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La regla de la exclusión probatoria fue desconocida recientemente por la Corte de EEUU (Arizona v. Johnson)

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Terry vs. Ohio (392 U.S. 1 1968), es un caso famoso de la United States Supreme Court, muy conocido por los penalistas argentinos gracias al aporte de Alejandro Carrió. Dicen por los pasillos de Tribunales que cuando uno pide una nulidad con fundamentos constitucionales dentro de un proceso penal, los jueces van directo al libro del nombrado. Si lo planteado está explicado en el libro de cabecera, hay altas chances de obtener una victoria. En el caso contrario, será desestimado porque los jueces no se animan a leer las sentencias foráneas sin traducción e interpretación mediante, lo cual habla de la vasta cultura de nuestra judicatura (?).

En Terry vs. Ohio se decidió que la prohibición constitucional de detenciones y requisas irrazonables no se ve afectada cuando un oficial de policía para a un sospechoso en la calle y lo requisa sin causa probable para arrestar, únicamente cuando el oficial de policía tenga una sospecha razonable -basada en constancias objetivas- que la persona detenida o requisada ha cometido, está cometiendo, o está a punto de cometer un crimen. También dijo el fallo que, para la propia protección de la integridad del personal policial, los oficiales pueden buscar en las ropas exteriores del detenido en procura de sacarle eventuales armas que pudieran eventualmente lastimar a los policías. Todo ello, siempre sobre la base de “hechos específicos que, evaluados todos juntos con inferencias racionales que partan de esas bases fácticas, razonablemente permitan la intrusión policial en los derechos del detenido” para permitir un post hoc judicial review de la actitud policial. En suma, Terry vs. Ohio permite la investigación de personas en la vía pública sin orden judicial en casos en que el status fáctico es menor como para que exista causa probable para detenerlas.

Si esos hechos específicos que, evaluados todos juntos con inferencias racionales que partan de esas bases fácticas no habilitaban la intrusión, toda la prueba de cargo obtenida es nula y no puede usarse contra el encausado. Por eso es muy importante para un estado constitucional tener policía educada e instruida correctamente.

La misma regla de Terry vs. Ohio se extendió a las detenciones vehiculares en el caso Berkemer vs. McCarty de 1984 . En Enero 26 de 2009 la United States Supreme Court decidió el caso Arizona v. Johnson que se inscribe dentro de la misma línea argumental.

La Corte dijo que en el contexto de una infracción de tránsito, un oficial de policía (de nombre María Trevizo en este caso) puede detener el vehículo de Johnson y que esa detención es razonable mientras dure la indagación por la violación de tránsito. En este caso, la policía, a partir de las preguntas de la infracción de tránsito llegó a la conclusión de que Johnson integraba una padilla y era probale que tuviera un arma de guerra encima por integrar esa pandilla (?). Johnson fue condenado por esa posesión de arma de fuego y la Corte de Arizona revocó la condena porque sostuvo que su requisa fue ilegal e inconstitucional. La United States Supreme Court revocó a su vez la sentencia de la Corte de Arizona. Para ello sostuvo que la oficial podía constitucionalmente requisar al conductor o acompañante, aún cuando la detención del vehículo haya empezado por otra cuestión menor, cuando tenga bases articulables para creer que las personas del interior del vehículo puedan estar armadas o se presuman peligrosas. La Corte resolvió que: (a) La primera condición para que se cumpla el standart con Terry vs. Ohio es la primera detención fuera legal y la entendió cumplida en el caso porque había una violación de las normas de tránsito; (b) La policía, para proceder mas allá de la cuestión de la infracción de tránsito –es decir, para requisar a conductor y ocupantes-, necesita creer que alguno de los ocupantes del vehículo ha cometido, esta cometiendo o va a cometer un crimen como en Terry vs. Ohio;
(c) La Corte Suprema dijo finalmente que la oficial Trevizo no estaba constitucionalmente obligada a dejarlo ir después de la infracción de tránsito sin averiguar si no estaba dejando detrás suyo una persona peligrosa.

Nos parece que los argumentos de la Corte Suprema no son consistentes. En el caso no existía una base concreta de hechos para justificar que Johnson estuviera cometiendo el delito de portación de armas duarante la detención por la infracción de tránsito y ni hechos reveladores que le permitieran a la oficial Trevizo inferir nada parecido. De allí que la detención haya sido ilegal y el secuestro del arma debiera haber sido excluido como prueba de cargo en el proceso contra Johnson.

