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El robo a las cajas de seguridad del Banco Provincia

Es cierto que estamos de vacaciones. Sin embargo, no pudimos evitar la tentación de escribir algunas notas sobre el delito perpetrado, durante el fin de semana pasado, contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Sucursal Belgrano) y contra los locatarios de las cajas de seguridad.

Lo primero que debemos decir es que los clientes afectados se encuentran amparados por el art. 42 de la Constitución Nacional que dispone que las autoridades (término que, sin dudas, incluye al Poder Judicial) deben adoptar los recaudos necesarios para proteger la seguridad y los intereses económicos de consumidores y usuarios.

En general, el cliente firma con el banco un contrato de caja de seguridad, que se agrega al entramado contractual que el nombrado pueda tener con la entidad financiera (contrato de caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, tarjeta de crédito, etc.).

Esos contratos son predispuestos por el banco y al cliente no le queda otra alternativa que firmarlos en bloque. Por eso, en general, esos contratos están llenos de cláusulas nulas. Que vendrían a ser cláusulas “caza-bobos”, porque están redactadas por asesores legales de los bancos que deliberadamente saben que esas estipulaciones que consignan no pasarán el test de legalidad por ante un tribunal judicial. Empero, igualmente las incluyen dentro de los contratos, porque algún cliente descorazonado (comúnmente “shockeado” por el golpe psicológico que supone el robo de su cofre), leerá el contrato y decidirá no ir a juicio porque “el contrato dice que el banco solo garantiza al locatario la integridad exterior de la caja y no responde de los objetos en ella depositados, por cuanto es de exclusiva cuenta del locatario su retiro, cuidado y conservación” (todos los contratos de caja de seguridad de todos los bancos argentinos dicen mas o menos lo mismo).

La cuestión finca en resolver si esa cláusula es válida. Y lo concreto es que para cualquier observador razonable, no lo es. ¿Por qué? Porque desnaturaliza el contrato y lo deja sin objeto. Y según el art. 1170 del Código Civil, sin objeto, no hay contrato. Vale decir, no se puede dejar la suerte del contrato de caja de seguridad al arbitrio de los bancos. En Europa, esto es bien sabido. La Corte de Casación de Francia reputa abusiva y no escrita toda cláusula insertada en un contrato entre un banco y un cliente, que tenga por objeto o por efecto suprimir o reducir el derecho a reparación del cliente en caso de incumplir el profesional cualesquiera de sus obligaciones.

Por eso se equivocan la mayoría de los letrados que salieron por los medios masivos de comunicación estos días. Porque no importa si hubo culpa del banco, porque eso es un tema de factor de atribución subjetivo. Lo que sí importa, es que al cliente le sustrajeron sus pertenencias. De manera que el factor de atribución es CLARAMENTE OBJETIVO FUNDADO EN EL DEBER DE SEGURIDAD INCUMPLIDO POR EL BANCO. Para que se entienda. A los efectos del resarcimiento de daños y perjuicios, no es relevante si sonó la alarma, si había sereno, si el banco no tenía sistema de vigilancia idóneo, etc.. Todos esas cuestiones hacen a la culpa del banco. Empero, en el contrato de caja de seguridad, no interesa la culpa. Si al cliente le sustrajeron sus efectos, el banco responderá. Ningún otro factor es relevante. Porque la custodia que asume el banco en el contrato de caja de seguridad es para excluir el riesgo de que al cliente lo roben. Es un contrato de resultado. Por lo tanto, cuando el resultado al que el banco se obligó no se obtuvo (porque al cliente lo robaron), el banco solo podrá defenderse alegando una causa que no habría podido superar, en tanto se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva. Y el boquete es el riesgo obvio que tiene el banco. Luego, es una causa previsible y evitable.

Si a eso le agregamos que por ese servicio (que el banco no satisfizo), el cliente pagó un precio cierto en dinero, la responsabilidad bancaria es inleluctable. En efecto, el profesional banquero lucró con el arrendamiento de cajas de seguridad, ofreciendo a su clientela ‘seguridad’; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127 del Código de Comercio). Máxime cuando la profesionalidad del banco exige un standard de responsabilidad agravada frente a los clientes por imperio del art. 902 del Código Civil.

Hay otro argumento que suelen esgrimir los bancos como defensa, que es pura estulticia. Dicen, palabras mas, palabras menos, que el banco no responde por el contenido del cofre y solo lo hace por el sector, el ámbito en el cual el cofre está emplazado. El argumento no se sostiene porque, como decían los romanos, quien puede lo más, puede lo menos. La defensa del banco es improponible, porque es un procedimiento discursivo falaz. Vale decir, si el banco se obligó a cuidar el lugar donde está el cofre alquilado por el cliente (extremo que afirma una obligación clarísima del banco), hay que concluir la validez y la existencia de la obligación del banco de proteger el cofre. Porque esta obligación está en estado de merecer, con mayor razón que la primera, protección judicial. La seguridad es esencia del objeto del contrato, tanto del ámbito donde está emplzado el cofre, como la del cofre mismo y su contenido. Sostener lo contrario es como afirmar “Sra., yo le pongo el cinturón de castidad a su hija pulposa, y me comprometo a que no entre nadie a su habitación, pero si queda embarazada no es mi responsabilidad” (?). ¿Que le contestaríamos al mozo, si cuando le pedimos un café, nos dice que el precio de la carta es el correspondiente al líquido, por lo cual, si todavía lo queremos, tenemos que abrevar directamente de la máquina?. Ojalá que los abogados de los bancos alguna vez lean el Mercader de Venecia.

