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La inoponibilidad de la franquicia en el contrato de seguro del transporte automotor

Como es bien sabido por los litigantes, fue dictado el fallo plenario “Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otro s/ daños y perjuicios (Acc. Tran. c/ Les. o muerte) Sumario” y el fallo plenario “Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios”, en virtud del cual se dejó establecida la siguiente doctrina, que resulta obligatoria en los términos del art. 303 del Cód. Procesal para el fuero nacional en lo civil de la Capital Federal: “En los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución Nº 25.429/97- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)“.

La Corte Suprema descalificó las sentencias de la Cámara Civil fundadas sobre la mentada doctrina plenaria, incluida la dictada en la causa “Obarrio” como consecuencia de lo decidido en pleno, y en el caso “Gauna” adoptó esa determinación respecto del fallo plenario mismo, pues en ese expediente se pronunció al resolver el recurso extraordinario interpuesto directamente contra el pronunciamiento dictado en virtud de lo establecido en el art. 300 del Código Procesal.

¿Cuál criterio rige hoy en la justicia capitalina? La respuesta es, los dos (?). Aunque sea poco serio, la mayoría de la justicia nacional civil sigue aplicando el criterio del plenario Obarrio/Gauna. Y la Corte Suprema sigue revocando las sentencias dictadas en ese sentido.

Nuestra opinión es que el criterio de la Corte Suprema es insostenible desde el punto de vista de los derechos humanos. Recordemos que se encuentran en colisión el derecho a la reparación integral de la víctima y el derecho de la empresa de colectivos/o de su aseguradora a que se respete el contrato que firmaron. Si se da prevalencia a esto último, la víctima difícilmente cobre cuarenta mil pesos ($40.000) de su indemnización, puesto que la mayoría de las empresas de transporte son insolventes o se encuentran abarcadas por los efectos de procesos falenciales.

Sucintamente, es repugnante a los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución que la Corte Suprema prefiera un derecho económico contractual de compañías de colectivos y aseguradoras deshonestas, en detrimento de un derecho de la víctima a la reparación integral, que encontra apoyatura en las Convención Americana de Derechos Humanos. Sinrazón de la Corte que se advierte diáfana, a poco que se repare en que la vícitima, además, es consumidor de ese contrato entre terceros (empresa de colectivos con su aseguradora) y por tanto, se encuentra amparada por las previsiones del art. 42 de la Constitución Nacional en las relaciones de consumo. Luego, en esa colisión de derechos, cabálmente se colige que el del la vícitima tiene mucha mayor base, fundamento, arranque y génesis legal que, en comparación, el derecho contractual esgrimido por las compañìas de seguros. Es hora de que la Corte Suprema tenga una mirada mas humana y menos mercantilista de los accidentes de tránsito en los que intervienen las empresas de colectivos y su libídines aseguradoras.