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El deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal

Nos consultaban recientemente por las posibilidades de recusar a un fiscal dentro de un proceso penal.
Luego de un estudio de la cuestión, concluimos que debe afianzarse el cumplimiento de la objetividad en la función del Fiscal. Empero, aunque el fiscal sea objetivo, siempre será parte esencial dentro de los sujetos procesales. Y si es parte (palabra que viene del latín “pars, partis”), será por definición parcial porque siempre tendrá ese designio legal anticipado que a la sazón dará como resultado un recelo del imputado acerca de la eventual rectitud en el modo de proceder.
De allí que no se entiendan muchas de las recusaciones que transitan los expedientes –que no suelen tener suerte favorable- por la causal de falta de imparcialidad o de prejuzgamiento. El fiscal no tiene que ser imparcial porque es parte. Tiene que ser objetivo en la apreciación de las constancias de la causa para evaluar si ejerce o desiste de la acusación.
El fiscal tampoco puede prejuzgar porque, sencillamente, no tiene la función de juzgar. Insistimos, debe ser objetivo en la evaluación de los hechos y pruebas que dieron lugar a la causa. Mas no por eso debemos confundir ese deber de objetividad con el deber de imparcialidad de los jueces. Ello es de toda evidencia a poco que se repare en que son sujetos procesales diversos, con funciones diversas. Mas aún, representan a departamentos constitucionales independientes y desemejantes.
Por eso, debe destacarse que el Ministerio Público Fiscal reviste una importante función como guardián de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 1° y 25, inc. a, de la ley 24.946 –que rige la actuación del Ministerio Público– y art. 120 de la Constitución Nacional) representando y defendiendo el interés público en todas las causas y asuntos que se requiera (art. 25, inc. b de la ley 24.946).
A más de lo expuesto, la regla de objetividad para los funcionarios del Ministerio Público Fiscal se funda en el estricto apego y cumplimiento de la ley, pero esa objetividad –legalmente obligatoria– no debiera impedirle mantener una óptica persecutoria y coherente a lo largo de todo el proceso.
Ahora bien, sin perjuicio de algunos funcionarios idóneos del Ministerio Público Fiscal, bueno es señalar que lamentablemente esa objetividad requerida pocas veces –o muchas menos de las que correspondería- es llevada a la práctica en nuestros tribunales capitalinos. Porque sin los miramientos de la ley 24.946, muchos lúgubres acusadores públicos horrorosamente mueren con las botas puestas (?).

Terroristas: Histórica decisión de una Corte Suprema en serio


Histórico. Emocionante. Espectacular para todos los que amamos el Derecho. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sentenció en el día de hoy que los acusados de terrorismo internacional detenidos en la base naval de Guantánamo Bay en Cuba tienen derecho constitucional a defenderse de su detención en cortes civiles de los Estados Unidos, al igual que el resto de los ciudadanos. Los magistrados resolvieron que los extranjeros detenidos en Guantánamo, tienen derechos protegidos por la Constitución.

Existían sentencias anteriores que obligaron al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de revisión de la situación de los detenidos, caso por caso. Los detenidos eran juzgados por Tribunales militares y la Corte Suprema les concedió el derecho de apelar esas sentencias antes tribunales federales civiles. Empero, esos procedimientos militares no eran mas más que una validación de las determinaciones previas hechas por el Pentágono.

Con la sentencia de hoy, la Corte fue aún mas allá. Determinó que esas juntas militares no constituyen un mecanismo justo para evitar el encarcelamiento de inocentes. Todo sospechoso de terrorismo detenido en la base militar en Cuba tiene el derecho constitucional de defenderse ante los tribunales civiles estadounidenses. En concreto, se les concedió el derecho de pedir habeas corpus por ante los tribunales civiles a los detenidos de Guatánamo.

La decisión pone en sus justos términos la tensión existente entre la seguridad nacional y los derechos constitucionales de los combatientes enemigos.

“Las leyes y la Constitucion fueron creadas para sobrevivir, y se aplican aún mas, en tiempos extraordinarios,” dijo la Corte en postulado que compratimos en un todo. Sin embargo nos genera un poco de envidia esa Corte Suprema del mero cotejo con la que tenemos los argentinos.

“Sostener que los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) pueden prender o apagar la Constitucion a su antojo nos guiará a un régimen autoritario”, dijo el voto mayoritario citando al caso mas importante del derecho de todos los tiempos: Marbury v. Madison del año 1803.

La mayoría fue firmada por Kennedy, John Paul Stevens, Stephen G. Breyer, Ruth Bader Ginsburg y David H. Souter. La disidencia la firmaron John G. Roberts Jr., Samuel A. Alito Jr., Antonin Scalia y Clarence Thomas, que son el ala conservadora de la Corte, que como buena agorera, sostuvo que la Nación va a reprochar lo que la mayoría de la Corte hizo en el día de la fecha, porque por culpa de esta decisión, muchos estadounidenses van a ser asesinados (?). Lo que demuestra que la estulticia y la carencia de argumentos básicos en la Justicia no es propiedad exclusiva de la Argentina.

