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Comodoro Py y los e-books (?)

La justicia federal criminal y correccional de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un miembro estelar: la jueza Barú Budú Budía (?) conforme al nombre popularizado por Tato Bores. Sirve recordar que el mismo juzgado actúa con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Por los pasillos de Tribunales se ventilan sendos rumores sobre ella. El primero es que no sabe mucho de derecho. No es una jurisconsulta ni nada parecido y fiel prueba de ello es que se recibió de abogada pasados largamente los treinta años de edad. También se dice que sabe acomodarse a cada tiempo político y que eso suple su eventual falta de rigor técnico en sus decisiones. Por último, tiene fama de honesta. En ese sentido, se nos recuerda cada vez que preguntamos por ella que era la única de los diez jueces federales de instrucción, que durante los dorados 90 no cobraba los sobresueldos que venían desde Balcarce 50.

¿Por qué vamos a hablar de ella? Porque suele imprecar contra los medios de comunicación y actividades afines. Pocos funcionarios públicos argentinos han demandado tantas veces a medios argentinos como la jueza de la canción de Tato Bores. Una somera consulta a la base de datos de la Cámara Nacional Civil arroja que ha demandado civilmente a la mayoría de los medios escritos y audiovisuales argentinos, con patrocinio de abogados cuyo nombre hace sospechar que tienen relación de parentesco con la nombrada. El fundamento de las demandas es siempre el mismo: sostiene sentirse afectada en su honor por el cariz de tal o cual nota. La mayoría de esas demandas obtienen suerte favorable porque los jueces civiles temen enfrentarse con esta mujer que aparenta ser todopoderosa, y además, los magistrados enfocan la cuestión desde el Código Civil y no desde la Constitución Nacional o desde los Tratados de Derechos Humanos. El viejo axioma repugnante de mirar la pirámide jurídica de abajo para arriba.

¿Qué hizo ahora “la Chuchi” (?)? La magistrada consiguió una medida cautelar que obliga a los portales Yahoo! y Google a hacer desaparecer su nombre de los buscadores. En su parte pertinente, la medida cautelar dice “Buenos Aires, Septiembre 5 de 2008. Por lo expuesto y toda vez que en el caso encuadra en lo dispuesto por el art. 50 del Trips-Gatt (ley 24.425) , creo procedente hacer lugar a la medida cautelar peticionada (…) Deberán los responsables de http://www.yahoo.com.ar y http://www.google.com.ar, en el plazo de dos días hábiles, bloquear cualquier tipo de información referida a la Dra. Barú Budú Budía…”, y está firmada por el juez con competencia en lo civil y comercial federal “Chelo” (?) Wathelet.

No vamos a hacer un estudio de la cuestión constitucional vinculada. Cualquiera sabe que Google es una simple vía de comunicación de contenidos y eso hace a la libertad de expresión. Los motores de búsqueda no generan contenido, sino que muestran los contenidos que han sido generados por terceros por sobre los que Google no tiene control alguno. Empero, lo que sostiene la magistrada es que sin Google, nadie llegaría a los sitios de terceros. ¿Cómo contestar la demanda si uno es abogado de Google? En menos de una carilla debiera citarse la ley 26.032 (Promulgada de Hecho: Junio 16 de 2005) que dice en su ARTICULO 1° que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Con eso está planteada correctamente la cuestión federal para llegar a la Corte Suprema. Si uno es mas erudito que la media (?), se puede sazonar el escrito con citas de los tratados de Derechos Humanos incorporados al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Para finalizar, sorprende la alarmante falta de cultura de muchos de nuestros funcionarios públicos y opinadores (?) variopintos sobre la cuestión en análisis. A ellos le recordamos el ensayo “La muralla y los libros” de Jorge Luis Borges. El primero Emperador de China se llamó Shih Huang Ti. Fue recordado por construir una gran muralla que cercó su imperio (la gran muralla china) y por destruir todos los recuerdos del pasado mediante la quema de todos los libros anteriores a él. La historia, según su megalomanía, nacía con él. “La Chuchi” (?), al procurar que se quemen todos los registros de los buscadores atingentes a ella, tiene el malhadado propósito que, al perderse la información sobre todo los actos acaecidos anteriormente a su medida cautelar, la historia de ella no la conmemore como una legítima representante oficiosa del poder de turno, que es justo lo opuesto a lo que debiera ser la función del departamento judicial.

