Archivo de etiquetas| fondo del bicentenario

Crónica del deceso de los Decretos de Necesidad y Urgencia en Argentina

La presidente de la Nación dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010/09, que creó el Fondo del Bicentenario.

Como no consiguió los votos en el Senado para la ratificación legislativa del citado decreto, dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 296/10, y de ese modo derogó el decreto de Nº 2010/09.

Hasta aquí, un sainete típico argentino. Justo lo contrario a lo que pasaría en cualquier país serio. Empero, lo infame estaba por comenzar. Anteayer, cuando inauguraba las sesiones del Congreso, como según ella “no podía seguir los trámites ordinarios de una ley” (?), dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 298/2010, que es una copia textual del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010/09. Lo único que cambia es la numeración.

Como buena demócrata, molesta por la publicidad de los actos de gobierno, ordenó que el decreto de marras se incluyera en una separata del Boletín Oficial. Y que empezara a regir el mismo día de su publicación.

Evidentemente, la presidenta de la Argentina está decidida a seguir dando causa para ser removida por juicio político. No es que sea lo aconsejable, pero la inhabilidad para ejercer el poder -o para cumplir con las formas de los procedimientos republicanos- cada vez es mas notoria y manifiesta.

Todo esta triste comedia, parece representada un mono antropomorfo (?) y es imposible de ser explicada a gente que vive en países de otras latitudes. La republiqueta bananera africana mas jarca, tiene mejor institucionalidad que Argentina. Lo que implica que sería incapaz de llegar a tanto desmadre como llegamos nosotros.

La Corte Suprema asustadiza que tenemos, también contribuyó con lo su rol en la comedia. Tenía a estudio una causa por la que se había suspendido el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010/09. Como el citado decreto se encuentra derogado, la Corte decretó abstracto e inoficioso cualquier pronunciamiento sobre la cuestión.

Nuevamente, la cabeza del Poder Judicial cometió otro acto cobarde. Según nuestra opinión, debiera de haber dictado sentencia de todas menaras –aunque el decreto hubiera sido derogado- porque existía un clarísimo caso constitucional, en la medida en que la cuestión federal estaba relacionada con un interés institucional que subsiste al momento del dictado de la sentencia. En efecto, se puso en tela de juicio el ejercicio que la presidente efectuó de las facultades que le otorga el art. 99 inciso 3 del texto constitucional, lo cual imponía la necesidad imperiosa de una interpretación de la Corte Suprema debido a la importancia institucional que reviste la cuestión debatida.

Nada de ello hizo la Corte Suprema. Antes bien, aunque se encontraba en juego la propia autoridad de la Corte, prefirió eludir de intervenir en la cuestión. Ello sienta un gravísimo precedente pues, en el futuro, le bastará al Poder Ejecutivo ir derogando los decretos de Necesidad y Urgencia minutos antes de que la Corte se expida sobre ellos, para lograr frustrar sine die toda decisión en asuntos que revisten gran importancia para el pleno desarrollo de las instituciones democráticas. Ello es altamente censurable para el vida democrática argentina por cuanto, a más de lo expuesto, la Corte Suprema ya había dictado sentencias en casos abstractos aduciendo que debía pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales que se plantean susceptibles de repetición y que de otra forma quedarían sin resolución (cfr. doctrina de Fallos: 316:479, cons. 5º y 6º del voto de los jueces Belluscio y Petracchi).

Respaldamos y apadrinamos que, con urgencia, en el lapso mas breve posible, la Corte Suprema Nacional dicte una fallo ejemplificador, acotando y limitando hacia el futuro el dictado de esas crisálidas constitucionales que son los Decretos de Necesidad y Urgencia. Ojalá que la picardía de la presidente, conforme a esta prognosis, le cueste carísima a los próximos presidentes constitucionales por virtud de la sentencia que limite el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia a los casos constitucionales (ataque exterior o conmoción interior). Verbigracia, que los presidentes solo puedan dictar Decretos de Necesidad y Urgencia cuando nos invada Brasil (?) o cuando haya un terremoto o un tsunami (?). En ese momento, cuando los presidentes solo dicten este tipo de Decretos en casos excepcionalísimos, tendremos una República un poco superior a la que nos toca vivir hoy día.

