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Crónica de dos empates amañados

Defe

En el día de ayer se decretó el descenso del club Defensores de Belgrano a la categoría “C” del fútbol argentino, que viene a ser la cuarta en la gradación de importancia instaurada en la organización de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino.

Motivan este comentario las circunstancias que dieron lugar al descenso del “Dragón”. Llegada la última fecha disputada el Domingo, los tres clubes con posibilidades de bajar de categoría fueron Villa Dálmine, Deportivo Morón y el nombrado Defensores de Belgrano. Los dos primeros se enfrentaban, respectivamente, contra Flandria y Colegiales. Estos dos últimos, invocando una “sugerencia desde Viamonte 1366”, licenciaron a sus planteles profesionales y disputaron el último partido del campeonato con divisiones juveniles. El final de la historia es conocida: en Jáuregui, Morón consiguió el punto necesario para salvarse; mientras que en Campana, Villa Dálmine celebró una igualdad 1 a 1 ante Colegiales. Resulta suspicaz que ambos licenciaran a sus planteles titulares (verbigracia, Colegiales necesitará puntos porque la próxima temporada peleará nuevamente el descenso; Flandria vendió un jugador a Deportivo Morón a cambio de dinero y “poner suplentes la última fecha”) toda vez que un buen desempeño habría significado limpiar su honor puesto en cuestión.

Derivación de hechos como el expuesto, es que los partidos de fútbol de Argentina no se ganan, empatan o pierden por la excelencia o incapacidad de sus jugadores. Los resultados se determinan en la opacidad de los escritorios, que es adonde se conquistan, compensan o desperdician los encuentros. La ley N° 20.655, en su art. 24 dispone que “será, reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito mas severamente penado, el que, por si o por tercero, ofreciere o entregare una dádiva, o efectuare promesa remuneratoría, a fin de facilitar o asegurar el resultado irregular de una competencia deportiva o el desempeño anormal de un participante en la misma. La misma pena se aplicara al que aceptare una dádiva o promesa remuneratoría, con los fines indicados en el párrafo anterior”. Lo transcripto es una ley vigente que encastra perfectamente para punir la conducta de Deportivo Morón comprando onerosamente un jugador de Flandria a cambio de poner suplentes para obtener la certeza de la permanencia. Empero, no existen condenas por aplicación de esa ley. Porque para el Poder Judicial, el fútbol argentino debe ser impoluto (?) a nivel vaticano (?) . Tómese el libro “Gomorra” de Roberto Saviano, cámbiese adonde dice “Italia” por “Argentina”, y entenderá lo que es vivir adentro de un estado cómplice (y hasta socio) de las mafias, tanto desde el poder político cuanto desde el poder jurisdiccional.

Cualquier observador razonable puede advertir que el amañe de partidos como lo acontecido, es una práctica contraria a la naturaleza de la justa deportiva que configura el fútbol. En este ámbito, la corruptela, lejos de ser repudiada y reprimida, es auspiciada desde las esferas mismas del poder vernáculo. El dilema es de hierro: o se pone coto a la ola de inmoralidad que vive el fútbol argentino, volviendo a las sabias raíces metafísicas de honor, caballerosidad deportiva, honestidad y pureza en las acciones de los intervinientes – que sigue siendo la esencia del deporte– o bien nuestro fútbol seguirá cooptado por una concepción que, como opuesta a su historia y a su sentido, intenta enterrarlo con palpitaciones de vida. Ello, claro está, mientras el hincha sigue sufriendo su amor inmarcesible por su divisa, cuando el descenso no es apenas una posibilidad deportiva, sino una prestidigitación de una mano indecentemente poderosa.

Termino formulando un voto: pueda este artículo avivar en el corazón de la juventud argentina el amor por el verdadero fútbol, libre de corrupción, propendiendo a la mas alta moralidad y decencia de sus dirigentes, que son el baluarte de la posibilidad de supervivencia del deporte tal como lo conocemos. Huelga decir que, dadas las actuales circunstancias de depravación y podredumbre en el seno de la AFA, a nadie en su sano juicio se le ocurriría jugar al Prode bancado. Salvo, claro está, que los apostadores sepan de antemano, los resultados de los encuentros porvenir. Como va a acabar ocurriendo. Porque el pozo de inmoralidad no tiene fondo (?).

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El derecho a la doble instancia civil cuenta con jerarquía constitucional y convencional aunque el Frente Para la Victoria no quiera (?)

