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Lo que las empresas de cable se olvidan de decir cuando publicitan que robar cable es delito

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Mucho se ha discutido en el derecho penal acerca de si la conexión clandestina del cable coaxil es un delito que merezca prisión, o si es apenas un ilícito civil, que dará lugar a una acción de daños y perjuicios, pero no mas que eso.
Algunos sostienen que la conducta es similar a la de quien altera el medidor del fluido eléctrico, haciendo incurrir a error al prestador del servicio, cometiendo de ese modo el delito de estafa previsto en el art. 172 del Código Penal. Quienes así piensan, sostienen que las señales de televisión son “cosas” en los términos de artículo 2311 del Código Civil, asimiladondo interpretativamente a las señales de TV con la corriente eléctrica o el gas, por su carácter de “energía” o “fuerzas naturales”.
Empero, para la muy corriente mayoritaria del derecho penal argentino, considerar a las operadoras de cable como dueñas de una “cosa” (valor comercial por el disfrute de las imágenes) es un verdadera enormidad. La transmisión por cable coaxil es, para esta corriente –de la que participa la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal en su totalidad-, un servicio del que nunca podría resultar desapoderada la empresa prestadora del servicio, porque aún concediendo que la conexión clandestina le cause perjuicio –cosa harto dudosa, aunque se le confiriera que es un servicio no cobrado-, de todas formas el servicio de cable coaxil no puede ser materia de robo, hurto, ni estafa como otras formas de energía que se transmiten por cables, porque las señales de TV NO SON COSAS en los términos de artículo 2311 del Código Civil. A mayor abundamiento, tampoco existe la posibilidad de encuadrar a la conexión clandestina en el tipo penal del art. 172 del Código Penal (estafa), debido a que la “t” que se usa al efecto nunca podría ser “ardid determinante de la contraprestación”.
Por último, algunos fallos también han considerado atípica la conducta de quien se apropia indebidamente de la señal que provee el servicio de Internet, o la señal de otra conexión WI FI, porque no son “cosa” en los términos de artículo 2311 del Código Civil.

A voluntad (?)

Existen reglas sociales implícitas para cierto tipo de oficios. Cuando uno toma un taxi, o va al peluquero, o concurre a un local gastronómico, o bien toma los servicios de una meretriz (?), se presume que pagará al finalizar los servicios. Para evitar una eventual insolvencia, un amigo nos contó (?) que las meretrices, ahora cobran por adelantado. Igual que los buenos abogados.

La cuestión a que nos abocamos ahora es a aquella por la cual, alguien adopta una actitud que da a entender, fraudulentamente, que todo se halla en orden y, aparentando que se cumplirán las condiciones socialmente pactadas, llega a destino en el taxi, o se corta el pelo, o termina de comer. De seguido, no paga. Y ese final fue premeditado antes de toda la maniobra urdida.

La pregunta que se impone es: ¿Qué delito cometió nuestro autor de pelo corto y panza llena? (?) Creemos que quien, disimulando su propio estado de insolvencia, contrae una obligación con el propósito de no cumplirla, comete el delito de petardismo o gorronería. Este último término viene de “gorrón” (a su vez, derivado de “vivir a la gorra”), cuya significación en nuestro idioma está emparentada con quien tiene por hábito comer, vivir, regalarse o divertirse a costa ajena. Empero, nuestro Código Penal no contiene una figura específica para este tipo de delito gorrón.

Ello dio lugar a opiniones encontradas. Algunos dijeron que a falta de figura específica, la conducta desplegada no era delito penal. Otros, con mejor criterio, la encuadraron dentro de la figura de estafa del art. 172 del Código Penal. La cuestión terminó zanjada por un fallo plenario de la Cámara del Crimen de la Capital Federal. La doctrina legal del mismo dispone que “El petardismo o gorronería -acción de quien pide y consume alimentos o bebidas en una casa de comidas sabiendo que no pagará el precio o con la intención de no pagarlo- constituye el delito de estafa previsto por el art. 172 del Código Penal” (CNCRIM., en pleno -por mayoría-Plenario Nº 183, FRANCO, Roberto C.Rto: 3/9/93).

Por eso, ya sabe. Si alguna vez la vida lo sorprende sin plata, recuerde dejar rastros en orden a que contrajo la obligación con el propósito de cumplirla (?). Porque la prisión por deudas está fuera del sistema normativo argentino.