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El robo a las cajas de seguridad del Banco Provincia

Es cierto que estamos de vacaciones. Sin embargo, no pudimos evitar la tentación de escribir algunas notas sobre el delito perpetrado, durante el fin de semana pasado, contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Sucursal Belgrano) y contra los locatarios de las cajas de seguridad.

Lo primero que debemos decir es que los clientes afectados se encuentran amparados por el art. 42 de la Constitución Nacional que dispone que las autoridades (término que, sin dudas, incluye al Poder Judicial) deben adoptar los recaudos necesarios para proteger la seguridad y los intereses económicos de consumidores y usuarios.

En general, el cliente firma con el banco un contrato de caja de seguridad, que se agrega al entramado contractual que el nombrado pueda tener con la entidad financiera (contrato de caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, tarjeta de crédito, etc.).

Esos contratos son predispuestos por el banco y al cliente no le queda otra alternativa que firmarlos en bloque. Por eso, en general, esos contratos están llenos de cláusulas nulas. Que vendrían a ser cláusulas “caza-bobos”, porque están redactadas por asesores legales de los bancos que deliberadamente saben que esas estipulaciones que consignan no pasarán el test de legalidad por ante un tribunal judicial. Empero, igualmente las incluyen dentro de los contratos, porque algún cliente descorazonado (comúnmente “shockeado” por el golpe psicológico que supone el robo de su cofre), leerá el contrato y decidirá no ir a juicio porque “el contrato dice que el banco solo garantiza al locatario la integridad exterior de la caja y no responde de los objetos en ella depositados, por cuanto es de exclusiva cuenta del locatario su retiro, cuidado y conservación” (todos los contratos de caja de seguridad de todos los bancos argentinos dicen mas o menos lo mismo).

La cuestión finca en resolver si esa cláusula es válida. Y lo concreto es que para cualquier observador razonable, no lo es. ¿Por qué? Porque desnaturaliza el contrato y lo deja sin objeto. Y según el art. 1170 del Código Civil, sin objeto, no hay contrato. Vale decir, no se puede dejar la suerte del contrato de caja de seguridad al arbitrio de los bancos. En Europa, esto es bien sabido. La Corte de Casación de Francia reputa abusiva y no escrita toda cláusula insertada en un contrato entre un banco y un cliente, que tenga por objeto o por efecto suprimir o reducir el derecho a reparación del cliente en caso de incumplir el profesional cualesquiera de sus obligaciones.

Por eso se equivocan la mayoría de los letrados que salieron por los medios masivos de comunicación estos días. Porque no importa si hubo culpa del banco, porque eso es un tema de factor de atribución subjetivo. Lo que sí importa, es que al cliente le sustrajeron sus pertenencias. De manera que el factor de atribución es CLARAMENTE OBJETIVO FUNDADO EN EL DEBER DE SEGURIDAD INCUMPLIDO POR EL BANCO. Para que se entienda. A los efectos del resarcimiento de daños y perjuicios, no es relevante si sonó la alarma, si había sereno, si el banco no tenía sistema de vigilancia idóneo, etc.. Todos esas cuestiones hacen a la culpa del banco. Empero, en el contrato de caja de seguridad, no interesa la culpa. Si al cliente le sustrajeron sus efectos, el banco responderá. Ningún otro factor es relevante. Porque la custodia que asume el banco en el contrato de caja de seguridad es para excluir el riesgo de que al cliente lo roben. Es un contrato de resultado. Por lo tanto, cuando el resultado al que el banco se obligó no se obtuvo (porque al cliente lo robaron), el banco solo podrá defenderse alegando una causa que no habría podido superar, en tanto se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva. Y el boquete es el riesgo obvio que tiene el banco. Luego, es una causa previsible y evitable.