Anuncios

La imparcialidad de un juez socialista, vista desde la mas recalcitrante izquierda kirchnerista (?)

Uno de los decanos ministros de la Corte Suprema de Justicia argentina, al salir de su departamento y ser consultado por un movilero de un canal de noticias de línea editorial opositora al actual gobierno acerca de un caso puntual, lo mandó a leer el art. 99 inciso 3ero de la Constitución Nacional. La ocurrencia, atípica en nuestra vida institucional, suscitó todo tipo de comentarios. El canal celebró la correncia y ensalzó al veterano ministro. La izquierda toda (incluídos algunos blogs jurídicos indecorosamente serviles al proyecto político gobernante) refunfuñó so pretexto de que se trataba de un claro (?) prejuzgamiento en la elección de la norma y ello afectaba la imparcialidad del juez en cuestión. La ironía que encierra todo esto viene dada porque el ministro del que hablamos fue socialista toda su curtida vida.

El tema se entronca con la imparcialidad del juzgador, cuestión de vital importancia para la tramitación justa y constitucional del debido proceso. Debemos decir que la recusación es por regla la única arma con que cuenta la parte para discutir la investidura del juez. En la práctica, la mayoría de las recusaciones resultan rechazadas. No por infundadas, sino por el espíritu corporativo que prima en la justicia, debido al cual, todos los jueces defienden la jurisdicción de sus pares, como forma de auto-protección para cuando ellos sean recusados.

¿Cuál es la razón que esgrimen los detractores del ministro para censurar su acción? Blanden el argumento de que existiría un temor de parcialidad por la elección de esa norma y no otra, lo cual afectaría su imparcialidad a la hora de decidir y alimentaría la desconfianza sobre su proceder futuro. A nuestro modo de ver, quienes así piensan se equivocan de modo manifiesto: el juez no es una máquina de hacer silogismos sino un ser humano. Por ello resulta evidente que el hecho de sentenciar no puede consistir en el hecho de arrojar datos judiciarios. Menos aún puede significar adelantar opinión la divulgación de la norma constitucional que contiene uno de los principios republicanos mas defendidos en los últimos trescientos años: “el Poder Ejecutivo no puede legislar”.

A mayor abundamiento, los mismos que censuran al proceder del ministro, olvidan que las opiniones académicas fuera del proceso, no constituyen causal de pérdida de imparcialidad. De otro modo, el mas grande penalista de la Corte no podría fallar en ninguna causa de derecho penal. Y su presidente, en ninguna causa que versara sobre derecho contractual. O la vice-presidente, sobre causas en que se discutan derechos reales. Porque las opiniones vertidas en abstracto nunca pueden ser forzadas a una causa concreta, cuya resolución dependerá de un sinnúmero de factores particulares del expediente.

Por lo demás, la opinión del juez que se aduzca como causante de pérdida de imparcialidad DEBE HABER SIDO EMITIDA DENTRO DEL PROCESO, cosa que no aconteció en la especie. Quienes hierven por cualquier hecho que ven como conspirativo, en vez de verbenear por cualquier cosa, esa jarca debiera estudiar más. Así se enterarían que en el Reino Unido de Gran Bretaña, en donde la opinión común cree que existe el mejor servicio de justicia del mundo occidental, los jueces pueden consultar a otros colegas delante de las partes acerca de cómo decidirían el juicio, y discutir de viva voz con los letrados demostrándoles su error, sin que a nadie se le ocurra que por ello hay prejuzgamiento. Porque esa herramienta es útil también para los abogados, porque les permite conocer sus puntos flojos desde la óptica de quien estará llamado a decidir.

En conclusión, loamos y encomiamos la acción del añejo magistrado. Porque como quedó dicho, no le creó inhibiciones para conocer en el futuro juzgamiento de la causa toda vez que, con su instigación a la lectura constitucional, no se convirtió en iudex inhabilis ni en iudex suspectus. Y a la vez, popularizó un dogma básico republicano. No conceptuamos semejante acción como disvaliosa. Antes bien, estamos persuadidos que agites como ese ayudan a erradicar el credo oscurantista de la justicia que tan bien combate Lisbeth Salander, nuestra heroína favorita de la literatura del siglo XXI.