Judicial Censorship (?)

Hay un sacerdote acusado de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de menores cuyo juicio oral se realizará próximamente. Ese sacerdote era titular de una Fundación. Esa Fundación tiene por objeto el cuidado de niños desamparados. Algunos de esos niños habrían sido abusados sexualmente por el sacerdote. O por lo menos, el juicio va a versar sobre si ese hecho controvertido existió o no.

En medio de este contexto, la Fundación de marras se presentó ante la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal, pidiendo -por vía de amparo- que se protegiera el nombre de los menores que estuvieron bajo su órbita al momento de que se difundan los detalles del juicio oral en ciernes. El juez de grado recalificó al amparo y lo convirtió sua sponte en una medida autosatisfactiva. Recordemos que las medidas autosatisfactivas no tienen regulación legal en Argentina. Para desprevenidos diremos que las medidas autosatisfactivas son procesos urgentes y autónomos, que no son accesorios respecto de otro principal y que se agotan en sí mismos. Jorge Peyrano suele definir a estos procesos como “…son soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables inaudita pars y en los que existe una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles·”. O sea, en otras palabras, son medios por los cuales la Justicia brinda rápido lo pedido por el afectado dentro de un plazo relativamente breve.

En la parte dispositiva, el juez de grado, sin escuchar las defensas que pudieran esgrimir los medios afectados por la medida, ordenó “ I) Disponer que las empresas Arte Radiotelevisivo S.A., Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Grupo Clarín S.A., Editorial Perfil S.A., Editorial La Página S.A. y la totalidad de los medio televisivos, radiales y gráficos se abstengan de difundir imágenes, nombres o cualquier otro dato que por cualquier medio permita individualizar a los menores que hubieren sido o sean asistidos por la Fundación … , con motivo del juicio oral que se sigue contra el sacerdote … . II) Ordenar que esta decisión sea comunicada por cédula con habilitación de días y horas inhábiles, urgente y en el día a todos los medios periodísticos señalados precedentemente. III) Poner en conocimiento de la Secretaría de Medios de Comunicación dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y del Comité Federal de Radiodifusión a fin de que velen por el cumplimiento estricto de la presente manda y para el caso de incumplimiento impongan las sanciones correspondientes. A tales fines, líbrense los oficios correspondientes. IV) Poner en conocimiento de lo aquí resuelto al presidente del Tribunal Oral en el que se ventilará el juicio contra el sacerdote Julio Cesar Grassi, a fin de que por su intermedio se adopten las medidas tendientes a su fiel cumplimiento, debiendo librarse el oficio pertinente en los términos de la ley 22.172. Regístrese.”

Como puede advertirse, la sentencia incurre en un evidente exceso jurisdiccional, toda vez que carece de la mesura y auto restricción que debe tener toda resolución judicial que importe restringir de cualquier forma la libertad de prensa. Con esto no queremos desdeñar de los legítimos derechos constitucionales de los menores que pudieran resultar afectados. Antes bien, lo que pretendemos que quede claro es que el honor y la intimidad de los menores no admiten tutela preventiva en el derecho argentino –como hace el juez de grado-, sino que dan lugar a las responsabilidades ulteriores. En efecto, esa es la recta interpretación del art. 13 de la CADH que en lo pertinente prescribe que:“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección….2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidad ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas….”.

Además, la sentencia es desatinada porque, si bien es cierto que la libertad de prensa no es un derecho absoluto, no lo es menos que sí lo es la prohibición de censura previa. Vale decir, la Constitución Nacional veda expresamente el control de lo que va a expresarse por medio de la prensa. Y en este caso, un juez de la Nación está controlando lo que van a poder publicar los medios demandados, de forma preventiva. ¿Cómo podrán esos medios cumplir acabadamente con su tarea de cubrir el juicio -que versará indefectiblemente sobre presuntos abusos sexuales a menores- sin referirse a los menores? La respuesta se impone: la manda judicial es de cumplimiento imposible. Cumplir lo ordenado por el juez es de una generalidad tal que, a no dudarlo, impone un bozal a los medios afectados. Conducta similar a la que exige probar la cuadratura del círculo.