Si a eso le agregamos que por ese servicio (que el banco no satisfizo), el cliente pagó un precio cierto en dinero, la responsabilidad bancaria es inleluctable. En efecto, el profesional banquero lucró con el arrendamiento de cajas de seguridad, ofreciendo a su clientela ‘seguridad’; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127 del Código de Comercio). Máxime cuando la profesionalidad del banco exige un standard de responsabilidad agravada frente a los clientes por imperio del art. 902 del Código Civil.

Hay otro argumento que suelen esgrimir los bancos como defensa, que es pura estulticia. Dicen, palabras mas, palabras menos, que el banco no responde por el contenido del cofre y solo lo hace por el sector, el ámbito en el cual el cofre está emplazado. El argumento no se sostiene porque, como decían los romanos, quien puede lo más, puede lo menos. La defensa del banco es improponible, porque es un procedimiento discursivo falaz. Vale decir, si el banco se obligó a cuidar el lugar donde está el cofre alquilado por el cliente (extremo que afirma una obligación clarísima del banco), hay que concluir la validez y la existencia de la obligación del banco de proteger el cofre. Porque esta obligación está en estado de merecer, con mayor razón que la primera, protección judicial. La seguridad es esencia del objeto del contrato, tanto del ámbito donde está emplzado el cofre, como la del cofre mismo y su contenido. Sostener lo contrario es como afirmar “Sra., yo le pongo el cinturón de castidad a su hija pulposa, y me comprometo a que no entre nadie a su habitación, pero si queda embarazada no es mi responsabilidad” (?). ¿Que le contestaríamos al mozo, si cuando le pedimos un café, nos dice que el precio de la carta es el correspondiente al líquido, por lo cual, si todavía lo queremos, tenemos que abrevar directamente de la máquina?. Ojalá que los abogados de los bancos alguna vez lean el Mercader de Venecia.

Finalmente, en cuanto a la prueba del contenido de la caja, se trata de un tema de prueba indiciaria o de presunciones. En numerosas oportunidades, es muy difícil acreditar el monto que se guardaba en la caja de seguridad, porque justamente, el secreto es la razón que llevó al cliente a elegir el contrato de caja de seguridad y no otro. Luego, en esos casos, por aplicación del principio romano in dubio pro damni (en caso de duda, se deberá estar a favor del dañado) deberá tomarse como indicio fundamental a lo declarado por el cliente ante las autoridades policiales, como monto de daño emergente. Poco importan las autoridades fiscales o los seguros globales que contrata el banco de hasta U$S 50.000 por cliente afectado o de U$S 1.000.000 por hecho delictivo. Argentina no tiene tope de limitación de la indemnización para hechos como el que nos ocupa.

Sintetizando, muchos de los auto-denominados “abogados especialistas en cajas de seguridad” no son mas que meros vendedores de “espejitos de colores”. Algunos de ellos, suelen perder excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por no reclamar daños como en derecho corresponde (las costas en esas excepciones son montos siderales que deberá pagar el cliente). Por eso, si no quiere encontrar humo cuando abra su cofre, busque buenos abogados. Que seguro que los hay. Pero en Francia (?).

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Prescripción liberatoria dentro del proceso

Los abogados nos caracterizamos por ser gente conservadora. Somos gente que miramos toda nuestra vida profesional hacia el pasado (las causas judiciales, son, ni mas ni menos, que el cotilleo de la pequeña historia). En vez de hablar sobre Napoleón y Waterloo (la historia a gran escala), nosotros trabajamos sobre los daños que Ticio le produjo a Cayo (la historia en pequeña escala). Si a eso le agregamos que tenemos nuestra conducta limitada por normas, necesariamente tenemos que ser moderados por deformación profesional. Sin embargo, en este caso, aunque nos cueste (?), vamos a intentar innovar un poco.

A lo que queremos referirnos es al tema de la prescripción liberatoria, que es el modo de liberar al deudor de una obligación gracias a la inacción del acreedor y al transcurso del tiempo fijado por la ley.