Finalmente, en cuanto a la prueba del contenido de la caja, se trata de un tema de prueba indiciaria o de presunciones. En numerosas oportunidades, es muy difícil acreditar el monto que se guardaba en la caja de seguridad, porque justamente, el secreto es la razón que llevó al cliente a elegir el contrato de caja de seguridad y no otro. Luego, en esos casos, por aplicación del principio romano in dubio pro damni (en caso de duda, se deberá estar a favor del dañado) deberá tomarse como indicio fundamental a lo declarado por el cliente ante las autoridades policiales, como monto de daño emergente. Poco importan las autoridades fiscales o los seguros globales que contrata el banco de hasta U$S 50.000 por cliente afectado o de U$S 1.000.000 por hecho delictivo. Argentina no tiene tope de limitación de la indemnización para hechos como el que nos ocupa.

Sintetizando, muchos de los auto-denominados “abogados especialistas en cajas de seguridad” no son mas que meros vendedores de “espejitos de colores”. Algunos de ellos, suelen perder excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por no reclamar daños como en derecho corresponde (las costas en esas excepciones son montos siderales que deberá pagar el cliente). Por eso, si no quiere encontrar humo cuando abra su cofre, busque buenos abogados. Que seguro que los hay. Pero en Francia (?).

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Responsabilidad de las entidades financieras por las denominadas “salideras bancarias”

Mucho se habla por estos días de la responsabilidad de los bancos por las denominadas “salideras bancarias”, que no son otra cosa que el robo calificado a clientes bancarios minutos después de una extracción de dinero en una entidad financiera.
La Cámara de Diputados de la Nación recientemente dió media sanción a un proyecto de ley que previene la comisión de este tipo de delitos. Sin que sea un chiste, lo que se les ocurrió a nuestros beneméritos diputados, es encerrar en una cabina al cliente que extraiga valores, para que nadie pueda ver la transacción que realiza. O sea que, basta que los cacos vean entrar al cliente a la cabina, para saber que es lo que va a hacer (?). Y mejor ni pensar en los delitos sexuales que potencialmente podrían acontecer dentro de la siempre segura cabina bancaria (?).
Desde esta modesta tribuna de doctrina (?), proponemos algo un poco mas útil. La responsabilidad de las entidades financieras en las salideras bancarias es inexcusable conforme a una pauta mínima de razonabilidad. En efecto, los dos grandes modos comisivos del delito de salidera no podrían consumarse sin que necesariamente exista responsabilidad civil de los bancos. El primer modo de cometer el delito es cuando un empleado infiel de la línea de cajas señala a los malvivientes la persona que acaba de extraer una importante suma de dinero. En este caso, la responsabilidad del banco es indirecta, puesto que deberá pagar la indeminzación a la víctima del atraco por un doble orden de justicia: por elegir mal a su dependiente infiel y por ser el principal de ese dependiente. El segundo modo comisivo es aquél que, sin la complicidad de empleados del banco, terceros delincuentes (con la excusa, por ejemplo, de ir a buscar cambio en monedas) merodean la línea de cajas en procura de descubrir cual de los clientes está extrayendo una importante suma de dinero, para después robarlo. En este caso, la responsabilidad del banco es atribuíble por la omisión de la debida vigilancia para impedir que se puedan perpetrar estos merodeos dentro de su local. En este caso, el deber de seguridad incumplido por el banco es el fundamento de su deber de responder.
Llegados a este punto, la ley que entendemos de necesaria promulgación consta de un sólo artículo: “las entidades financieras serán responsables civilmente de todo hurto o robo cometido en perjuicio de clientes cuando de las ciurcunstancias de tiempo, modo y lugar pueda razonablemente inferirse que el episodio ocurrió, con motivo u ocasión de la extracción de valores del banco”.
Luego, se trata de aplicar al derecho bancario la profusa doctrina de los accidentes in itinere del derecho laboral. Por lo tanto, probada la extracción de valores y el acaecimiento del hurto o robo, será a cargo de la parte demandada acreditar eventualmente la concurrencia de circunstancias de exculpación relativas a la interrupción del nexo causal.
Frente a una ley como la que propugnamos, los bancos serán los mayores interesados en cuidar la seguridad de sus clientes, dentro y fuera de sus entidades. Porque, huelga decirlo, los consumidores bancarios tienen protección constitucional con basamento en el art. 42 de la carta magna.