La ley 26536, que entró en vigencia el 7 de Diciembre de 2009, introdujo una reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su artículo 242, elevando el monto mínimo para apelar de $ 4369,67 (pesos cuatro mil trescientos sesenta y nueve con sesenta y siete centavos) a $ 20.000 (pesos veinte mil).

El proyecto fue presentado por el senador Pichetto, del oficialista Frente para la Victoria, y sancionado de urgencia previo a perder la mayoría parlamentaria. Adujo para fundarlo preocupación en orden a la “la agilización de los procesos de menor cuantía económica y el aligeramiento de tareas de los tribunales de alzada, para el mejor aprovechamiento de los recursos y el buen servicio de justicia”.

Esta reforma es una nueva privación de justicia de carácter general. Quienes quebrantan los derechos constitucionales de los ciudadanos no distinguen entre violaciones de mas o menos de veinte mil pesos. O sea que para nuestra Constitución Nacional no hay causas de menor cuantía. Bueno sería que nuestros legisladores, bajaran del olimpo y litigaran algún tiempo en nuestros tribunales antes de hacer estas reformas estúpidas. Que advirtieran, por ejemplo, que las sentencias de primera instancia (algunas de las cuales hasta tienen errores de ortografía) no son hechas por los jueces ni por los secretarios, sino por ayudantes del despacho judicial con escasos conocimientos y nula versación jurígena, muchos de los cuales ni siquiera son abogados. Que las sentencias de Cámara tampoco son escritas por los Camaristas, algunos de los cuales concurren tan solo dos veces por semana a las salas que integran, “porque esos son los días de acuerdo”. También debieran recordar que en los países de Europa continental, las causas de menor cuantía son las de menos de cuatro mil euros (€4000). Límite parecido al que ahora se derogó. Excepto que estos elitistas crean que hay que convertir esa cifra a pesos, al tipo de cambio vendedor del día anterior a sancionar la ley (?).

De manera que, en la práctica, esta reforma nos conmina a quedarnos, en las causas en las que se demanden menos de veinte mil pesos, con la última palabra de una apariencia de justicia, que vendrá a ser la de un secretario privado -o algún otro que padezca de idiocia- que le guste jugar a ser juez de primera instancia. Cosa que va a ocurrir en la mayoría de las ejecuciones, de las consignaciones, de las acciones por cumplimiento de contratos civiles o comerciales, de los juicios de daños y perjuicios derivados de la vecindad, de los daños derivados al consumidor, etc..

Repudiamos esta reforma que pretende conceptualmente que la justicia sea un elemento elitista para defender, por ejemplo, las participaciones accionarias en hoteles houtiques. Con esta reforma se logra que mucha gente desestime su voluntad de ir a la Justicia, logrando dejadez y pereza ciudadana. Cuando en realidad, lo que necesita nuestro país es una mayor participación de los ciudadanos como actores y promotores de un Poder Judicial idóneo.

Ya sé que, quienes no estén de acuerdo con esto, van a salir con aquella muletilla vacía que dice que la doble instancia procesal civil y comercial no cuenta con jerarquía constitucional. ¿No? ¿Seguros que no? Antes que ser un botarate, subnormal o imbécil (según la traducción al español de “moron”, palabra favorita de Dr. Gregory House, que en rigor de verdad quiere decir “persona cuya inteligencia se desarrolló hasta los ocho años de edad y allí se quedó”) que sostenga eso, debería releerse la “Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, ratificada por Argentina mediante ley 23.054. Aunque le cueste entenderlo a los gobernantes de turno, el litigante argentino posee un derecho fundacional constitucional a un debido proceso legal (que comprende el derecho a una segunda instancia judicial) previo a que sus derechos civiles y comerciales sean alterados judicialmente. Por eso, repudiamos la ley 26536 y creemos que los jueces que juraron su cargo por Dios, por la Patria y por la Constitución, no debieran aplicarla, ex officio, previo traslado a las partes. Porque en vez de agilizar los procesos, lo único que se logra son planteos que lo alargan mas. Desdeñamos también de ese concepto fascista en orden a la cual la Justicia es para unos pocos. Las clases mas bajas, las que tienen los verdaderos problemas de menor cuantía, no solo tienen un difícil o nulo acceso a los mejores abogados, sino que además tendrán una deficiente prestación del servicio de justicia.