En concreto, nos preguntamos si a la luz de la normativa vigente, el derecho puede prescribir durante el decurso de un proceso judicial. La respuesta, en el fuero penal, es indudablemente afirmativa. Empero, en el fuero civil, o comercial, o laboral, la respuesta presenta aristas diferentes.

Nuestro Código Civil dispone que la prescripción liberatoria es un derecho que puede ser invocado hasta la contestación de la demanda (art. 3962 del Código Civil). Después de ese momento, no se puede invocar. También, el Código Civil también regla que la demanda judicial, interrumpe el término de la prescripción (art. 3987 del Código Civil). O sea que, deducida la demanda judicial, el tiempo de prescripción vuelve a cero en su contador.

Pero la práctica judicial encuentra problemas que no se plantearon hace ciento cuarenta años. En efecto, muchas veces ocurre que se entabla la demanda y hasta la notificación al deudor, trascurre mas tiempo del necesario para que la acción prescriba. Por ejemplo, en una acción por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual, la acción prescribe a los dos años del hecho. Supongamos que la demanda se entabla al año y nueve meses del hecho. Esa demanda interrumpió el término de la prescripción por aplicación del art. 3987 del Código Civil. O sea que desde la fecha de la demanda (la del cargo del escrito) empieza a correr nuevamente un término de prescripción de dos años. En nuestro ejemplo, imaginemos que por una cuestión de competencia, existe una inhibitoria de un juez. Y del peregrinar por los anquilosados procedimientos argentinos, terminan pasando mas de un bienio desde la fecha del cargo de la demanda.

La pregunta que cuadra formularse es: ¿puede el deudor oponer la prescripción al contestar la demanda, pero en vez de contar desde el momento del hecho, tomar como punto de partida a la fecha de interposición de la demanda? Dicho en otras palabras: ¿puede prescribir el derecho del acreedor durante el proceso? La respuesta es, a nuestro entender, sin ambages, AFIRMATIVA. Porque si desde la demanda hasta el emplazamiento transcurre el plazo de la prescripción, el demandado puede oponer dicha defensa toda vez que, por principio de legalidad, lo que no está prohibido, está permitido. Además, porque todos los derechos son prescriptibles. Lo que sin dudas incluye a los derechos dentro del proceso. Por último, esta solución es la de mayor equidad. Si el actor es negligente, y tarda muchos años en impulsar el proceso, el demandado deberá pagar intereses por un estado moratorio que no le es imputable. Luego, la forma de compelir a que los acreedores sean celosos en el impulso de los trámites de sus causas, es permitir la prescripción de los derechos dentro del proceso.

Quienes se inclinan por la tesis negativa, dicen que la interrupción producida por la demanda se prolonga durante toda la duración del proceso. Indican que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva, debiendo primar siempre la subsistencia del derecho. Esa tesis no es para nosotros convincente. Porque, si bien es cierto que en casos de duda, debe estarse a favor de la subsistencia del derecho, ese principio no se puede extender para casos en los que no existe duda sobre el transcurso del término prescriptivo. Además, esta solución no encuentra apoyo en el Código Civil. Porque, si bien es cierto que la demanda judicial interrumpe el término de la prescripción (art. 3987 del Código Civil), no lo es menos que la citada disposición en modo alguno dice que interrumpe y suspende el término de prescripción durante todo el tiempo que dura el proceso. Lo único que dice, es que interrumpe. Y si interrumpe, no suspende. En ninguna parte de nuestro Código Civil se dice que la demanda interrumpe y suspende la prescripción al mismo tiempo. Como se ve, hasta ahora, lo único que ha logrado la tesis negativa es favorecer a los acreedores incuriosos. De manera que, lo que se logró, fue llenar a los Tribunales de causas anquilosadas, que tardan años de tramitación.

Sucintamente, para mejorar la justicia nuestra de todos los días, creemos que es una buena medida que se haga jurisprudencia mayoritaria, aquella doctrina que sostiene que si desde la demanda hasta el emplazamiento transcurre el plazo de la prescripción, el demandado puede oponer dicha defensa; porque esta tesis estimula el celo de las partes para apresurar la conclusión de los procesos. Que es lo que todos queremos.

