel” derivado del caso “Campillay”; 5) Que no existe “real malicia” y que la demanda no alega los presupuestos básicos de la responsabilidad de la prensa (daño causado, interés social, conocimiento de la falsedad de la noticia, etc.). 6) Finalmente el medio demandado argüirá que no existe vínculo causal entre la publicación de la fotografía y las pérdidas millonarias de contratos que se intenta compensar.
¿Cuál es nuestra opinión? Que los jueces, de todas las instancias y fueros argentinos, debieran rechazar los argumentos cliché expuestos supra (en las causas en las que nos tocó intervenir pareciera que los estudios que patrocinan a los medios de comunicación tienen un archivo “.doc” que copian y pegan a la contestación de la demanda, cambiando solo nombre y oequeños detalles), por considerarlos sendas falacias de inatingencia al tema ventilado. Por lo demás, como toda sentencia debe ser fundada –menos la del art. 280 del C.P.C.C.N. (?)-, bastaría con remitirse a esta cita del leading case “Ponzetti de Balbín”. La Corte Suprema Federal argentina ha sido contundente al respecto señalando que “la prensa pasó a ser un elemento integrante del Estado constitucional moderno, con el derecho e incluso el deber de ser independiente a la vez que responsable ante la justicia de los delitos o daños cometidos mediante su uso, con la consecuencia jurídica del ejercicio pleno de dicha libertad … ni en la Constitución de los Estados Unidos ni en la nuestra ha existido el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Si la publicación es de carácter perjudicial y si con ella se difama o injuria a una persona, se hace la apología del delito, se incita a la rebelión y sedición, se desacata a las autoridades nacionales o provinciales, no puede existir dudas acerca del derecho del estado para reprimir o castigar tales publicaciones sin mengua de la libertad de prensa”.