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La regla de la exclusión probatoria fue desconocida recientemente por la Corte de EEUU (Arizona v. Johnson)

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Terry vs. Ohio (392 U.S. 1 1968), es un caso famoso de la United States Supreme Court, muy conocido por los penalistas argentinos gracias al aporte de Alejandro Carrió. Dicen por los pasillos de Tribunales que cuando uno pide una nulidad con fundamentos constitucionales dentro de un proceso penal, los jueces van directo al libro del nombrado. Si lo planteado está explicado en el libro de cabecera, hay altas chances de obtener una victoria. En el caso contrario, será desestimado porque los jueces no se animan a leer las sentencias foráneas sin traducción e interpretación mediante, lo cual habla de la vasta cultura de nuestra judicatura (?).

En Terry vs. Ohio se decidió que la prohibición constitucional de detenciones y requisas irrazonables no se ve afectada cuando un oficial de policía para a un sospechoso en la calle y lo requisa sin causa probable para arrestar, únicamente cuando el oficial de policía tenga una sospecha razonable -basada en constancias objetivas- que la persona detenida o requisada ha cometido, está cometiendo, o está a punto de cometer un crimen. También dijo el fallo que, para la propia protección de la integridad del personal policial, los oficiales pueden buscar en las ropas exteriores del detenido en procura de sacarle eventuales armas que pudieran eventualmente lastimar a los policías. Todo ello, siempre sobre la base de “hechos específicos que, evaluados todos juntos con inferencias racionales que partan de esas bases fácticas, razonablemente permitan la intrusión policial en los derechos del detenido” para permitir un post hoc judicial review de la actitud policial. En suma, Terry vs. Ohio permite la investigación de personas en la vía pública sin orden judicial en casos en que el status fáctico es menor como para que exista causa probable para detenerlas.

Si esos hechos específicos que, evaluados todos juntos con inferencias racionales que partan de esas bases fácticas no habilitaban la intrusión, toda la prueba de cargo obtenida es nula y no puede usarse contra el encausado. Por eso es muy importante para un estado constitucional tener policía educada e instruida correctamente.

La misma regla de Terry vs. Ohio se extendió a las detenciones vehiculares en el caso Berkemer vs. McCarty de 1984 . En Enero 26 de 2009 la United States Supreme Court decidió el caso Arizona v. Johnson que se inscribe dentro de la misma línea argumental.

La Corte dijo que en el contexto de una infracción de tránsito, un oficial de policía (de nombre María Trevizo en este caso) puede detener el vehículo de Johnson y que esa detención es razonable mientras dure la indagación por la violación de tránsito. En este caso, la policía, a partir de las preguntas de la infracción de tránsito llegó a la conclusión de que Johnson integraba una padilla y era probale que tuviera un arma de guerra encima por integrar esa pandilla (?). Johnson fue condenado por esa posesión de arma de fuego y la Corte de Arizona revocó la condena porque sostuvo que su requisa fue ilegal e inconstitucional. La United States Supreme Court revocó a su vez la sentencia de la Corte de Arizona. Para ello sostuvo que la oficial podía constitucionalmente requisar al conductor o acompañante, aún cuando la detención del vehículo haya empezado por otra cuestión menor, cuando tenga bases articulables para creer que las personas del interior del vehículo puedan estar armadas o se presuman peligrosas. La Corte resolvió que: (a) La primera condición para que se cumpla el standart con Terry vs. Ohio es la primera detención fuera legal y la entendió cumplida en el caso porque había una violación de las normas de tránsito; (b) La policía, para proceder mas allá de la cuestión de la infracción de tránsito –es decir, para requisar a conductor y ocupantes-, necesita creer que alguno de los ocupantes del vehículo ha cometido, esta cometiendo o va a cometer un crimen como en Terry vs. Ohio;
(c) La Corte Suprema dijo finalmente que la oficial Trevizo no estaba constitucionalmente obligada a dejarlo ir después de la infracción de tránsito sin averiguar si no estaba dejando detrás suyo una persona peligrosa.

Nos parece que los argumentos de la Corte Suprema no son consistentes. En el caso no existía una base concreta de hechos para justificar que Johnson estuviera cometiendo el delito de portación de armas duarante la detención por la infracción de tránsito y ni hechos reveladores que le permitieran a la oficial Trevizo inferir nada parecido. De allí que la detención haya sido ilegal y el secuestro del arma debiera haber sido excluido como prueba de cargo en el proceso contra Johnson.

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El deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal

Nos consultaban recientemente por las posibilidades de recusar a un fiscal dentro de un proceso penal.
Luego de un estudio de la cuestión, concluimos que debe afianzarse el cumplimiento de la objetividad en la función del Fiscal. Empero, aunque el fiscal sea objetivo, siempre será parte esencial dentro de los sujetos procesales. Y si es parte (palabra que viene del latín “pars, partis”), será por definición parcial porque siempre tendrá ese designio legal anticipado que a la sazón dará como resultado un recelo del imputado acerca de la eventual rectitud en el modo de proceder.
De allí que no se entiendan muchas de las recusaciones que transitan los expedientes –que no suelen tener suerte favorable- por la causal de falta de imparcialidad o de prejuzgamiento. El fiscal no tiene que ser imparcial porque es parte. Tiene que ser objetivo en la apreciación de las constancias de la causa para evaluar si ejerce o desiste de la acusación.
El fiscal tampoco puede prejuzgar porque, sencillamente, no tiene la función de juzgar. Insistimos, debe ser objetivo en la evaluación de los hechos y pruebas que dieron lugar a la causa. Mas no por eso debemos confundir ese deber de objetividad con el deber de imparcialidad de los jueces. Ello es de toda evidencia a poco que se repare en que son sujetos procesales diversos, con funciones diversas. Mas aún, representan a departamentos constitucionales independientes y desemejantes.
Por eso, debe destacarse que el Ministerio Público Fiscal reviste una importante función como guardián de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 1° y 25, inc. a, de la ley 24.946 –que rige la actuación del Ministerio Público– y art. 120 de la Constitución Nacional) representando y defendiendo el interés público en todas las causas y asuntos que se requiera (art. 25, inc. b de la ley 24.946).
A más de lo expuesto, la regla de objetividad para los funcionarios del Ministerio Público Fiscal se funda en el estricto apego y cumplimiento de la ley, pero esa objetividad –legalmente obligatoria– no debiera impedirle mantener una óptica persecutoria y coherente a lo largo de todo el proceso.
Ahora bien, sin perjuicio de algunos funcionarios idóneos del Ministerio Público Fiscal, bueno es señalar que lamentablemente esa objetividad requerida pocas veces –o muchas menos de las que correspondería- es llevada a la práctica en nuestros tribunales capitalinos. Porque sin los miramientos de la ley 24.946, muchos lúgubres acusadores públicos horrorosamente mueren con las botas puestas (?).