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La voracidad fiscal no puede modificar el Código Civil

En el país de la anomia generalizada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó un fallo excelente en materia de derecho tributario.

La sentencia recayó en los autos “Bora S.C.A c/ Provincia de Buenos Aires” y en lo que a este comentario interesa sostuvo que “las normas locales deben adecuarse a las leyes sustantivas dictadas por el Congreso nacional y no pueden derogarlas sin violentar las facultades exclusivas de la Nación” toda vez que las provincias deben sujetarse a las leyes nacionales en “los aspectos substanciales de las relaciones entre acreedores y deudores y, en especial, los diversos modos por los cuales, como en el caso de la prescripción liberatoria, se extinguen dichas relaciones creditorias”.

Para que se entienda, lo que dijo la Corte es que los fiscos provinciales no pueden modificar mediante leyes locales los períodos de prescripción impositiva, que según el Código Civil ocurren al quinquenio. vale decir, pasan cinco años desde que nació la obligación tributaria y los fiscos tienen la acción extinguida. Ese extremo, según la Corte, no puede ser alterado o salvado por normas de carácter provincial o local, porque la prescripción es un tema de derecho de fondo regulado por el Código Civil sancionado por el Congreso Nacional. Que es el único órgano que tiene competencia para modificar los plazos de prescripción.

Magnífica sentencia, a nuestro entender, porque pone freno a la avanzada de voracidad fiscal de las provincias, que con artilugios pretenden ampliar el plazo de cobro fiscal.

Compendiando, nos parece republicanamente adecuado que las provincias sólo puedan cobrar impuestos con cinco años de retroactividad, y nunca mas allá de ese quinquenio. Se trata, simplemente, de aplicar el plazo de prescripción que estableció Vélez Sarsfield hace mas de ciento cuarenta años. Código que debe ser respetado por los Gobiernos provinciales, sin que puedan aducir a su favor, la autonomía local en materia de prescripción.

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Fondo Federal Solidario pero inconstitucional (?)

cristinasasscfk

Había una vez una presidenta argentina que se jactaba de no haber firmado ni un solo decreto de necesidad y urgencia. Los socialdemócratas de turno (?), vivaban aquella jactancia, desde los diarios y blogs afines ideológicamente al gobierno. Ella, a su vez, pensaba que era una gran mujer de derecho por así obrar, pese a no haber pisado un tribunal judicial como abogada en toda su vida.

Con fecha Marzo 19 de 2009, la jactante de marras dictó el decreto de necesidad y urgencia número 206/2009 sobre creación de un fondo federal solidario (?). ¿Que regula el decreto? La distribución de los derechos de exportación cobrados a principalmente a la oleaginosa de moda en el mundo.

En los considerandos del decreto de necesidad y urgencia -tipo de decreto creado para permitir legislar en casos de apremio- se lee que esta disposición fue dictada en los términos del inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA, que regula los decretos de necesidad y urgencia, y dentro del marco regulatorio de la Ley Nº 26.122 que reglamenta la citada disposición constitucional.

Empero, lo que olvidó la otrora exitosa abogada es que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, prohibe dictar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en materia tributaria. Y resulta ser que los derechos de exportación son tributos. Otra vez en Argentina tenemos una democracia puramente nominal o desmedrada.

Por último, queremos leer con ansias a esos periodistas y blogs rastreros diciendo que las retenciones no son tributos, sino aranceles. Argumento por demás risible y de nula fuerza suasoria.