No caben dudas, pues, que la censura a la prensa también puede ser ejercida por el Poder Judicial, y ella es la mas grave de las censuras. En esta línea de ideas, no cabe duda acerca del derecho de los medios afectados para expresar libremente su opinión sobre los testimonios de los menores en el juicio, sin censura previa, y que los eventuales perjuicios que ello provoque sólo pueden estar sujetos a responsabilidades ulteriores (Art. 14 de la Constitución Nacional, Art. 12, inc. 2, Constitución Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Art. 13, CADH).

En suma, se ha restringido el ejercicio de derechos constitucionales de la prensa por vía judicial. La prudencia obliga a reprobar ese tipo de sentencias que utilizan pautas de dudosa objetividad, que no justifican la limitación impuesta por el resolutorio judicial. Mucho menos, aún, en una instancia de naturaleza cautelar, en la que el análisis es preliminar y provisorio y además unilateral, pues se realiza sin intervención de la contraparte. La cual, vale decirlo, no fue oída hasta el momento. Por lo demás, resulta claro que el acogimiento de la medida cautelar dictada ha afectado la imparcialidad futura del juzgador, que es condición necesaria para que no se vea conculcado el correcto ejercicio del derecho de defensa de los demandados Arte Radiotelevisivo S.A., Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Grupo Clarín S.A., Editorial Perfil S.A., Editorial La Página S.A.

Finalizo este comentario con la cita de lo expuesto por la Corte Suprema Nacional en el caso “Abad c/ Diario La Prensa” (Fallos 248:291), en donde se dijo que “no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncia derechos meramente individuales, está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica”. Descarrío despótico y dictatorial que en este caso, tristemente, emanó del Poder Judicial de la Nación, al que últimamente le estamos encontrando en mayor medida aspiraciones antidemocráticas de omnisciencia y omnipotencia.

Cuando opinan, los medios de comunicación son irresponsables (?)


La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó en día de la fecha un gran fallo. Resolvió que los medios de comunicación son irresponsables cuando opinan (?). Allende la ironía, lo cierto es que la Corte privilegió el debate plural de ideas por medio de la prensa en la causa “Patitó, José Ángel y otro c/ Diario La Nación y otros”. Para así decidir la Corte Suprema eximió de responsabilidad civil al medio gráfico.
¿De qué se trató la causa? Los integrantes del Cuerpo Médico Forense reclamaban una indeminización por haberse sentido agraviados a raíz de una opinión editorial del diario. Alegaron que el diario afectó “sus derechos constitucionales a la intimidad y al honor, en tanto las publicaciones fueron inexactas, formaron parte de una campaña persecutoria y difamatoria contra ellos y, en lugar de informar, tomaron una abierta posición sobre el tema, con la intención de despertar en elpúblico sospechas sobre su actuación profesional”. En resumen, alegaron tres cosas: 1) Que el medio buscó expresamente desacreditarlos (dolo); 2) Que el medio tuvo una despreocupación consciente por la verdad. Ganaron el juicio en primera y segunda instancia.
¿Que dijo la Corte Suprema? “No puede haber responsabilidad alguna del diario La Nación por la crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social”. Entendió que “el principio de real malicia, a diferencia del test de veracidad, no opera en función de la verdad o falsedad objetiva de las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifestaciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas. Lo que es materia de discusión y prueba, si de real malicia se trata, es el conocimiento que el periodista o medio periodístico tuvo (o debió tener) de esa falsedad o posible falsedad.”
Aplaudimos el fallo de la Corte porque si bien es cierto que no hay un derecho al insulto o la vejación gratuita o injustificada, es mas importante para el vigor de la República que los funcionarios públicos puedan ser criticados por el pueblo por medio de la prensa sin riesgo de pleitos futuros. Esa es la recta interpretación de la Constitución.

Los eufemismos mediáticos (?)

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En la difícil tensión entre el derecho a la intimidad del enfermo y el derecho a la información que le asiste a toda la sociedad, los medios argentinos han privilegiado el eufemismo. Ello es censurable porque vulnera las posibilidades de que el universo de potenciales consumidores de información profundicen sus conocimientos sobre una de las grandes causas de muerte a nivel mundial. Obstruyendo asi, la única forma de acceder al postulado básico sobre él: “El cancer, se controla, no se cura”.

Es mas divertido morir informado (?) por ALGUNOS MEDIOS ARGENTINOS. Por suerte, la muerte de don Ricardo Balbín sirvió para algo (?)