¿Cuales son los efectos inmediatos de la decisión? La nulidad de todo lo actuado hasta la fecha en los juicios militares que están siendo realizados en la base naval. Además, los testimonios obtenidos por vía de tortura no van a ser avalados de ninguna forma por los tribunales federales civiles de Estados Unidos. Ergo, la mayoría de los detenidos debieran quedar libres y hacerles juicio al Estado por la flagrante violación de derechos humanos básicos. Millones de dólares van a estar en juego en la sustanciación de estos casos.

Aplaudimos fervientemente esta decisión. La Constitución rige para todos, aún en tiempos de guerra. Nadie puede estar por encima de la Constitución. ¡Aprenda y repita, así no se lo olvida, Sra. Presidenta de la Argentina!

La inyección letal no es trato cruel e infamante (?)

La Suprema Corte de E.E.U.U. ratificó ayer la legalidad de la inyección de barbitúricos que se utiliza en la aplicación de la pena de muerte.
Desde el 25 de septiembre pasado ha habido una suerte de moratoria en la ejecución de las penas de muerte en todo el país, suspendidas desde que la Corte anunció que analizarían el caso de dos presos del Estado de Kentucky que habían llegado hasta la máxima instancia judicial del país por considerar que este método de la inyección final es “cruel” e “innecesariamente doloroso”.
Ralph Blaze, condenado a muerte por matar a dos agentes de policía en 1992, y Thomas Bowling, por asesinar a una pareja después de un accidente de tráfico en 1990, presentaron una demanda contra el Estado de Kentucky en 2004 por considerar que la inyección letal a la que se enfrentaban, aplicada en tres fases, representaba un “riesgo innecesario” y, de esa forma, violaba la enmienda octava que prohibe penas ultrajantes a los condenados.
El tribunal de Kentucky desestimó su demanda, pero sus abogados decidieron llegar a la Corte Suprema Federal mediante lo que técnicamente se conoce como writ of certiorari. La Corte se pronunció por la admisibilidad formal del caso (recordemos que la Corte Suprema es la máxima y mejor intérprete de la Constitución Nacional Estadounidense y existía en este pleito un caso constitucional).
Hace 30 años que E.E.U.U. aplica el método de la inyección trifásica como una alternativa en apariencia menos dolorosa a la electrocución. Primero se administra un anestesiante, luego un paralizante y, por último, una solución de cloruro de potasio que hace que el corazón deje de latir y que, si se administra sin la correcta dosis previa de anestésicos, provoca una insoportable quemazón.
La cuestión constitucional planteada por los abogados de Blaze y Bowling ante los nueve jueces de la Corte Suprema es si el primer anestésico puede llegar a ser lo “suficientemente potente como para evitar que los presos sientan dolor”.
La mayoría ganó la votación siete a dos. Dijo, en lo que auí interesa, que los abogados apelantes no han logrado establecer al menos una suerte de demostración ‘objetiva intolerable de riesgo de daño’ que califique como cruel e inusual prohibido por la Eighth Amendment de la Constitución. La crítica principal de ellos no fue contra la inyección en si mismo, sino, antes bien, contra su forma de administración: los químicos usados, el entrenamiento del personal, la adecuada supervisión médica y las consecuencias riesgosas o de error.
Párrafo aparte merece el voto del juez Stevens. Habló de “Estado sancionador matador, que se está convirtiendo en algo mas y mas anacrónico”. El juez Stevens votó a favor de restaurar the capital punishment en 1976, que era su primero años en la corte.
Pero, como suele ocurrir, he had changed his mind, basado en su experiencia personal en la corte viendo como la pena de muerte se usa dentro de un clima de venganza y que los defensores de acusados de delitos de pena de muerte tienen menos garantías procesales que el resto de los delincuentes.
Otro de los párrafos destacables de la sentencia fue uno que dice “este es un caso fácil, porque un método de ejecución viola la Eighth Amendment únicamente cuando es deliberadamente designado para infligir dolor,” lo cual no era el caso de Kentucky.
La aplicación de este caso es un aliciente para los abogados defensores de casos de pena de muerte, porque a la luz de este precedente, se van a demorar las ejecuciones porque imagino que los letrados van a cuestionar todo el protocolo de ejecución intentándolo adecuarlos a los nuevos estándares, lo cual dilata obviamente la ejecución de la condena.
En suma, el fallo es un mapa con requisitos para aumentar la litigiosidad al respecto. Y esto tiene efectos sobre la menor ejecutoriedad de la pena de muerte.
Mi conclusión: El mensaje de la Corte Suprema es ambiguo. Por un lado permite la inyección letal, y por el otro introduce fórmulas indefinidas que aumentarán la litigación al respecto. El próximo caso de pena de muerte que va a tratar la Corte Federal es el de dos condenados por violación de nenas a las que no mataron. Menos mal que les perdonaron la vida a las víctimas, en otro caso hubiera sido un crimen horrendo (?). La cuestión es que hace mas de treinta años la misma Corte Suprema dijo que no se aplica la pena de muerte en delitos en los que no resultó la muerte de la víctima. Veremos que decide en este caso concreto.