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Los interrogatorios policiales a la luz de la Constitución de Estados Unidos

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Un nuevo caso nos llamó la atención. Se trata de MONTEJO v. LOUISIANA (No. 07-1529) decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos el 26 de Mayo de 2009.

Montejo fue acusado de homicidio calificado en Louisiana, cuya ley castiga ese delito con pena de muerte. La policía le leyó los derechos, y él, sin designar defensor, accedió a ir con la policía a buscar el arma con el que habría cometido el crimen. En el trayecto, escribió una carta de disculpas a la viuda de su víctima

En el juicio, la carta fue admitida como evidencia a pesar de la queja de la defensa. Fue condenado y sentenciado a muerte. La Corte de Louisiana confirmó la sentencia de grado desestimando que la carta fuera suprimida como evidencia. Ocurre que, a su entender, el derecho a contar con un abogado es renunciable por el interesado, y todo lo que se haga sin el consejo de un letrado puede ser usado en contra del acusado sin daño a las garantías constitucionales. Sin embargo, existe un leading case (Michigan v. Jackson, 475 U. S. 625) que prohíbe a la policía iniciar un interrogatorio al sospechoso de un delito una vez que el detenido invoque su derecho a contar con un defensor. Sin embargo, en algunos estados el abogado defensor de oficio es asignado sin requerimiento alguno del detenido.

¿Qué hizo la Corte Suprema de Estados Unidos al fallar en este caso? Reformuló las doctrinas de los interrogatorios policiales. Dejó sin efecto el leading case Michigan v. Jackson por los problemas que esa regla profiláctica creaba en diversos estados, con diversos procedimientos de asignación de defensor oficial porque contribuía a generar una nebulosa gris que creaba incertidumbre y hasta podía generar que algunos crímenes esclarecidos gracias a confesiones libres de coerción quedaran impunes.

De modo tal que ahora las reglas de higiene constitucional en los interrogatorios policiales quedan de esta manera:

(a) Bajo la regla de Miranda, cualquier sospechoso sujeto a interrogatorio debe ser avisado que tiene derecho a tener su abogado presente. (384 U. S., at 474).
(b) Bajo la regla de Edwards, una vez que el interrogado invoque su derecho emanado de la doctrina de Miranda, el interrogatorio debe detenerse. (451 U. S., at 484).
(c) Finalmente, bajo la regla de Minnick v. Mississippi, ningún interrogatorio subsecuente puede tener lugar hasta que el abogado esté presente. (498 U. S. 146).

Esas son las únicas tres reglas de profilaxis constitucional para los interrogatorios policiales vigentes en todo el territorio de Estados Unidos desde Mayo 26 de 2009.

El juramento prestado al asumir por los jueces electorales es una solemne burla

Definition of fraud

Podríamos enarbolar argumentos legales sobre la nulidad como acto jurídico de las denominadas candidaturas testimoniales. Alcanzaríamos a empuñar sendos argumentos sobre lo nocivo de usar strawmen como tractores de votos en zonas de menores ingresos (?).O tal vez, hasta podríamos recurrir a los sendos errores procedimentales (vgr. de domicilio, de residencia, etc.) de postulación política de los candidatos mas renombrados.

Sin embargo, preferimos hacer foco en lo que va a hacer la justicia electoral. Resulta a mi juicio jurídica y lógicamente insostenible que un juez, cuya tarea es sustancialmente valorativa y que al asumir su cargo ha jurado por la patria [y, si las tuviere, por sus creencias religiosas], cumplir y hacer cumplir la Constitución, tenga ante sí a candidatos -que declararon a los cuatro vientos que si ganan, no van a asumir- y convalide su candidatura, puesto que –al actuar los jueces de ese modo- convertirán a su juramento de asunción en algo peor que una solemne burla (estas palabras no son mías, son de la Corte Suprema de Estados Unidos en el célebre caso “Marbury vs. Madison” de 1803).

La justicia electoral no puede ignorar jurídicamente lo que la sociedad conoce efectivamente en orden a la harto probable no asunción de sendos candidatos postulados a las elecciones venideras.

Como dijo nuestra Corte Suprema Nacional en el célebre caso Sojo: “el palladium de la libertad no es una ley suspendible en sus efectos, revocable según las conveniencias públicas del momento; el palladium de la libertad es la Constitución, ésa es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya conservación inviolable, cuya guarda severamente escrupulosa debe ser el objeto primordial de las leyes, la condición esencial de los fallos de la justicia federal”.

De allí que nos preguntamos: ¿El juramento de los doctores Rodolfo Munné, Santiago Corcuera & Alberto Dalla Via habrá sido algo peor que una solemne burla? Si el Poder Judicial no controla los excesos deformantes de la democracia cometidos por los que pretenden ingresar a los otros poderes, priva de utilidad republicana a su función.

Para abolir estas práctica extramuros de la Constitución Nacional, si lo que se quiere es candidaturas testimoniales de verdad, si de veras se quiere un candidato que no asuma, que postulen a Jorge Julio López (?).

Requisas sin orden, nulas para la justicia estadounidense

requisasinorden

¿Se advierte por qué nos gusta la justicia estadounidense? Porque la Corte Suprema Federal baja línea a todos los tribunales en orden al respeto irrestricto de las garantías constitucionales de los sometidos a proceso penal. Ayer dictó sentencia en el caso ARIZONA v. GANT que, después de leerlo, da ganas de aplaudir. Muchachos de la justicia argentina, sabemos que están infra-capacitados y que apenas dominan el español a juzgar por los errores de ortografía que contienen vuestras sentencias. Sin embargo, bueno sería que se nutran de estas doctrinas foráneas y las apliquen aquí, porque aunque las Constituciones son diferentes [una está en español y la otra en inglés (?)] los dogmas son muy parecidos.

Gant fue arrestado por conducir con una licencia suspendida. Lo encerraron en la patrulla y los oficiales de policía requisaron su auto. Así, encontraron cocaína en su campera. La justicia de Arizona denegaron el planteo de supresión de la evidencia (nulidad de la requisa en la jerga argentina) y fue condenado por delito de tenencia de drogas. La Corte Suprema de Arizona, revocó el fallo y encontró a la requisa como irrazonable.

¿Qué resolvió la Corte Suprema Federal? Confirmó la sentencia de la Corte de Arizona. En cuanto a los argentinos nos interesa, dijo que: (a) Requisas sin orden judicial son per se irrazonables. Las excepciones a esta regla son que durante el arresto se sospeche que el arrestado pueda tener un arma de fuego o evidencia destructible.

(b) la requisa sin orden judicial también está permitida cuando es “rasonable creer que la evidencia relevante para el crimen por el cual fue arrestado pueda ser encontrada en el vehículo”. Como Gant claramente no podía acceder a su auto en el momento de la requisa, la misma deviene nula per se.

Maravilloso. Nuestra prestigiosa Corte Suprema federal debiera seguir ese camino y derogar la majadera doctrina del caso Fernández Prieto.