Libertad de expresión y calumnias civiles

falsamente acusado

Una de las cuestiones que mas en boga está por estos días es la de los efectos civiles de la acusación calumniosa. En particular, un reconocido activista por los Derechos Humanos llevó el caso ante la Corte Interamericana de Costa Rica pidiendo que Argentina derogue las normas de derecho civil que imponen a los periodistas del deber de reparar daños en los casos de interés público. Lo que se pretende, a no dudarlo, es lograr la impunidad de la prensa. No caben dudas que existe, para todos los habitantes del suelo argentino, la obligación de reparar los daños causados por una denuncia que contiene una calumnia. No creemos que la creación de un fuero personal especial periodístico sea democrático ni acorde a los tiempos que corren, ni auspiciamos periodistas que susurren acusaciones insidiosas en el oído de la multitud. Sin embargo, no nos parece mal que se consagren legislativamente las reglas de la doctrina de la real malicia, compilándose al efecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La configuración de la “acusación calumniosa” a que refiere el art. 1090 del Código Civil requiere que se cumplan varios extremos, a saber:
(a) imputación de un delito de acción pública;
(b) acusación ante autoridad competente, mediante querella criminal o denuncia que origine un proceso penal;
(c) falsedad del acto denunciado;
(d) conocimiento de tal falsedad por parte del denunciante. Hay quienes creen que también procede el factor de atribución “culpa” fundado en los principios generales en orden a los cuales todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro está obligado a la reparación del perjuicio. Nosotros pensamos sólo en supuestos excepcionalísimos puede aplicarse el factor de atribución culposo, puesto que debe juzgarse el caso con sumo cuidado, toda vez que resulta imprescindible preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos penales. Es importante que la gente se comprometa en la denuncia de ilícitos penales y que no tenga miedo de ulteriores juicios civiles de daños y perjuicios, cuando lo único que hace es colaborar con el sistema judicial. Además, el juez del caso tiene que saber que rara vez podemos ver las cosas desde el punto de vista de otra persona, porque miramos los hechos a través de la pantalla de una impresión o de un interés que tiñe nuestra opinión.
(e) la existencia de un daño en la persona o bienes del denunciado.

Entendemos sensato que no se derogue el artículo de marras, porque en nada afecta a la libertad de expresión de los periodistas. Si el periodista es groseramente imprudente, debe responder civilmente, igual que el resto de los ciudadanos. La garantía de libertad de expresión no puede ser vilipendiada para amparar a la mala prensa. Louis D. Brandeis fue una gran juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, famoso por sus encendidas defensas a los derechos de libertad de expresión y libertad de intimidad. Este gran jurista (a propósito, ¡Como nos faltan esos grandes pensadores en altos cargos, en Argentina!), en un caso resuelto en 1927 (Whitney v. California) en el que se perseguía judicialmente a una mujer por ayudar al Partido Comunista, dijo que: “El miedo sobre las injurias no puede justificar la supresión de la libertad de expresión. Los hombres temieron a las brujas y quemaron mujeres. La función de la garantía de la libertad de expresión es liberar a los hombres de la esclavitud de miedos irracionales. Los hombres que consiguieron la independencia de Estados Unidos por vía de revolución no eran cobardes. No temieron al cambio político. No exaltaron el orden por sobre la libertad”.

Elucidándolo, los periodistas no deben temer por un eventual juicio de daños y perjuicios cuando su accionar sea producto del ejercicio regular de la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión no es absoluto y se debe armonizar con los derechos a la igualdad, a la intimidad y al honor de los afectados por sus expresiones dilacerantes.

Por último, no es bueno para el interés público de la Nación Argentina, la existencia de periodistas culposos que tienen orejas rápidas para descubrir una acusación civil (?).